Amnistía Internacional pide a todas las redes sociales cambiar su modo de operar con los menores tras el acuerdo de META

MADRID 27 Ago. Agencias –

La organización Amnistía Internacional ha celebrado el acuerdo al que ha llegado Meta con un grupo de fiscales generales de Estados Unidos para evitar continuar con el juicio por el diseño adictivo de las redes sociales –por el que se compromete a pagar uno 15.400 millones de euros–, asegurando que debe ser «un punto de inflexión para proteger la infancia en Internet».

«Este acuerdo representa un punto de inflexión no solo para Meta, sino para el conjunto de las redes sociales. Las plataformas de redes sociales deben cambiar ahora su modo de operar y corregir sus funciones perjudiciales para proteger a niños, niñas y jóvenes», ha manifestado en un comunicado el subdirector de Investigación de Amnistía Internacional EE. UU., Justin Mazzola.

La compañía tecnológica se ha comprometido además a incorporar medidas por defecto que protejan a los adolescentes que se conviertan en un estándar para la industria.

Sin embargo, estas modificaciones no son suficientes para Amnistía Internacional que ha añadido que no «llegan a garantizar una plataforma totalmente segura y respetuosa con los derechos».

«Por ejemplo, los ‘feeds’ hiperpersonalizados, que las investigaciones de Amnistía han demostrado que pueden ser extremadamente perjudiciales para los menores, seguirán activados por defecto», lamenta la entidad.

El acuerdo ha sido alcanzado entre Meta y 52 fiscales generales de todo el territorio estadounidense cuando la compañía afronta la segunda semana del juicio sobre el diseño adictivo de su redes sociales, Facebook e Instagram, en el que se analiza el papel que tienen mecánicas como la navegación sin límite por publicaciones, las notificaciones y las recomendaciones de contenido, en el bienestar de los adolescentes.

«La seguridad infantil debe estar integrada en las plataformas desde su concepción, no añadida como un parche posterior una vez que se identifican los daños. Este acuerdo envía un mensaje claro de que las empresas de redes sociales no pueden ignorar el bienestar y los derechos de la infancia, y que los cambios de diseño son la solución necesaria. Ahora deben continuar por este camino», ha zanjado Amnistía Internacional.

El acuerdo refiere la implementación de medidas de seguridad destinadas a los usuarios menores de 18 años, que incluye controles estrictos sobre el tiempo que pasan los adolescentes en las redes sociales que no puedan desactivarse, bloqueos predeterminados durante la noche y notificaciones silenciadas en horario escolar.

También contempla el pago de unos 15.400 millones de euros, que se distribuirá en cuotas anuales a lo largo de un período de diez años. De esa cantidad, el 70% –un total de unos 11.000 millones de euros– se entregará a los estados participantes, para la promoción de iniciativas de seguridad juvenil.

El otro 30% –unos 4.550 millones de euros– restante estará vinculado a la participación de YouTube y TikTok en la implementación de medidas de seguridad que limiten el tiempo de uso de los menores y en la aportación de una cantidad equivalente a esa cifra por parte de ambas compañías.

Se trata de una cifra notablemente menor que los 1,2 billones de euros que al inicio del juicio se estimaba que podían reclamar los fiscales generales a Meta y que ya entonces calificó de «descabellada» y sin precedentes. No obstante, el acuerdo necesita la aprobación del juez.

Por su parte, el fiscal general de California, Rob Bonta, también ha informado del acuerdo extrajudicial por valor de 14.330 millones de euros, al incluir la cifra proporcionada de Meta otro acuerdo únicamente con el estado de Texas.

«Nuestra investigación bipartidista ha llegado a una conclusión contundente: Meta ha estado perjudicando a nuestros niños y adolescentes, fomentando la adicción para aumentar las ganancias corporativas. Con la demanda de hoy, marcamos un límite. Debemos proteger a nuestros niños y no cejaremos en esta lucha. Agradezco la colaboración de mis colegas fiscales generales estatales por defender a nuestros niños y exigirle responsabilidades a Meta», ha sostenido Bonta.

CL23