Asesinato de defensores ambientales refleja la lucha de poder por recursos mundiales
LONDRES / SRINAGAR, India – Al menos 124 defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados en todo el mundo en 2025 mientras protegían bosques, ríos, tierras agrícolas y territorios indígenas, según un nuevo informe de que advierte que la violencia contra los activistas sigue estando muy extendida, aun cuando el número de asesinatos registrados ha disminuido con respecto a años anteriores.
El informe de Global Witness, titulado “Poder Colectivo”, documenta las muertes de personas que se opusieron a la destrucción ambiental, el acaparamiento de tierras, la tala ilegal, los proyectos mineros y otras amenazas para sus comunidades.
Señala que los 124 asesinatos registrados en 2025 elevan a 2375 la cifra total de defensores de la tierra y el medioambiente asesinados o desaparecidos desde que la organización comenzó a documentar estos casos en 2012.
Si bien la cifra de asesinatos disminuyó con respecto a las 142 muertes y cuatro desapariciones documentadas en 2024, Global Witness advirtió que este descenso no debe interpretarse como una señal de que los defensores están más seguros; además, resulta alarmante que los asesinatos y la intimidación tengan graves consecuencias para el medio ambiente.
“Los defensores son los ojos y oídos del mundo sobre el terreno. Gracias a ellos sabemos cuándo se destruyen ecosistemas, dónde se talan bosques o se contaminan ríos”, afirmó Toby Hill, investigador sobre defensores de la tierra y el medio ambiente y autor principal del informe.
Añadió que «la violencia a la que se enfrentan los defensores -incluidos los asesinatos en los casos más extremos- refleja una lucha mucho más amplia por la tierra y los recursos del planeta».
Pero, más allá de estas historias trágicas, adujo, «no podemos olvidar a los miles de defensores de todo el mundo que trabajan a diario para proteger sus territorios y culturas bajo una presión creciente”.
El informe señala: “Cada una de estas muertes representa un intento, de la manera más brutal, de generar un efecto disuasorio en los movimientos que resisten ante los abusos contra el medio ambiente y los derechos humanos. Recordamos a las familias, amigos y comunidades que han quedado devastados tras cada ataque”.
Los investigadores sostienen que la cifra real de asesinatos es probablemente mucho mayor, ya que muchos ataques se producen en zonas remotas, áreas de conflicto y países donde los grupos de la sociedad civil sufren intimidación por denunciar abusos.
Según el informe, las dificultades para documentar los casos son especialmente graves en partes de África y Asia, así como, cada vez más, en América Latina.
Los hallazgos revelan una lucha mundial por la tierra, los recursos naturales y la protección del medio ambiente, en la que los pueblos indígenas y los pequeños agricultores soportan la mayor carga.
Casi tres cuartas partes de las personas asesinadas en 2025 eran indígenas o pequeños agricultores que defendían sus derechos territoriales y sus medios de subsistencia. El informe reveló que 47 de las víctimas eran pequeños agricultores y 44 eran indígenas. Tres de las víctimas eran defensores afrodescendientes.
Entre los fallecidos había siete miembros de sistemas de guardia indígena, grupos comunitarios que patrullan y protegen los territorios ancestrales frente a actividades ilegales e incursiones externas. En cinco de esos casos, los investigadores identificaron vínculos con el crimen organizado, lo que pone de relieve lo que el informe describe como una creciente convergencia entre los conflictos ambientales y las redes criminales.
A pesar de ello, los pueblos indígenas siguen defendiendo su entorno.
“Defender nuestro territorio es importante para nosotros como comunidad y como pueblo, y nos enorgullece proteger el clima del que todos dependemos. En nuestra cultura, la labor de defender nuestros recursos y nuestro territorio se enseña desde una edad temprana. Pero para la próxima generación, esta tarea es más peligrosa que nunca», afirmó Segundo Ispón, comandante de la Guardia Indígena Kakataibo de Perú.
Global Witness señaló que los asesinatos representan solo la forma más visible de represión. Subyacente a ellos existe lo que los grupos de derechos humanos denominan un “iceberg oculto” de amenazas, que incluye cargos penales, vigilancia, hostigamiento, campañas de desprestigio y abusos en línea.
“Cada vez más, las redes sociales se utilizan como arma para desacreditar y acosar a los defensores, erosionando la confianza pública y aislándolos de sus comunidades”, apuntó el informe.
La organización sugirió que algunos gobiernos y grupos de poder podrían estar recurriendo en mayor medida a formas de represión no letales, capaces de silenciar a la oposición sin atraer la atención internacional que suele suscitar un asesinato.
El informe también destaca un deterioro generalizado de las libertades cívicas. De los 15 países donde se documentaron asesinatos, 10 fueron clasificados como “reprimidos” por el Civicus Monitor, una herramienta global de seguimiento de las libertades cívicas.
Nicaragua figuró en la categoría más restrictiva, calificada como “cerrada”.
Asia ha surgido como una de las regiones donde los defensores del medio ambiente enfrentan una presión creciente mediante vías legales y políticas.
Una parte importante del informe se centra en Indonesia, donde las comunidades indígenas dayak de Kalimantan Occidental han resistido la expansión industrial, el acaparamiento de tierras y la deforestación.
Según Global Witness, los líderes comunitarios y los defensores indígenas han sido objeto de criminalización al intentar proteger los bosques y las tierras consuetudinarias.
El informe sostiene que estos casos reflejan una tendencia regional más amplia en la que los defensores son blanco de ataques a través de los tribunales, investigaciones policiales y medidas administrativas, y no solo mediante violencia directa.
Asimismo, recoge la preocupación expresada por organizaciones de derechos humanos ante la criminalización del activismo ambiental en diversas partes de Asia.
En Filipinas, los defensores del medioambiente Jhed Tamano y Jonila Castro destacan como ejemplos de activistas que mantuvieron su labor de defensa a pesar de las presiones legales y políticas.
Sus experiencias se presentan como parte de un patrón más amplio en el que los defensores se enfrentan a ataques contra su reputación y a acusaciones penales vinculadas a su activismo.
El informe también analiza el caso de Perú, donde miembros del pueblo indígena kakataibo han creado sistemas de guardia indígena para proteger su territorio frente a las crecientes amenazas asociadas al crimen organizado y a la explotación ambiental.
Este movimiento se presenta como un ejemplo de protección colectiva desarrollada por comunidades que se sienten abandonadas por las instituciones estatales.
En toda América Latina -la región que históricamente ha registrado algunas de las cifras más elevadas de asesinatos de defensores del medioambiente-, el documento refleja la persistencia de la violencia, las desapariciones y la intimidación.
El informe vuelve a abordar la desaparición de los defensores mexicanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, cuyo caso se ha convertido en un símbolo de los peligros que enfrentan quienes desafían a poderosos intereses económicos. Tres años después de su desaparición, expertos de las Naciones Unidas seguían reclamando verdad y justicia.
El documento también destaca la desaparición sin resolver de la defensora indígena chilena Julia Chuñil. Según Global Witness, su familia y sus representantes legales han sufrido una presión creciente mientras continúan buscando respuestas.
“A pesar de esta presión, la familia de Julia sigue luchando por la verdad y la justicia”, señala el informe. “Continúan buscando a su madre, organizando protestas, emprendiendo acciones legales y logrando que el caso reciba atención internacional”, agrega.
En Nigeria, los defensores que protegen el bosque de Ekuri, en el estado de Cross River, siguieron sufriendo intimidaciones, arrestos y detenciones tras alzar la voz contra la tala ilegal.
El informe indica que líderes comunitarios fueron objeto de represalias a raíz de denuncias vinculadas a intereses madereros, aunque posteriormente fueron liberados gracias a la intervención de organizaciones ecologistas y abogados.
“Las detenciones se percibieron ampliamente como un intento de silenciar los esfuerzos por defender los bosques tropicales y los derechos forestales de las comunidades”, señala el documento.
La dimensión de género del activismo ambiental también ocupa un lugar destacado en las conclusiones. De los 124 defensores cuyas muertes se verificaron en 2025, 109 eran hombres, 14 mujeres y una persona fue identificada como no binaria.
No obstante, los investigadores subrayaron que las mujeres defensoras a menudo sufren formas de violencia distintas, menos visibles, pero igualmente perjudiciales.
El informe cita datos de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos que revelan más de 30 000 agresiones no letales contra mujeres defensoras en México y Centroamérica entre 2012 y 2023. Entre estas se incluyen el acoso, las amenazas, la vigilancia, el maltrato psicológico y las campañas de desprestigio.
El informe también expresa preocupación por la caída sin precedentes de la ayuda exterior observada en 2025 -impulsada por recortes presupuestarios de los gobiernos de Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido y otros donantes tradicionales-, la cual afecta a miles de organizaciones de derechos humanos y reduce drásticamente el apoyo global a las comunidades que actúan en lo profundo de las selvas tropicales y otros ecosistemas aislados.
“Las consecuencias de estos recortes presupuestarios no son abstractas. En Colombia, los proyectos dedicados a promover y proteger los derechos humanos y a apoyar a los defensores se han visto afectados por la repentina disminución de la ayuda exterior, especialmente la proveniente de Estados Unidos», afirmó Juliana Vélez Echeverri, activista sénior de Global Witness.
Agregó que «cuando la ayuda exterior se retira, los pueblos indígenas y los pequeños agricultores pueden quedar con menos recursos y menos apoyo mientras defienden los bosques, ríos y otros ecosistemas que sustentan a sus comunidades y contribuyen a mantener la estabilidad del clima mundial”.
Global Witness afirma que la solución requiere más que investigaciones sobre asesinatos individuales.
La organización aboga por mayores protecciones legales para los pueblos indígenas, el reconocimiento de los derechos territoriales, la rendición de cuentas de empresas y redes criminales, y un mayor apoyo a los sistemas de protección liderados por las propias comunidades.
El informe sostiene que los defensores del medio ambiente no solo protegen a las comunidades locales, sino que también salvaguardan bosques, biodiversidad y ecosistemas fundamentales en la lucha contra el cambio climático. Según los investigadores, su labor suele beneficiar a la sociedad mucho más allá de sus lugares de residencia.
La publicación comienza con una dedicatoria a quienes continúan esa labor a pesar de los riesgos.
“Este informe está dedicado a todas aquellas personas, comunidades y organizaciones que alzan la voz o actúan con valentía para defender sus derechos a la tierra y a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible”, señala. “El año pasado, 124 personas fueron asesinadas por realizar esta labor”, concluye.
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