CEAR alerta de «graves retrocesos» en la nueva Ley de Asilo y pide al Gobierno que «recapacite y retire» la propuesta

MADRID 26 Ago. (Europa Press

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) – ha alertado de «graves retrocesos» en el anteproyecto de la nueva Ley de Asilo, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, y ha pedido al Gobierno que «recapacite y retire» la propuesta.

Tras tener acceso al contenido del anteproyecto, al ser publicado en medios de comunicación, la ONG considera que no se han atendido las «reiteradas» demandas de las organizaciones de derechos humanos que reclamaban «un Pacto centrado en las personas y sus derechos». Por el contrario, critica que se plantea aplicar la nueva normativa «de una manera diferente a la anunciada por el presidente del Gobierno».

En este sentido, CEAR ha denunciado que el Gobierno haya optado «por opciones más duras, en la línea de los países con políticas más restrictivas en la Unión Europea», en lugar de hacerlo «de manera garantista y humana».

«HEMOS PERDIDO UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA»

«Hemos perdido una oportunidad histórica de liderar la Europa de los valores y los derechos. Con este proyecto de Ley, nuestro Gobierno plantea medidas regresivas que no solo se han mostrado fallidas, sino que ponen en grave peligro a personas que pueden necesitar protección internacional», han señalado los directores generales de la organización, Mónica López y Mauricio Valiente.

Entre otras medidas, CEAR reclamaba para la nueva Ley de Asilo que se reforzaran las vías legales y seguras, como la posibilidad de solicitar el traslado desde embajadas y consulados para presentar la solicitud de asilo en España. «Esta opción se debilita, dejándolo a discreción de estas representaciones cuando tengan conocimiento de algún caso», ha explicado.

Además, ha apuntado que establece causas no obligatorias para aplicar el procedimiento fronterizo, «menos garantista», como tener en cuenta el primer país de asilo o si procede de un supuesto tercer país seguro o país de origen seguro, entre otras. Actualmente, ha detallado que el Pacto de Migración y Asilo «solo exige a los Estados miembro aplicarlo cuando la tasa de reconocimiento de protección internacional en la UE sea igual o inferior al 20%; cuando la persona represente un presunto peligro para la seguridad nacional o el orden público; o cuando oculte o falsee información o documentación» relevante.

Según ha precisado CEAR, el anteproyecto de Ley también incluye la elaboración de listados nacionales de países seguros, así como establecer excepciones al derecho de asilo en situaciones de crisis o fuerza mayor, «medidas que los Estados miembro no están obligados a aplicar».

Por otra parte, ha detallado que permite la extensión de las detenciones y de la privación de libertad, tanto durante el triaje –de 72 horas hasta 7 días con autorización judicial–, como durante el procedimiento fronterizo -de un máximo de 8 días pasaría a dos semanas-. Asimismo, se mantienen los 60 días actuales como plazo de internamiento, pero se prevé la posibilidad de internar de nuevo a la persona, hasta un máximo de 120 días, si solicita protección internacional.

Además, ha señalado que desaparecen las razones humanitarias de la legislación de asilo, aunque el Pacto no impide que los Estados miembro puedan establecer estos estatutos. «Tal y como están contempladas en la actual Ley de Asilo, con la interpretación que le ha dado la amplia jurisprudencia, no generan confusión con los estatutos de protección internacional», ha añadido CEAR.

A juicio de la entidad, el anteproyecto de Ley «dificultaría enormemente» la reagrupación familiar de las personas refugiadas al exigir requisitos de medios económicos y vivienda adecuada si se presenta la solicitud de reagrupación pasado un año, «un criterio que en la actual Ley no es obligatorio».

«ENORMES RETROCESOS» EN GARANTÍAS «FUNDAMENTALES»

Por último, la organización ha destacado que se proponen «enormes retrocesos» en garantías «fundamentales» como la libertad de movimiento, la reagrupación familiar, el derecho a la información y no aborda el reconocimiento de las persona apátridas, entre otras cuestiones.

«La nueva Ley de Asilo será la tercera que se apruebe durante el periodo democrático. Pedimos al Gobierno español que recapacite y retire esa propuesta para que no sea recordada como la más involucionista de las tres», ha concluido.

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