Perelló responde a Marlaska que la jueza de la crisis de Ceuta cumplió su función y reclama «el máximo respeto»
La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha defendido que la jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón ha actuado en el «ejercicio de sus funciones constitucionales» con el informe policial que encargó respecto a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, por lo que ha pedido «el máximo respeto», en respuesta a la carta que le ha enviado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mostrando «preocupación» por la decisión de la instructora de prohibir al equipo investigador de la Policía Nacional informar a sus superiores.
Según ha comunicado este jueves el CGPJ, Perelló ha contestado con otra carta a Marlaska para subrayar que los órganos de gobierno del Poder Judicial «tienen constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir actuaciones judiciales».
Asimismo, ha recordado que la Constitución Española establece el deber de prestar la colaboración requerida por los órganos judiciales, que es «general» para todos los ciudadanos y «especial» para la policía judicial.
Y que las leyes –ha insistido– establecen que la función de policía judicial «corresponde a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cualquiera que sea su naturaleza y dependencia».
«En definitiva, estoy, como no puede ser de otra manera, plenamente de acuerdo contigo en tus apreciaciones sobre la gravedad y el carácter extraordinario de la crisis que estamos enfrentando, así como en que la actuación de la magistrada responde al ejercicio de sus funciones constitucionales, por las que todos debemos mostrar el máximo respeto», ha trasladado Perelló al ministro.
Interior ha comunicado que Marlaska asegura en su carta que, en su doble condición de ministro del Interior y de magistrado, respeta «escrupulosamente» la independencia judicial, el deber de prestar colaboración a los órganos judiciales y la dependencia exclusiva de la policía judicial de los jueces, tribunales y la Fiscalía.
Con todo, Marlaska considera que ante una crisis que ha obligado a declarar la situación de interés para la seguridad nacional, «no debería ser incompatible» atender con diligencia los requerimientos de los órganos judiciales con informar a los responsables políticos de las circunstancias que resulten relevantes para la gestión de una situación de tal magnitud.
El ministro argumenta que la información en manos de la Policía Nacional resulta «de gran interés» para que el Ejecutivo pueda ejercer correctamente sus funciones de dirección de la política interior y exterior y de defensa del Estado.
Por todo ello, Marlaska concluye que, ante situaciones de extrema gravedad como la de Ceuta, debe ser compatible que la policía judicial informe a los jueces a la vez que facilita al Gobierno la información necesaria para adoptar las decisiones oportunas en defensa de la seguridad nacional y pública, «sin que se resienta la independencia judicial».
EL FISCAL JEFE DE LA AN TOMA EL MANDO
El informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía, que se conoció íntegramente este miércoles, atribuye a gendarmes marroquíes el «guiado activo» de inmigrantes hacia Ceuta.
Interior informó horas antes de que el director general de la Policía, Francisco Pardo, transmitió a Marlaska, que le había pedido por carta explicaciones, que «no existe informe policial alguno que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución de los sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta».
Pardo también aseguró al ministro que la jueza que instruye el proceso penal dio órdenes a los investigadores de no facilitar a sus superiores «información alguna» sobre la elaboración y contenido de dicho informe, por lo que el director general de la Policía no tuvo conocimiento previo del mismo.
En este contexto, fuentes de la Fiscalía han indicado a Agencias que el caso judicializado de la crisis de Ceuta ha sido asumido por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, «dada la singularidad y trascendencia del mismo y en cumplimiento de su responsabilidad como jefe».
La jueza recibió el informe policial y dio traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre si la Audiencia Nacional es competente para continuar la investigación de los hechos denunciados.
CL9
