El Consejo de Transparencia aprueba su anteproyecto presupuestario, pendiente aún del capítulo de personal
OVIEDO, 18 Sep. (Agencias) –
El pleno del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado este viernes por unanimidad su anteproyecto de presupuestos para el ejercicio 2027, por un importe total de 450.000 euros.
No obstante, el anteproyecto aprobado no incorpora aún el capítulo correspondiente a los gastos de personal, cuya elaboración y cuantificación corresponde a la Dirección General competente en materia de función pública.
Esta dotación, según han explicado desde el Consejo, deberá comprender las retribuciones de la Presidencia y de los puestos previstos en la relación de puestos de trabajo, los costes derivados de antigüedad y carrera profesional, los restantes conceptos retributivos que resulten aplicables y las correspondientes cuotas de Seguridad Social.
El documento tiene como finalidad asegurar el funcionamiento efectivo del organismo durante su primera anualidad completa. De ese importe, 180.000 euros -el 40 %- se destinan a gastos corrientes de funcionamiento y 245.000 euros -el 54,4 %- a inversiones vinculadas a la puesta en marcha del Consejo; los 25.000 euros restantes corresponden a operaciones financieras.
El Pleno ha facultado, asimismo, a la Presidencia para negociar con la Consejería competente en materia de Hacienda los ajustes técnicos y económicos que resulten necesarios durante la tramitación presupuestaria, de los que deberá dar cuenta al Pleno en su próxima sesión.
En la sesión del pleno han participado los miembros designados por el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, la Junta General del Principado de Asturias, la Federación Asturiana de Concejos, la Universidad de Oviedo y la Sindicatura de Cuentas.
ha informado favorablemente, por unanimidad, la propuesta de modificación parcial de la Ley 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés del Principado de Asturias, y ha acordado su traslado a los grupos parlamentarios de la Junta General del Principado de Asturias.
La iniciativa no plantea una revisión general de la legislación vigente, sino una modificación limitada a aquellos aspectos que requieren una actualización normativa para completar el marco institucional y funcional del Consejo.
Entre sus principales objetivos figuran la ordenación del sistema externo de información y la protección de las personas informantes, la atribución al Consejo de las funciones de autoridad autonómica independiente en esta materia y una nueva distribución de funciones entre sus órganos: la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción instruye las actuaciones y los procedimientos sancionadores, y la Presidencia adopta las decisiones con efectos frente a terceros, incluida la resolución de dichos procedimientos.
La propuesta consolida, además, la posición institucional del Consejo. Sustituye su actual adscripción a la Consejería competente en materia de transparencia por una relación institucional que se articulará a través de la Consejería que determine la estructura del Gobierno, sin que ello suponga subordinación jerárquica, tutela ni control de oportunidad. El Consejo no queda sujeto a instrucciones de ninguna autoridad, órgano o entidad pública o privada.
La propuesta completa, asimismo, la regulación del Estatuto del Consejo, de su estructura administrativa y de los medios personales y materiales necesarios para su funcionamiento, e incorpora las previsiones precisas para la puesta en marcha transitoria del canal externo de información.
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