El Consejo de Seguridad prorroga seis meses la misión contra las pandillas en Haití y reclama acelerar su despliegue
Haití reclama más recursos para que la Fuerza pueda alcanzar sus capacidad plena
China, Rusia y Pakistán se abstienen cuestionando una respuesta centrada apenas en la seguridad
MADRID, 30 Sep. Agencias –
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado este martes la renovación por seis meses del mandato de a Fuerza de Represión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) en Haití, que permanecerá vigente hasta el 31 de marzo de 2027, en un momento marcado por la expansión de los grupos criminales armados y la necesidad de recuperar el control estatal sobre amplias zonas del país.
La resolución 2829 (2026) ha salido adelante con doce votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones, correspondientes a China, Pakistán y Rusia. El texto reclama además al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que mantenga el apoyo logístico y operativo a la misión a través de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (OAPNU), en aplicación de lo establecido en la resolución 2793 (2025).
El Consejo ha solicitado asimismo informes semestrales sobre los avance en los objetivos fijados en la resolución anteriores y ha tomado nota del acuerdo alcanzado el pasado mes de julio entre Haití y la GSF, por el que se reconoce la personalidad jurídica de la misión.
En este sentido, ha pedido también a los Estados miembros que reconozcan su estatus y garanticen a la fuerza y a sus efectivos los privilegios e inmunidades correspondientes.
La actual resolución recalca además que todas las operaciones deberán desarrollarse conforme al Derecho Internacional, incluido el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y reclama especial atención para los menores que hayan tenido vínculos con pandillas, mediante programas de reintegración, asistencia psicosocial y educación.
La representación haitiana ha recibido favorablemente la renovación, aunque ha reclamado que la decisión vaya acompañada de los recursos humanos, materiales y operativos necesarios para que la Fuerza pueda alcanzar sus capacidad plena, al tiempo que ha pedido acelerar los procedimientos legales, administrativos y operativos pendientes.
El propósito, han explicado, es que las autoridades recuperen las zonas controladas por organizaciones criminales, protejan las infraestructuras esenciales y reconstruyan la presencia del Estado, generando además las condiciones de seguridad necesarias para recuperar el orden constitucional y celebrar elecciones.
«No basta con arrebatar territorio a las bandas», han advertido, insistiendo en que las zonas recuperadas deben mantenerse bajo control estatal, los servicios públicos han de restablecerse y los grupos criminales no deben poder regresar.
La delegación haitiana ha defendido además que la GSF debe apoyar a las instituciones nacionales y no sustituirlas. Para ello, ha reclamado una coordinación estrecha con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas haitianas, incluyendo centros de operaciones conjuntos y sistemas seguros de intercambio de información. La asistencia exterior, ha señalado, debe servir para reforzar las capacidades nacionales y no para asumir competencias propias del Estado.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha acogido favorablemente la aprobación de la resolución 2829, que extiende tanto el mandato de la Fuerza como el de la Oficina de Apoyo de Naciones Unidas en Haití.
A través de su portavoz, Stéphane Dujarric, Guterres ha instado a los Estados miembros a aprovechar el nuevo marco para acelerar el despliegue del personal que todavía falta, con el objetivo de que la misión pueda ejercer plenamente sus funciones.
El secretario general ha recordado que la seguridad resulta necesaria para generar el espacio que permita avanzar en la recuperación de las instituciones democráticas del país mediante elecciones pacíficas e inclusivas.
No obstante, ha advertido de que las medidas de seguridad «deben ir acompañadas de esfuerzos sostenidos para abordar los desafíos más amplios que enfrenta Haití, incluidas las dimensiones políticas, institucionales, de derechos humanos, humanitarias y de desarrollo de la crisis».
En el marco de la aprobación de la prórroga de la GSF, Estados Unidos ha defendido los resultados iniciales de la misión y ha recordado que Haití lleva décadas atravesando sucesivas crisis y operaciones internacionales.
«Tenemos que preguntarnos: ‘¿Para qué?'», ha planteado la representación estadounidense ante el Consejo de Seguridad, al considerar que anteriores intervenciones no han impedido el fortalecimiento de las pandillas ni el debilitamiento de las instituciones haitianas. Frente a ello, ha asegurado que la actual Fuerza «existe y, mejor aún, está empezando a funcionar».
Según ha explicado, sus efectivos están combatiendo a las organizaciones criminales, abriendo carreteras y barrios, recuperando espacios a los que la Policía Nacional no podía acceder y cerrando puntos de cobro ilegal. A su juicio, la población haitiana puede recuperar «sus calles, sus vidas y su futuro para sus familias».
China ha respaldado la necesidad de ayudar a Haití, pero ha expresado reservas sobre la utilización de una fuerza externa como principal instrumento para afrontar la crisis. Su representante ha recalcado que «lo que el Consejo de Seguridad debe debatir nunca ha sido si apoyar a Haití, sino cómo apoyarlo».
Pekín ha subrayado que los problemas del país no pueden reducirse a una cuestión de seguridad y apunta a factores relacionados con la gobernanza, las dificultades económicas y la interacción entre determinados sectores policiales y las pandillas. Según su delegado, la precariedad lleva incluso a menores y a otros ciudadanos a incorporarse a grupos criminales.
Por su parte, Rusia –que también se ha abstenido– ha recordado que no se opuso inicialmente a la creación de la Fuerza, aunque manifestó dudas sobre su estructura y financiación. Moscú ha apuntado que las dificultades experimentadas desde entonces y el retraso en el despliegue han afectado también a los preparativos de las elecciones generales.
«Está en manos de la comunidad internacional detener el suministro externo de armas y dinero a los criminales haitianos», ha afirmado el representante ruso.
Pakistán, por su parte, ha defendido una respuesta de carácter integral y dirigida por las propias autoridades haitianas. Su delegado ha expresado su confianza en que el mecanismo llegue a desplegarse completamente y disponga de una financiación estable.
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