México debe proteger a las mujeres buscadoras de desaparecidos
GINEBRA – Las mujeres que buscan a personas desaparecidas siguen enfrentándose a una violencia mortal en México y a menudo son víctimas de desaparición forzada, advirtieron expertos de las Naciones Unidas este miércoles 30, por lo que exigieron que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones internacionales.
“Si bien los esfuerzos internacionales han logrado reconocer y honrar a las mujeres que buscan a personas desaparecidas, en México siguen enfrentándose a niveles alarmantes de violencia que, en algunos casos, provocan su propia desaparición o asesinato”, señalaron los expertos en derechos humanos.
La declaración de los especialistas, que laboran por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza, coincidió con un plantón de dos semanas de mujeres familiares de desaparecidos frente a Fiscalía en la capital mexicana, reclamando atención para sus casos.
Los expertos de la ONU señalaron que los recientes ataques en el occidental estado de Sinaloa ponen de manifiesto los graves riesgos que enfrentan las mujeres que buscan a personas desaparecidas.
En un lapso de 72 horas, el 29 de agosto de 2026, se reportó la desaparición de Elisa Altagracia Bonilla, defensora de los derechos humanos y activista por los desaparecidos.
Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue atacada ese mismo día junto con su hija y dos menores.
El 1 de septiembre, miembros del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa fueron atacados cuando un vehículo los atropelló durante una manifestación pacífica en la ciudad de Mazatlán.
El colectivo ha sido blanco de ataques en repetidas ocasiones: en 2026, su integrante Rubí Gómez-Tagle fue asesinada, mientras que María de los Ángeles Valenzuela desapareció en octubre de 2025.
“La labor de estas mujeres constituye una extensión fundamental de sus derechos: el derecho a la verdad, la justicia y la reparación”, asienta la declaración en Ginebra.
Recuerda que, aunque es muy importante garantizar su participación segura en la búsqueda de personas desaparecidas y en las investigaciones, desempeñan una tarea que recae principalmente en el Estado.
“El Estado debe asumir plenamente esta responsabilidad y no trasladar la carga a las familias. Atacarlas perpetúa el ciclo de dolor e impunidad”, afirmaron los expertos.
Afirmaron que la violencia “se produce en un contexto de impunidad casi total, lo que crea un entorno que envalentona a los perpetradores”.
De acuerdo con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), del pasado mayo, más de 128 000 personas han sido víctimas de desaparición en México en los últimos 20 años.
La Cidh advirtió “la impunidad en los casos de desaparición es apremiante, y se evidencia en la casi nula judicialización de casos y la baja emisión de sentencias”.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que los Estados tienen un deber reforzado de proteger a los defensores de derechos humanos.
Con referencia específica a México, la Corte señaló que las mujeres que luchan contra la impunidad constituyen uno de los grupos más vulnerables y que los actos de acoso y violencia de género contra ellas van en aumento.
Los expertos en Ginebra indicaron que “la violencia contra las defensoras de los derechos humanos suele tener características de género y busca castigarlas por desafiar los roles tradicionales y ocupar la esfera pública”.
“El Estado debe actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar esta violencia”, afirmaron.
Insistieron en que México debe reconocer públicamente la importancia del trabajo que realizan las defensoras de los derechos humanos que luchan contra las desapariciones, y garantizar el pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de protección de las personas defensoras.
Firmaron la declaración Andrea Bolaños Vargas, relatora sobre la situación de los defensores de derechos humanos, y Morris Tidball-Binz, relator sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
Asimismo, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones forzadas o involuntarias, que preside Grażyna Baranowska, y el que trata la Discriminación contra las mujeres y las niñas, que encabeza Claudia Flores.
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