ONG tachan de «muy mala noticia» y «oportunidad perdida» el rechazo del Congreso a los decretos de vivienda
MADRID, 2 Oct. (Agencias) –
Oxfam Intermón, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) y Amnistía Internacional han lamentado el rechazo del Congreso de los Diputados a los decretos de vivienda, al considerar que se trata de «una oportunidad perdida», al tiempo que han instado a los grupos políticos a priorizar el derecho a la vivienda frente a la «confrontación».
En este sentido, el responsable de vivienda de Oxfam Intermón, Alejandro García-Gil, ha calificado de «muy mala noticia» el resultado negativo de la votación. «Hoy se ha perdido una oportunidad histórica para empezar a cambiar el rumbo de la política de vivienda en nuestro país. También para dar respuesta a una crisis que se ha convertido en una emergencia social y en uno de los principales motores de desigualdad en España», ha argumentado.
A su juicio, estas medidas «no resolvían por sí solas un problema estructural, pero suponían un primer paso para aliviar el sufrimiento de millones de personas y avanzar hacia un cambio de paradigma: anteponer el derecho a la vivienda frente a la especulación, proteger a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad y dar estabilidad a quienes viven de alquiler». «Todas estas medidas iban a proteger al inquilinato sin perjudicar a los pequeños caseros, para los cuales se habilitaba un fondo de compensación ante impagos, así como diferentes incentivos fiscales», ha detallado.
Como ha lamentado, esta decisión tendrá «un fuerte impacto en la vida de millones de personas» pues «cerca de cinco millones perderán la posibilidad de beneficiarse de la prórroga extraordinaria de sus contratos hasta 2028, una bocanada de oxígeno frente a un mercado cada vez más difícil de asumir.»
«Más de 120.000 personas en situación de vulnerabilidad seguirán expuestas al desahucio sin una alternativa habitacional. Además, se ha cerrado la puerta a dar mayor estabilidad a cerca de diez millones de personas inquilinas mediante la renovación automática de los contratos. No podemos normalizar que el final de un contrato signifique volver a preguntarse si podrás seguir viviendo en tu casa», ha añadido.
La ONG considera que la vivienda se ha convertido «en uno de los grandes motores de desigualdad de España» por lo que «lo ocurrido hoy deja una preocupante brecha entre la respuesta política y el clamor social que lleva años reclamando soluciones estructurales».
«Estos días la presión de la ciudadanía ha llenado calles y plazas y ha conseguido colocar la vivienda en el centro del debate público. El mensaje es claro: no puede seguir siendo un privilegio. Gracias a ello, se ha llegado hasta aquí. Lo ocurrido hoy supone un freno, pero no nos va a devolver al punto de partida», ha augurado su responsable de vivienda.
En este punto, ve «urgente tomar medidas que se traduzcan en protección real y mayor estabilidad para millones de hogares» y hace un llamamiento a los representantes políticos para que «sigan trabajando para aprobar las medidas de corto y medio plazo que son necesarias, muchas de ellas contenidas ya en los dos reales decretos que no han sido aprobados».
«Esa respuesta debe combinar medidas inmediatas con cambios de fondo», añade, al tiempo que defiende que «garantizar una vivienda digna, asequible y estable es urgente». «Tener un hogar es un derecho. Hacer las políticas necesarias para asegurarlo es una responsabilidad que nuestros representantes políticos no pueden seguir aplazando», asegura.
Por su parte, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha lamentado el resultado de la votación y también reclama a los representantes públicos responsabilidad política para avanzar en «respuestas eficaces» al defender que el derecho a la vivienda «no puede quedar bloqueado por la confrontación política».
Para EAPN España, el rechazo de ambos decretos supone que queden sin aplicación medidas dirigidas a reforzar la protección frente a los desahucios, mejorar las garantías de las personas inquilinas, regular determinadas modalidades de alquiler y avanzar en la estabilidad de los contratos.
La Red considera especialmente preocupante que, ante la crisis habitacional, no haya sido posible alcanzar los acuerdos necesarios para poner en marcha medidas de protección dirigidas a quienes afrontan mayores dificultades para acceder y permanecer en una vivienda.
Según el Avance de Resultados del XVI Informe ‘El Estado de la Pobreza’ de EAPN-ES, el 43,6% de las personas que viven de alquiler a precio de mercado se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Además, las personas en pobreza que viven de alquiler a precio de mercado destinan de media el 51,4% de sus ingresos a la vivienda.
Además, lamenta que el Congreso no haya respaldado las medidas dirigidas a mejorar la estabilidad temporal de los contratos de alquiler e indica que, en 2025, el 56% de las personas en pobreza que viven de alquiler a precio de mercado destina más del 40% de sus ingresos a la vivienda. A ello se suma una evolución de los precios muy superior a la de los ingresos: desde 2014, el precio medio del alquiler ha aumentado un 43,8%, mientras que las rentas reales por persona lo han hecho un 20,3%.
EAPN España considera que el rechazo de los dos decretos pone de manifiesto la necesidad de abordar la vivienda desde una estrategia estable y de largo plazo. Las medidas de emergencia son necesarias para responder a situaciones concretas, pero «deben formar parte de una política pública estructural capaz de prevenir la pérdida de vivienda y ampliar las alternativas habitaciones».
Por todo ello, la Red pide avanzar hacia una política de vivienda que combine las respuestas urgentes con una hoja de ruta de mayor alcance para recuperar la asequibilidad, ampliar el parque de vivienda social y protegida y garantizar una mayor estabilidad residencial.
Asimismo, demanda mecanismos que eviten la expulsión de la población con menos recursos de sus barrios y que las políticas de transformación y rehabilitación urbana no generen nuevos procesos de exclusión residencial.
«No hay retórica desde un enfoque de derechos humanos que justifique estar en contra de lo que se votaba hoy. Votar en contra significa votar en contra de la protección del derecho a la vivienda. Significa votar en contra de la aplicación del derecho internacional. Significa votar en contra de un mayor blindaje del derecho a la vivienda. En definitiva, lo que se constata una vez más es la distancia que existe entre los poderes públicos -ejecutivo, legislativo y judicial- y la protección efectiva del derecho a la vivienda. Y la distancia con la vida de las personas», lamentan por su parte desde Amnistía Internacional.
En cualquier caso, la ONG coincide con Oxfam con que «la movilización social ha conseguido situarse al frente en la urgencia de legislar en favor de los derechos». «Ha situado en la agenda política y mediática la centralidad de los derechos humanos, que siempre se han construido jurídicamente así. Y lo ha conseguido una vez más», puntualiza.
Por este motivo, insta a seguir trabajando «por seguir impulsando medidas concretas que protejan a las personas».» Que fortalezcan jurídicamente sus derechos. Y sigamos exigiéndolo en las puertas de todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial», asevera.
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