Redondo pide por carta al alcalde de Valladolid y a Blanco que rectifiquen el protocolo de vivienda de VIVA
VALLADOLID, 3 Sep. Diario Dia –
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha remitido sendas cartas al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y a la vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, para solicitar la revisión e impugnación del Protocolo de Acceso a la Vivienda en Alquiler Municipal aprobado el pasado 28 de mayo por la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA).
En las misivas, el Ministerio reclama que se restituya de forma explícita a las mujeres víctimas de violencia de género como colectivo prioritario y de especial protección en el acceso a la vivienda pública, tras haber sido sustituida dicha categoría por la referencia genérica a víctimas de violencia doméstica o en el ámbito familiar.
En el texto dirigido al regidor de la capital vallisoletana, Redondo manifiesta su «profunda preocupación y el rechazo» del Ministerio hacia el nuevo reglamento, al tiempo que ha calificado como «especialmente preocupante» la supresión de la referencia específica y defiende que no se trata de «una cuestión meramente terminológica», al argumentar que la Ley Orgánica 1/2004 y la propia normativa autonómica garantizan a este colectivo un sistema de acreditación y una prioridad de acceso.
A juicio de la ministra, aunque ampliar la cobertura a otras víctimas puede resultar «conveniente», no es «aceptable» realizarlo «a costa de borrar la protección específica» legalmente reconocida.
Asimismo, ha advertido de que modificar estos criterios puede «incrementar su vulnerabilidad» y tilda de «retroceso» cualquier decisión que no refuerce «los derechos conquistados frente a la violencia machista». Por ello, insta al Ayuntamiento de Valladolid a «revisar de manera inmediata» el protocolo.
Redondo ha concluido su misiva asegurando que el Consistorio encontrará en su Ministerio «disposición al diálogo y a la colaboración», pero también la «firmeza necesaria» cuando, a su juicio, «estén en juego derechos» protegidos por la ley.
En paralelo, en la carta enviada a la vicepresidenta segunda del Ejecutivo autonómico, Isabel Blanco, la ministra ha argumentado que la medida del Ayuntamiento «puede generar una situación de indefensión» y dificultar el ejercicio de los derechos de las afectadas.
Redondo ha sostenido que ampliar la protección a otros ámbitos es «legítimo», pero «no resulta admisible» si implica la eliminación de las garantías específicas de las víctimas de violencia de género.
Según ha señalado en el escrito, «los derechos de una mujer víctima de violencia de género no pueden depender de su código postal», un punto en el que ha calificado de no «comprensible» que en la capital vallisoletana exista una cobertura inferior a la de otros municipios de la Comunidad.
En su escrito a Blanco, la titular de Igualdad ha hecho referencia también a la postura de las organizaciones feministas locales, al destacar el «profundo rechazo» de la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, colectivo que ha advertido de que la ciudad no puede ser un «laboratorio de involución».
Para la ministra, las advertencias de estas plataformas representan un «clamor que las instituciones no deberíamos ignorar».
Por todo ello, Redondo ha solicitado a la Administración autonómica que, en el ejercicio de sus competencias en materia de Vivienda e Igualdad, «impulse las actuaciones necesarias» para instar la revisión del protocolo municipal y velar por el cumplimiento del marco legal autonómico y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
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