Ecuador castiga a los protectores del parque nacional Yasuní
MÉXICO – Las autoridades de Ecuador incumplen el mandato de una consulta popular para proteger al parque nacional Yasuní de la explotación petrolera, y a la vez castigan con multas a responsables del grupo ambientalista que promueve esa causa, denunció este viernes 21 la organización Amnistía Internacional (AI).
Ana Piquer, directora para América de AI, dijo que “hace tres años, millones de personas hicieron historia al votar por la protección del Yasuní. Hoy, quienes dedicaron años de su vida para lograr la protección del parque enfrentan multas de 18 000 dólares”.
“Esto es un claro hostigamiento contra la sociedad civil”, afirmó Piquer.
En 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) inició un procedimiento contra ambientalistas de la organización Yasunidos, por supuestas irregularidades en el reporte de los donativos que recibieron para financiar la campaña en favor de liberar al parque nacional de la explotación petrolera.
De acuerdo con miembros del colectivo, esas irregularidades corresponden a una discrepancia de 39 centavos de dólar en sus reportes financieros. Las correcciones y aclaratorias de Yasuní sobre esos 39 centavos fueron desestimadas por el CNE.
Un juez de primera instancia resolvió a favor de Yasunidos, alegando que el colectivo no podía ser sancionado por ese incumplimiento por el CNE, ya que no es un partido político, sino una iniciativa ciudadana.
Sin embargo, el CNE apeló y un tribunal de segunda instancia impuso a dos de sus integrantes, Sofía Torres, responsable de finanzas, y Pedro Bermeo, asesor jurídico, multas que suman aproximadamente 18 000 dólares, y las cuales fueron saldadas.
El colectivo presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, alegando la vulneración de derechos constitucionales, que fue recibida el 7 mayo de 2026.
El acoso sobre la organización ambientalista se registra tres años después de que, el 20 de agosto de 2023, el electorado ecuatoriano decidió, con 59 % de votos a favor, cerrar los pozos petroleros del Bloque 43-ITT insertos en Yasuní.
Ese parque nacional, de unos 10 200 kilómetros cuadrados en la Amazonia del noreste ecuatoriano es una de las regiones con más biodiversidad del mundo, un millón de hectáreas que albergan más de 2000 especies de árboles y arbustos, 204 de mamíferos, 610 de aves, 121 de reptiles, 150 de anfibios y más de 250 de peces.
La zona está habitada por los pueblos indígenas tagaeri y taromenane, que viven autoaislados, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) la declaró reserva mundial de biosfera.
El Bloque 43-ITT, con 247 pozos perforados y en manos de la estatal Petroecuador, llegó a producir hace una década más de 86 000 barriles (de 159 litros) de crudo diarios, casi 20 % del total nacional, y el referendo de 2023 concedió un plazo de un año para cesar esa explotación.
Sin embargo, las autoridades han desconocido el mandato popular, al que se sumó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y decenas de pozos continúan activos, con una producción estimada en 42 000 barriles por día.
Incluso un plan presentado por el gobierno a la Corte Constitucional del país contempla extender el proceso de cierre hasta 2034.
En cuanto a las sanciones sobre los activistas de Yasunidos, AI sostiene que no ocurren de manera aislada, pues en los últimos años ha documentado crecientes restricciones que “evidencian el deterioro del espacio cívico bajo la administración del presidente Daniel Noboa”.
En ese contexto, organizaciones de la sociedad civil han denunciado el bloqueo o cierre de cuentas bancarias, incluyendo organizaciones dedicadas a la defensa ambiental y de los derechos humanos.
A su vez, organizaciones sociales y personas defensoras han sido objeto de campañas de estigmatización por parte de autoridades del más alto nivel, incluyendo al presidente, llamándoles “antipatrias”.
A eso se suman obstáculos para acceder a información pública y mantener espacios efectivos de diálogo con las autoridades, así como preocupaciones sobre restricciones al derecho de reunión pacífica.
AI exhortó finalmente a cumplir con la decisión de la consulta popular de 2023, a garantizar un entorno propicio para que organizaciones de la sociedad civil, incluyendo Yasunidos ejerzan sus labores, y a no impedir el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y la legítima defensa de los derechos humanos.
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