Euskadi reclama al Gobierno medidas para hacer frente al déficit de precipitación en el sector agrario y ganadero
BILBAO, 16 Sep. (Agencias) –
Euskadi, Navarra, Cantabria, Galicia y Asturias han acordado una posición común ante la falta de precipitaciones registrada en 2026 y su impacto sobre el sector agrario y ganadero, que han trasladado esta tarde a la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural que se ha celebrado en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Madrid.
Las cinco comunidades autónomas consideran que el déficit de lluvia, unido a las altas temperaturas, ha provocado una reducción severa de la producción de pastos y forrajes, especialmente relevante en unos territorios donde buena parte de la actividad ganadera se basa en modelos extensivos y forrajeros.
Según ha informado el Gobierno Vasco, la menor disponibilidad de alimento obliga a las explotaciones a incrementar las compras de forraje y alimentación animal, con el consiguiente sobrecoste para su actividad.
Por ello, las cinco Comunidades Autónomas plantean ocho medidas dirigidas tanto a aliviar el impacto económico de la campaña actual como a mejorar la capacidad de adaptación del sector ante futuros episodios climáticos.
«El sector no puede asumir por sí solo el sobrecoste generado por una situación excepcional que afecta directamente a su rentabilidad. La situación de este año nos obliga a dar una respuesta a corto plazo, pero también nos demuestra que debemos adaptar nuestros instrumentos a una realidad climática y territorial que está cambiando», ha señalado la consejera Amaia Barredo.
Según ha subrayado, «el objetivo es proteger la rentabilidad y la continuidad de las explotaciones y reforzar su capacidad para afrontar futuros episodios de variabilidad climática».
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha comprometido a estudiar y analizar las propuestas realizadas por las cinco Comunidades Autónomas, entre ellas Euskadi, comprometiéndose a dar una respuesta rápida a las de corto plazo, y a valorar la incorporación de las medidas estructurales más a largo plazo dentro de un tiempo razonable.
En primer lugar, las comunidades solicitan al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que habilite ayudas económicas extraordinarias, con prioridad para compensar el sobrecoste de la alimentación animal, ante el deterioro de la rentabilidad de las explotaciones de vacuno de leche y carne, ovino, caprino y equino.
Como segunda medida, se plantea crear un fondo de carácter solidario para responder a episodios climáticos graves, persistentes o extraordinarios, con medidas de activación previamente consensuadas entre las administraciones. La propuesta se sitúa en línea con la petición formulada por el propio Ministerio en mayo, en el marco de las negociaciones de la nueva PAC.
Las cinco comunidades reclaman, como tercera línea, mantener la bonificación del gasóleo agrícola mientras persista la tensión derivada del conflicto en el estrecho de Ormuz y realizar un seguimiento de la evolución del precio de los fertilizantes, cuya combinación con el déficit forrajero incrementa la presión sobre las explotaciones.
La cuarta propuesta solicita al Ministerio de Agricultura que traslade al Ministerio de Hacienda la petición de reducir el IVA del 10% al 4% para la carne y el pescado, como medida de estímulo de la demanda. La propuesta plantea que se centre especialmente en productos locales y de calidad diferenciada, como IGP, DOP, ecológico, raza autóctona y otras marcas de calidad.
Como quinta idea las comunidades consideran necesario revisar la zonificación climática vigente, definida en 2015, para incorporar indicadores que reflejen mejor la variabilidad interanual y los déficits estacionales que están experimentando la Cornisa Cantábrica y Navarra.
Esta revisión resulta además relevante para el acceso a determinadas líneas de financiación de infraestructuras.
En sexto lugar, se propone contrastar el NDVI utilizado para evaluar el pasto atlántico con datos reales de producción de las explotaciones, y estudiar índices complementarios más sensibles al contenido de agua de este tipo de pasto. La petición se trasladará a la Comisión de Coordinación con las Comunidades Autónomas sobre Seguros Agrarios.
En séptimo lugar, las comunidades solicitan al Estado instrumentos específicos para mejorar las infraestructuras de abastecimiento de agua de las explotaciones en diseminado, mediante actuaciones como captaciones, almacenamiento, abrevaderos y conducciones. Durante 2026, el descenso de manantiales y captaciones ha obligado a recurrir al abastecimiento mediante camiones cisterna en explotaciones y núcleos de estos territorios.
Como última propuesta, se reclama que el diseño de las ayudas tenga en cuenta el minifundismo, la dispersión de las explotaciones y la existencia de numerosas parcelas de pequeña superficie que caracteriza al norte. Esta estructura incrementa los costes de producción, dificulta determinadas inversiones y genera también problemas para acreditar el uso de parcelas en la Solicitud Única de la PAC.
Las cuatro primeras medidas están planteadas para actuar sobre la campaña en curso, mientras que las cuatro últimas requieren revisión normativa y trabajo técnico entre las distintas administraciones. Las comunidades solicitan que estas medidas estructurales se incorporen como un ámbito específico de trabajo, con un calendario diferenciado, en los órganos de colaboración interinstitucional competentes.
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