El Gobierno negocia con el sector tecnológico las condiciones del futuro decreto de centros de datos
SANTANDER 31 Ago. Diario Dia –
El Gobierno mantiene negociaciones con el sector tecnológico para concretar las condiciones del futuro real decreto sobre centros de datos, sin que considere que los nuevos requisitos ambientales, energéticos y de soberanía digital vayan a perjudicar la llegada de inversiones a España.
Fuentes del Gobierno han explicado este lunes que las conversaciones con el sector, que tienen lugar en el marco del trámite de audiencia pública del proyecto de real decreto, se centran en ultimar los detalles de una norma que exigirá que los centros de datos de mayor tamaño respalden con nueva capacidad renovable, acreditada hora a hora, al menos el 80% de su consumo eléctrico.
El objetivo es alcanzar un acuerdo razonable para todas las partes, en un contexto en el que las compañías han venido defendiendo que sus proyectos son sostenibles y garantizan la soberanía de sus operaciones y datos.
El Ejecutivo ha defendido que la regulación no supondrá una moratoria para los nuevos proyectos, que podrán continuar su tramitación si cumplen los estándares establecidos. Los requisitos afectarán a las instalaciones de más de 1 megavatio (MW) de potencia eléctrica, por su mayor incidencia sobre la red, el territorio y los recursos hídricos.
La propuesta prevé que cada nuevo MW de consumo se asocie a un MW de generación renovable adicional instalado en los 18 meses anteriores a la puesta en marcha del centro, mediante autoconsumo o contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés).
Las previsiones nacionales apuntan a unos 2,5 gigavatios (GW) de potencia de computación en 2030, mientras que desde 2021 se han preconcedido más de 12 GW de derechos de acceso y conexión a la red para centros de datos.
El Gobierno considera que esta diferencia refleja la elevada expectativa generada alrededor del sector y la competencia por la capacidad eléctrica disponible. El decreto buscará limitar el componente especulativo en la reserva y posible reventa de los derechos de acceso, así como garantizar que los proyectos que avancen generen empleo y actividad con el menor impacto posible.
El Ejecutivo sostiene que España está bien posicionada para captar estas inversiones por su disponibilidad de energía renovable, sus precios eléctricos y su conectividad, si bien entiende que el crecimiento del sector debe ordenarse antes de que pueda tensionar la red.
Actualmente no existe un problema de suministro eléctrico asociado a los centros de datos, aunque creen necesario anticiparse a las tensiones que podrían derivarse de la evolución de la demanda.
En este sentido, se ha puesto como ejemplo el caso de Irlanda, donde informes apuntan a que los centros de datos podrían llegar a concentrar hasta el 32% de la demanda eléctrica, así como el de determinados estados de Estados Unidos, donde ese porcentaje supera el 25%. También se han citado las restricciones aplicadas en Países Bajos.
La propuesta incluye, además, obligaciones de eficiencia energética e hídrica y requisitos de soberanía digital, como que la operación del centro y los datos vinculados a ella permanezcan bajo jurisdicción de la Unión Europea.
Por su parte, SpainDC, la Asociación Española de Centros de Datos, ha advertido este lunes de que el proyecto para exigir consumo energético renovable a centros de datos supone un «riesgo de pérdida de inversiones» de hasta el 90% y reclama «cambios sustanciales» sobre el mismo.
En un comuinicado, la asociación ha mostrado su «preocupación» por el proyecto de real decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos.
En concreto, pide «cambios sustanciales» antes de su aprobación definitiva y adelanta que presentará alegaciones al texto, pues considera que «España se situaría como el país con el marco regulatorio más restrictivo de la Unión Europea» y que el diseño, la intensidad, acumulación y calendario de determinadas exigencias «pueden comprometer inversiones reales, dificultar la viabilidad de proyectos maduros y reducir significativamente la competitividad» del país frente a otros mercados europeos.
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