El Gobierno de Canarias reclama al Estado la eliminación definitiva de las deducciones en las ayudas por dependencia

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Ago. Agencias –

El Gobierno de Canarias ha solicitado formalmente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 la modificación de la actual Ley de Dependencia para eliminar «definitivamente» las deducciones automáticas que sufren los beneficiarios de las prestaciones económicas del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD).

La normativa actual establece que percibir una ayuda de dependencia obliga a restar el importe de cualquier otra prestación de similar naturaleza que el ciudadano reciba de otros regímenes públicos, un mecanismo que afecta a complementos como la gran incapacidad, la asignación por hijo a cargo mayor de 18 años con discapacidad igual o superior al 75%, el complemento por necesidad de tercera persona en pensiones no contributivas y el subsidio de ayuda a tercera persona, según recuerda el Gobierno en una nota de prensa.

Asimismo, en la carta dirigida al ministro Pablo Bustinduy, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha desglosado «el impacto negativo» que este sistema tiene en el día a día de los ciudadanos afectados. «Cuando la cuantía reconocida por el Sistema se reduce por la percepción previa de alguna de las prestaciones contempladas en el artículo 31, el reconocimiento de un nuevo derecho en el ámbito de la dependencia no se traduce íntegramente en un incremento de los recursos disponibles para atender las necesidades reales de cuidados y apoyo de la persona beneficiaria», ha añadido.

En la práctica, subraya el Ejecutivo regional, estas deducciones provocan una neutralización del derecho y cronifican la insuficiencia de recursos en los hogares, especialmente porque las familias acumulan diferentes situaciones complejas de discapacidad y dependencia.

«Las personas en situación de dependencia afrontan necesidades que exceden con frecuencia lo que cubre una sola prestación, y necesitan atención personal, supervisión, cuidados continuados, productos de apoyo, adaptación del entorno, acompañamiento, movilidad, permanencia en el domicilio y otros gastos directamente vinculados a su autonomía y calidad de vida», ha asegurado la consejera.

UNA FINANCIACIÓN ESTATAL «JUSTA»

Recuerda el Ejecutivo que el debate normativo sobre lo descrito en el escrito se encuentra actualmente en el Senado; no obstante, el texto que se tramita solo contempla eliminar estas deducciones automáticas para las situaciones de dependencia extrema (el nuevo Grado III+). «Canarias valora este paso, pero considera injusto limitar la mejora y exige extender la compatibilidad total a las personas reconocidas con los Grados I y II, quienes también soportan costes muy elevados», ha señalado la consejera.

Asimismo, el Gobierno regional advierte en la carta de que esta ampliación de derechos debe contar con el respaldo económico del Gobierno de España para no «ahogar» a las arcas regionales: «Consideramos igualmente necesario que su incorporación vaya acompañada de la correspondiente evaluación económica y de una previsión suficiente de financiación, de forma que la ampliación de derechos pueda hacerse efectiva sin trasladar de manera exclusiva a las comunidades autónomas el coste derivado de la modificación».

LEY CANARIA

En paralelo, el BOC publica este viernes el decreto de modificación de la Ley canaria de Servicios Sociales, para adaptar su regulación al que pretende ser el nuevo modelo de funcionamiento, acreditación y calidad de los centros y servicios de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

Según el Gobierno regional, la reforma permitirá iniciar el cambio para simplificar los procedimientos administrativos y facilitar la puesta en funcionamiento de centros y servicios, mediante la presentación de una declaración responsable.

De esta manera, se prevé reforzar la capacidad del sistema para disponer de los recursos necesarios para atender las prestaciones reconocidas, de manera que la Administración autonómica pueda actuar cuando existan insuficiencias de plazas o servicios, demoras en el acceso efectivo a las prestaciones, situaciones de urgencia social, necesidades de continuidad asistencial, cohesión social o desequilibrios territoriales.

CL11