El Gobierno puntualiza que el expediente de infracción de UE a España por el informe del lobo está en fase «preliminar»
MADRID 22 Sep. Diario Dia –
El Gobierno ha puntualizado que el expediente de infracción que la Comisión Europea abrió contra España el pasado 30 de enero por no haber remitido, entre otros, el informe sexenal del lobo, se encuentra en un punto «todavía preliminar».
Así se ha expresado en una respuesta parlamentaria a una pregunta registrada en el Congreso de los Diputados por los diputados de Vox José María Figaredo, Ricardo Chamorro y Patricia Rueda. En ella, los de Santiago Abascal han inquirido sobre qué coste tendrá para las arcas públicas el procedimiento sancionador que la Unión Europea (UE) por no remitir a tiempo el informe sobre el estado de conservación de especies protegidas, entre ellas el lobo.
En concreto, el Ejecutivo ha señalado que Bruselas le ofreció, de conformidad con el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la posibilidad de presentar sus observaciones en un plazo de dos meses al expediente de infracción. El pasado 16 de marzo, España presentó observaciones y explicaciones.
«Por tanto, se trata de en un punto todavía preliminar en la tramitación de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea que, de acuerdo con el artículo 258 del TFUE requeriría, en su caso, de la remisión de un Dictamen Motivado», ha indicado.
Además, ha especificado que la Comisión Sectorial de Medio Ambiente por la que pregunta Vox ya tuvo lugar el pasado 22 de junio. De acuerdo con la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, el informe sexenal que hay que enviar a la UE debe ser aprobado antes por esta Comisión. La disposición que así lo indica, al igual que aquellas que rebajan la protección del lobo, están siendo estudiadas por el Tribunal Constitucional tras un recurso presentado por el Defensor del Pueblo.
La Comisión Sectorial de Medio Ambiente lleva siendo escenario de varios choques entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas (CCAA) desde el verano pasado, momento en el que el Ejecutivo debería haber remitido los informes sexenales solicitados por Bruselas, entre ellos el del lobo. Estos estudios, de obligada presentación, buscan mostrar cómo cada Estado miembro está aplicando y cumpliendo con las normativas europeas de conservación y biodiversidad.
Además, en el caso de los de la Directiva Hábitats (por ejemplo, el del lobo), exigen evaluar el estado de conservación de los tipos de hábitats y especies de interés comunitario en cada región biogeográfica. Las desavenencias entre el Gobierno y las CCAA giran en torno a esto.
Por un lado, el Ejecutivo se apoya en sentencias pasadas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) y «en la ciencia» para defender que la especie no ha alcanzado el número mínimo en toda España ni tiene la diversidad necesaria para tener un estado de conservación variable y que por lo tanto, «no puede haber controles letales».
Por otro, las autonomías, en especial las ‘loberas’ (Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria), reclaman poner en marcha ‘controles letales’ de la especie en sus respectivos territorios ante el «aumento» de los ataques que dicen que se ha registrado.
Tras varias Comisiones Sectoriales de Medio Ambiente canceladas o pospuestas e intercambio de cartas entre las CCAA y Transición Ecológica, el pasado 22 de junio debatieron las autonomías y el Ministerio sobre el informe sexenal elaborado por el Ministerio a partir de datos de las CCAA –que dice que el lobo no está en estado de conservación favorable en España y que, por tanto, no se puede cazar– y también el promovido por Galicia, que dice lo contrario.
El que avala su caza obtuvo el respaldo de todas las comunidades autónomas, con excepción de Cataluña, Castilla La Mancha y País Vasco. También votó en contra Transición Ecológica.
A finales de agosto, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, advirtió que el Ejecutivo no va a enviar a la Comisión Europea un informe sobre el lobo con datos remitidos por las comunidades autónomas que «no se acomodan a la realidad» sino que la «falsean» y se basan en criterios «políticos» y no «científicos».
Por otro lado, el Gobierno ha señalado que ya se modificó el régimen legal del lobo al excluir la especie del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) cuando se aprobó la Ley de Desperdicio Alimentario. Así lo ha indicado en respuesta a Vox, que ha inquirido sobre si el Ejecutivo modificar la legislación actual sobre el lobo ibérico para dar respuesta a la problemática que denuncia el sector primario español.
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