Entreculturas alerta de que la caída global de la ayuda educativa en 2026 podría dejar sin colegio a 6 millones de niños
MADRID, 8 Sep. –
La ONG Entreculturas ha alertado de que la caída global prevista del 24% de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) destinada a educación en 2026 podría dejar fuera de la escuela a 6 millones de niños y reducir la calidad educativa para 290 millones de estudiantes, según ha señalado la organización con motivo de la vuelta a las aulas.
Coincidiendo con el inicio del curso escolar, Entreculturas ha presentado este martes una nueva edición de su campaña La Silla Roja, bajo el lema ‘Recortar no es un juego, son vidas’. La iniciativa está acompañada por el informe ‘El precio de aprender. Justicia fiscal, soberanía presupuestaria y más cooperación’.
El informe advierte de un cambio en las prioridades presupuestarias a escala global y avisa de que mientras el gasto público mundial en educación continúa estancado en torno al 4,2% del PIB, otros ámbitos ganan peso, como en los países de la Unión Europea pertenecientes a la OTAN donde gasto en armamento creció 11 veces más rápido que la inversión educativa entre 2014 y 2023, según recoge el documento.
Este cambio, señala el informe, coincide con «un retroceso más amplio» de la cooperación internacional y la financiación humanitaria, con recortes de AOD en algunos de los principales países donantes, como Estados Unidos, Alemania o Reino Unido.
«Existen soluciones concretas para evitar la inanición de los presupuestos educativos y el informe plantea tres: justicia fiscal, soberanía presupuestaria y más cooperación internacional. Medidas que anteponen el derecho a la educación y los deberes que este conlleva a los intereses geopolíticos», ha expresado la directora del Área de Ciudadanía de Entreculturas, Irene Ortega, durante la presentación del informe.
La coordinadora pedagógica en Fe y Alegría República Dominicana, Sonia Adames, ha explicado durante la rueda de prensa cómo el incremento de la inversión pública educativa en su país ha permitido avances en transporte escolar, alimentación, materiales, infraestructuras y recursos tecnológicos.
No obstante, Adames ha incidido en que aumentar la financiación «no basta» si no existe «continuidad y coherencia» en las políticas educativas. «Hace falta articular un proyecto educativo país, con la participación de todos los actores, un proyecto tan fuerte que no dependa de las decisiones de los incumbentes de turno, sino que sea una ley a seguir», ha señalado.
Adames ha subrayado también el papel complementario de la cooperación internacional en ámbitos que no quedan cubiertos por el presupuesto específicamente educativo como la cultura de paz, la inclusión, la participación estudiantil, los derechos humanos o la protección de niños y adolescentes.
Por su parte, el director de Fe y Alegría República Democrática del Congo, Alfred Kiteso, ha explicado que la reducción de la cooperación internacional «debilita» sistemas educativos que ya afrontan importantes desigualdades y limita las oportunidades de quienes encuentran mayores barreras para acceder y permanecer en la educación.
«La educación tiene un papel fundamental. No solo permite adquirir conocimientos; también protege la dignidad de las personas, fortalece su autonomía y ofrece herramientas para construir un futuro mejor», ha subrayado Kiteso, que ha puesto como ejemplo el Centro de Alfabetización Funcional de Kikwit, creado en 2019 con el apoyo de Entreculturas, donde jóvenes que no habían tenido la oportunidad de ir a la escuela pueden aprender lectura, escritura y cálculo y recibir formación profesional.
Ante esta situación, entre las propuestas de la ONG figuran apoyar una Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional y avanzar en la renegociación, cancelación o conversión de deuda cuando el sobreendeudamiento limite la inversión en derechos sociales.
En España, la organización ha pedido avanzar hacia el 0,7% de Ayuda Oficial al Desarrollo, blindar el 8% de la AOD bilateral para educación, mantener y reforzar la cooperación autonómica y local, y destinar al menos el 10% de los fondos de acción humanitaria a garantizar el derecho a la educación en contextos de crisis y desplazamiento forzado.
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