Violencia antiinmigrante en Sudáfrica desbarata los ODS y el llamado africano a la libre circulación

BLANTYRE, Malaui – Cuando el gobierno de Malaui anunció el 12 de agosto de 2026 la conclusión de la repatriación de sus ciudadanos atrapados por la violencia antiinmigrante contra los africanos extranjeros en Sudáfrica, había repatriado a 56 723 nacionales, según datos del Departamento de Asuntos de Gestión de Desastres.

Esto marcó el final de cuatro meses de un flujo migratorio inusual hacia Malaui, durante los cuales casi 900 autobuses transportaron a miles de personas, algunas de las cuales regresaron décadas después de haber partido hacia Sudáfrica en busca de una vida mejor.

Rahim Ali, del distrito de Dowa, en el centro de Malaui, viajó en uno de los autobuses a finales de julio.

“Es un alivio, y estoy agradecido al gobierno por traerme a casa sano y salvo”, dijo en una entrevista telefónica con IPS desde su aldea en agosto. “La situación en Sudáfrica era terrible, y muchos de nosotros no teníamos escapatoria de esa violencia”, agregó, en una entrevista desde Blantyre, la segunda ciudad de Malaui, en el sur del país y por ello la más cercana al país que ahora le expulsó.

Ali, de 33 años, partió hacia Sudáfrica en junio de 2019, dos años después de la muerte de su padre y casi cuatro años más tarde de la de su madre. Terminó la secundaria en 2011, pero sus padres, pequeños agricultores de maíz, no podían costearle la universidad.

En Malaui, uno de los países con mayor tasa de pobreza el mundo, hasta 270 000 jóvenes se incorporan al mercado laboral cada año, compitiendo por apenas 40 000 empleos formales que la economía malauí crea anualmente, según los últimos datos del Banco Mundial.

Al no encontrar un trabajo decente, Ali se ganaba la vida limpiando los campos de maíz y tabaco de la gente de su zona y cosechando. En 2013, reunió dinero y abrió una barbería en su pueblo, donde también cargaba teléfonos y vendía cargadores y baterías. Según cuenta, los ingresos no eran muchos, pero aun así podía alquilar una pequeña casa y mantenerse.

Su mundo de independencia se derrumbó con la muerte de su padre en 2017. Siendo el mayor de la familia, se hizo cargo de alimentar, pagar la matrícula escolar y vestir a sus dos hermanas y un hermano.

“Con los ingresos de una barbería, las cosas se pusieron muy difíciles para nosotros”, detalló a IPS.

Cuando un antiguo compañero de escuela que había viajado a Sudáfrica le pidió que lo acompañara, Ali aceptó la oferta de inmediato y se unió a su amigo para trabajar en una plantación de fresas en la región sudafricana de Johannesburgo, donde su salario era de 412 rands semanales, el equivalente a 26 dólares.

Durante los siguientes cinco años, trabajó para diferentes agricultores. El trabajo era duro, afirmó. Los supervisores nos azotaban sin piedad y nos insultaban en un idioma que no entendíamos. Casi no teníamos descanso. No nos pagaban si nos enfermábamos y estábamos de baja. No había seguridad laboral, dijo.

“Aun así, el sueldo era mejor que el que podría ganar haciendo un trabajo similar aquí en Malawi”, dijo Ali. “Además, el costo de vida es mucho más barato allí, así que pude ahorrar dinero para mantener a mis hermanos”, agregó.

En 2024, consiguió otro trabajo como ayudante en una tienda de paneles solares propiedad de un indio. En mayo de 2026, un grupo de ciudadanos sudafricanos irrumpió en la tienda y obligó al dueño a despedir a los extranjeros africanos que trabajaban allí.

Ahora sin trabajo, Ali tenía dificultades para comprar lo básico y pagar el alquiler. Su casero lo desalojó, lo que lo obligó a unirse a los malauíes que acampaban en el consulado de Malaui, donde el gobierno de su país tramitaba su regreso a casa.

Movilizados por el movimiento March and March, los ciudadanos sudafricanos persiguieron a los extranjeros fuera de sus hogares y lugares de trabajo entre abril y junio de 2026 en una represión que, según afirmaban, tenía como objetivo expulsar a los inmigrantes indocumentados.

Este incidente no fue el primero de los episodios de ataques xenófobos en Sudáfrica. En 2008, dos semanas de violencia antiinmigrante causaron la muerte de más de 60 extranjeros y el desplazamiento de al menos cien mil más en todo el país. En 2019, un sindicato disidente de camioneros sudafricanos quemó cientos de camiones para forzar la expulsión de los camioneros extranjeros.

Entre 2022 y 2025, Xenowatch, una plataforma que monitorea la discriminación xenófoba en Sudáfrica, registró 406 incidentes de ataques xenófobos, 75 de los cuales resultaron en muertes. En 2025, registró 151 incidentes. Entre enero y mayo de 2026, verificó 22 casos, 14 de ellos violentos.

Ante la reciente ola de ataques, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, afirmó que oportunistas instigaron las protestas, aprovechándose de la frustración económica de los sudafricanos. Declaró que la violencia no reflejaba la política del gobierno sudafricano respecto a los extranjeros.

Sin embargo, Ramaphosa afirmó que la inmigración ilegal estaba sobrecargando los sistemas de vivienda y salud del país y que su gobierno la abordaría “dentro del marco legal”.

Loren Landau, cofundador de Xenowatch, afirmó que el gobierno sudafricano no ha tomado ninguna medida real para abordar la violencia xenófoba.

“Primero, el gobierno dirá que no hay xenofobia, pero sí frustraciones, desinformación y delincuencia, y que los abordaremos. Pero también han dicho que abordarán algunos de los problemas planteados por las marchas: mayores controles fronterizos, mayor número de deportaciones y mayores esfuerzos para controlar el ámbito laboral», aseguró.

“Están haciendo todo eso, pero lo que no están haciendo es responsabilizar a quienes lideraron las marchas o las demás movilizaciones que hemos visto desde 2008”, dijo Landau a IPS en una entrevista telefónica.

A menos que se exijan responsabilidades a quienes planean y perpetran el terror contra los extranjeros, seguirán utilizando a los inmigrantes como herramienta para su enriquecimiento o para alcanzar el poder, afirmó Landau.

Añadió que la gravedad de los recientes ataques xenófobos y las consiguientes repatriaciones han “dañado gravemente” la reputación de Sudáfrica en el continente y han retrasado los procesos de integración regional en materia laboral, comercial y de inversión.

“Creo que, además de la victimización de individuos, la retórica del gobierno, que básicamente les dice a Malaui, Mozambique, Lesotho, etc., que conserven a su gente y resuelvan sus problemas, es profundamente insultante”, afirmó.

Kester Chuwuma Onor, en un documento de investigación titulado «Xenofobia en Sudáfrica y las realidades de la puesta en práctica del ODS 8», sostiene que sin paz y colaboración con otros países, sería muy difícil para Sudáfrica alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, especialmente el objetivo relacionado con el trabajo decente y el crecimiento económico, a menos que aborde este problema.

Otras investigaciones coinciden, afirmando que amenaza también el ODS 1, que busca erradicar la pobreza. Justice K. Musya y Eric Blanco Niyitunga, en su documento de investigación titulado «La xenofobia como barrera para el Plan Nacional de Desarrollo y los ODS de Sudáfrica».

Argumentan que los ataques xenófobos afectan a los negocios de empresarios extranjeros, lo que resulta en pérdida de empleos, aumento de las tasas de desempleo e impactos negativos en el crecimiento económico.

En una encuesta reciente, Afrobarometer, una red de investigación panafricana, reveló que 56 % de los africanos apoya la libre circulación de personas a través de las fronteras para vivir y trabajar en otros países. Al menos 40 % afirmó preferir restringir la circulación transfronteriza para proteger empleos y otras oportunidades.

Boniface Dulani, investigador de Afrobarometer y politólogo de la Universidad de Malawi, afirma que las recientes expulsiones masivas en Sudáfrica harán que los ciudadanos africanos sientan que el discurso regional y continental a favor de una mayor integración y circulación transfronteriza solo existe en papel.

Añade que la inacción del gobierno sudafricano para arrestar y procesar a los responsables de la reciente violencia es una maniobra electoral. Sudáfrica celebrará elecciones locales en noviembre de 2026.

“Dada la volatilidad de la política en un año electoral crucial, la inacción del gobierno debe entenderse desde la perspectiva de que una acción enérgica puede ser aprovechada por algunos sectores de la oposición”, afirmó.

El Departamento del Interior de Sudáfrica ha exigido que Malaui, así como Etiopía y Nigeria, reembolsen casi 300 millones de rands (unos 19 millones de dólares) que, según afirma, gastó en facilitar la repatriación de al menos 82 000 extranjeros.

Land señala que esta exigencia contradice directamente la afirmación de Ramaphosa de que, tras las protestas, intentaría reconstruir las relaciones con la región.

“Presentar esta factura es un insulto. Es como ensañarse con alguien que ya está en el suelo, pero se hace por razones políticas internas para demostrar que el gobierno prioriza a Sudáfrica y sus intereses”.

Afirma que Sudáfrica no espera que los países paguen.

En Malaui, en el punto álgido de las repatriaciones, que costaron casi 5 millones de dólares, según el gobierno, algunos parlamentarios propusieron prohibir que los malauíes viajaran a Sudáfrica para buscar empleo informal sin la documentación necesaria.

Ali tenía pasaporte en 2019. Le estamparon una visa de 30 días en el puesto fronterizo de Beit Bridge al entrar en Sudáfrica.

“Las cosas se complican cuando caduca la visa”, dijo. “Los empleadores violan tus derechos laborales porque saben que no los denunciarás a las autoridades, ya que eso implicaría entregarte para que te arresten por permanecer y trabajar ilegalmente allí”, agregó.

No tiene planes de regresar.

Mientras estaba en Sudáfrica, compró un terreno en su pueblo natal donde planeaba construir una casa en el futuro. Lo ha puesto a la venta para conseguir dinero para iniciar un pequeño negocio.

“Espero que funcione”, dijo, «ya vi suficiente violencia”.

T: MLM / ED: EG

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