Vox quiere que el Supremo obligue a la JEC a actuar para evitar daños al derecho de sufragio con la ‘ley de nietos’

MADRID, 17 Ago. Diario Dia –

Vox ha presentado su anunciado recurso en el Tribunal Supremo (TS) contra la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) en la que declaraba no tener competencias ante las nacionalizaciones de descendientes de españoles derivadas de la llamada ‘ley de nietos’, una disposición de la Ley de Memoria Democrática de la pasada legislatura, y en su escrito solicita que se obligue al organismo arbitral a tomar medidas para evitar una posible «violación del derecho de sufragio».

Cuando le llegaron las denuncias, la JEC solicitó a la Oficina del Censo Electoral un informe sobre la aplicación de la ‘ley de nietos’ que rige para la actualización del censo, especialmente sobre el hecho de si se examinan las declaraciones explicativas de los electores que solicitan la inscripción en un municipio distinto del de su última residencia en España.

Pero en esa resolución, el organismo arbitral se declaró incompetente para actuar alegando que el procedimiento para la obtención de la nacionalidad por esta vía excede de sus competencias.

Sin embargo, cuatro de los trece vocales que componen el organismo arbitral discreparon de esa resolución y, en un voto particular, avisaron de que se ha producido un «incremento irregular» del censo electoral porque la instrucción dictada en 2022 por el Ministerio de Justicia para aplicar la ‘ley de nietos’ abrió la puerta a la nacionalización a más personas de las previstas en la propia Ley de Memoria Democrática que pretendía desarrollar.

LA INACCIÓN DE LA JEC VULNERA DERECHOS

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la formación liderada por Santiago Abascal pide que se anule el acuerdo de la JEC y se reconozca que la resolución, «en cuanto rechaza adoptar medidas positivas dirigidas a asegurar la limpieza, transparencia, legalidad y objetividad del proceso electoral, vulnera el derecho de sufragio».

Vox también solicita que se declare la «competencia irrenunciable de la JEC en las competencias legalmente atribuidas y su deber de adoptar medidas positivas, expeditivas y urgentes para asegurar el libre ejercicio del derecho de voto en un proceso electoral limpio y transparente».

Y aboga por que el Supremo ordene «la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de los derechos vulnerados y que se condene a la Junta Electoral Central, formada mayoritariamente por magistrados del Alto Tribunal, a dictar instrucciones vinculantes dirigidas a la Oficina del Censo y a cualquier órgano de la Administración electoral».

En concreto, Vox exige que el Supremo ordene a la Oficina del Censo Electoral el envío de una instrucción a consulados, ayuntamientos y encargados del Registro Civil «para que sólo se tramiten las altas censales cuando el optante haya probado la causa del exilio exigida por la Ley de Memoria Democrática», esto es, por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación o identidad sexual, «y no cuando esa causa se haya meramente presumido».

La formación insta a auditar y, en su caso, dar de baja las inscripciones realizadas en el voto de residentes permanentes en el extranjero (CERA), en el caso de aquellos «que no acrediten mediante prueba legal individualizada ser hijo o nieto de padre o abuelo originariamente español y que hubiese perdido o renunciado a la nacionalidad española por razón de exilio».

Con ello, Vox pretende dar de baja «a quienes no sean hijos o nietos de exiliados o quienes se hayan beneficiado de la presunción ilegalmente establecida por la instrucción».

QUE SE VIGILE LA TRAZABILIDAD DEL VOTO

De igual forma, Vox exhorta al Supremo a que garantice la adopción de las instrucciones oportunas para asegurar «la identidad del votante, la trazabilidad del voto, la seguridad e integridad en la custodia del mismo, en iguales términos que se realiza para los españoles que residen dentro del territorio nacional, con intervención de autoridades y funcionarios revestidos de la necesaria competencia y responsabilidad».

En opinión del partido liderado por Abascal, la resolución de la JEC «ni preserva ni restablece el derecho vulnerado», si no que «ayuda a consolidar la violación del derecho de sufragio, pues parece justificar jurídicamente la brutal violación de los más elementales principios de un Estado de derecho», esto es, el principio de legalidad, la reserva de ley, jerarquía normativa o la seguridad jurídica.

Para Vox, la JEC «reconoce la posible alteración del Censo de Electores Residentes ausente (CERA)», pero «renuncia a las competencias que le corresponden como órgano superior de la administración electora, entendiendo erróneamente que la instrucción es de obligado cumplimiento y por ello no tiene instrumentos para subvenir a los efectos dañinos e ilegales de su aplicación en la formación del censo».

CL9