PP recurre el archivo «prematuro» del caso Irurak y exige reabrirlo por las «graves irregularidades urbanísticas»

BILBAO, 10 Sep. Agencias –

El PP de Getxo ha presentado un recurso de reforma y apelación contra el auto de sobreseimiento libre y archivo del denominado ‘caso Irurak’ por considerar que el archivo es «prematuro e injustificado» y ha exigido su reapertura por las «graves irregularidades urbanísticas». Además, ha apuntado que «determinados concejales» conocían desde 2023 que el edificio iba a ser derribado y apunta que, según los indicios, la demolición «habría sido premeditada».

El recurso se ha presentado días después de que el juez del caso del Palacete de Getxo (Irurak Bat), en custodia municipal, que fue derruido en agosto de 2024 para construir pisos de lujo, acordara el sobreseimiento libre y archivo del procedimiento, en el que había diez personas investigadas, entre ellos tres exconcejales del PNV, al no apreciar delito urbanístico ni de prevaricación.

El portavoz del PP en el municipio vizcaíno y abogado de la acusación particular, que ha registrado el recurso este jueves en el juzgado, ha asegurado que el archivo «impide esclarecer completamente uno de los episodios urbanísticos más controvertidos de las últimas décadas en el municipio».

Por ello, en su recurso, sostiene que el sobreseimiento «supone un cierre en falso de la investigación» y pide «que se practiquen las diligencias que todavía están pendientes antes de adoptar cualquier decisión definitiva».

En declaraciones a los medios informativos, Andrade ha afirmado que Getxo «no puede permitir que se archive una causa con indicios tan graves sin haber investigado hasta el final».

Además, ha denunciado que el Juzgado ha acordado el archivo «sin haber practicado actuaciones que el propio órgano judicial había considerado pertinentes, útiles y necesarias». Entre ellas, ha dicho, destacan la apertura y análisis de los dispositivos electrónicos, la declaración del perito judicial, la toma de declaración a los investigados y la incorporación del expediente relacionado con La Aldea.

Para el representante popular, prescindir de esas diligencias «deja la instrucción incompleta y dificulta conocer qué ocurrió realmente en torno al derribo del palacete Irurak Bat». «El problema es que se pretende cerrar la causa sin haber investigado elementos fundamentales que pueden ser determinantes para conocer la verdad. No estamos hablando de cuestiones menores, sino de diligencias que el propio Juzgado había considerado necesarias», ha insistido el concejal.

Eduardo Andrade ha afirmado que Getxo «merece transparencia y merece saber qué ocurrió, quién tomó las decisiones y si hubo responsabilidades detrás del derribo de Irurak Bat».

Según recoge el recurso, el auto de archivo «no habría valorado adecuadamente distintos informes oficiales incorporados a la causa», como los del Gobierno Vasco, del Colegio de Arquitectos, del perito judicial y de la arquitecta municipal, que «coinciden en señalar que Irurak Bat era un bien sometido a protección básica y que su derribo total no podía realizarse sin una previa descatalogación». A ello se suma, según el portavoz del PP, el atestado de la Ertzaintza «que también confirma la protección del inmueble».

El texto de los populares considera también relevantes «los indicios sobre una posible coordinación para acelerar la tramitación de la licencia y evitar controles», así como las supuestas filtraciones «que se utilizaron como justificación y el ahorro de alrededor de 730.000 euros que habría obtenido la constructora como consecuencia del derribo».

El recurso destaca además que el Ministerio Fiscal sí aprecia indicios de delito y ha solicitado que la investigación continúe. En palabras de Eduardo Andrade, el auto «se aparta del criterio del Ministerio Fiscal sin ofrecer una explicación suficiente».

«Cuando existen informes oficiales, diligencias pendientes y una Fiscalía que aprecia indicios de delito, lo razonable es investigar hasta el final, no cerrar el procedimiento antes de tiempo», ha dicho.

Por ello, ha asegurado que los populares no pueden aceptar «que la falta de investigación termine beneficiando precisamente a quienes tienen que ser investigados». El PP cuestiona también «el uso» de la sentencia del caso La Aldea como argumento para justificar el archivo de Irurak Bat.

Según recuerda, ambos procedimientos se iniciaron en momentos diferentes «y están sometidos a circunstancias y marcos normativos distintos».

En concreto, apunta, el procedimiento de La Aldea comenzó en noviembre de 2021, mientras que la nueva regulación que endureció la protección de los edificios de custodia municipal entró en vigor en abril de 2022, «por lo que, dicha regulación no resulta aplicable a La Aldea pero sí al Palacete Irurak Bat».

El recurso destaca que aquella sentencia se refería al silencio administrativo positivo y no a la protección patrimonial del inmueble. «Intentar utilizar La Aldea como una coartada para cerrar Irurak Bat no resulta admisible. Son casos diferentes, con hechos diferentes y con una normativa diferente. Una sentencia no puede utilizarse como escudo para evitar investigar lo sucedido en otro expediente», ha advertido el protavoz del PP de Getxo.

Por otra parte, el recurso recuerda que, durante la instrucción, han aparecido «diversos elementos» que, a su juicio, «justifican la necesidad de continuar investigando».

«Entre ellos, que una concejala y su pareja fueran socios fundadores de la cooperativa promotora, la extraordinaria rapidez con la que se tramitó la licencia (en apenas cuatro meses frente a una media de dos años), el apartamiento de funcionarios durante el procedimiento y el inicio de las obras sin acta de replanteo, sin proyecto aprobado y sin la correspondiente autorización», detalla.

Según los populares, a todo ello, se suma que «determinados concejales conocían desde 2023 que el edificio iba a ser derribado» y que, según los indicios recogidos durante la investigación, «el derribo no habría respondido a una situación de urgencia, sino que habría sido premeditado».

«Lo que estamos poniendo encima de la mesa no son rumores ni especulaciones. Son hechos que aparecen en la propia instrucción y que apuntan a posibles irregularidades graves. Precisamente por eso creemos que no se puede bajar la persiana de este caso sin haber aclarado todas las circunstancias», ha manifestado Andrade.

Por todo ello, ha exigido que se reabra la instrucción, se practiquen todas las diligencias que permanecen pendientes y se tome declaración al perito judicial. Asimismo, solicita que el asunto pueda ser sometido a una vista oral ante la Audiencia Provincial «para que sean los tribunales quienes determinen, con todos los elementos sobre la mesa, si existen responsabilidades».

«Getxo no puede tolerar que un caso con indicios tan graves se archive sin haber llegado hasta el fondo. La ciudadanía tiene derecho a saber quién permitió el derribo, quién lo conocía y quién pudo beneficiarse de él. Lo que exigimos es algo tan sencillo como que se investigue hasta el final y que, si existen responsabilidades, se depuren», ha concluido Andrade.

CL11