Guerra EEUU-Irán aumenta inestabilidad y ejecuciones arbitrarías en Medio Oriente
NACIONES UNIDAS – En las últimas semanas, la situación humanitaria en Medio Oriente se ha deteriorado significativamente, agravada por la escalada de las preocupaciones en materia de seguridad y las graves violaciones de los derechos humanos.
A finales de julio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) destacó un fuerte repunte de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, junto con la creciente preocupación por una mayor inestabilidad regional.
El 30 de julio, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) advirtió de que «las consecuencias humanitarias de la escalada en Medio Oriente empeoran día a día». El conflicto entre Estados Unidos e Irán se ha vuelto cada vez más volátil desde su comienzo el 28 de febrero, y ambas partes han reanudado de forma intermitente los bombardeos tras la ruptura del alto el fuego de abril.
El 28 de julio, las fuerzas iraníes intentaron una serie de ataques con misiles balísticos dirigidos contra bases estadounidenses en Jordania y buques en el estrecho de Ormuz.
Esto provocó una respuesta militar inmediata por parte del ejército estadounidense, y los responsables de Defensa confirmaron que se había llevado a cabo una «intensa oleada» de ataques aéreos contra numerosas bases afiliadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, en inglés).
Esta nueva oleada de ataques aéreos sobre Irán afectó a numerosas provincias —entre ellas Hormozgán, Bushehr, Fars y Juzestán—, lo que tuvo un impacto notable en la principal región productora de petróleo del país.
Según el Ministerio de Sanidad iraní, solo en el último mes se han registrado al menos 60 muertos y 670 heridos entre la población civil. El 30 de julio, un ataque en Qeshm, en la provincia de Hormozgan, alcanzó un edificio residencial y causó la muerte de tres civiles, entre ellos un niño de dos años.
Este conflicto ha perturbado gravemente el transporte marítimo mundial y la producción de petróleo, lo que ha provocado un aumento considerable de los precios internos de la gasolina en Estados Unidos y ha agravado el colapso económico de Irán.
El 29 de julio, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó su preocupación por el riesgo de que se produzca un conflicto regional más amplio si no se establece pronto una diplomacia eficaz.
El portavoz adjunto del secretario general, Farhan Haq, dijo a los periodistas que la evolución actual de los acontecimientos «no es positiva», y señaló que Guterres espera un cese inmediato de las hostilidades.
«Al secretario general le preocupa desde hace tiempo que, si las partes no vuelven a las negociaciones, el conflicto pueda extenderse, y eso parece ser lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas», afirmó Haq en una rueda de prensa en la sede de la ONU.
Reafirmó que «no se trata de acontecimientos positivos, y él quiere asegurarse de que las partes puedan cesar los combates y volver a los esfuerzos diplomáticos, incluidos los de mediación que están impulsando Pakistán, Catar y otros…»
Para Haq, «que haya más partes implicadas en los combates, que estos se extiendan a un mayor número de países, todo ello son acontecimientos adversos y podrían llevarnos a una situación mucho peor incluso que la anterior».
Tras mantener conversaciones con aliados regionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a los periodistas el 1 de agosto que había suspendido los ataques militares previstos contra Irán, ya que está previsto que las negociaciones para una desescalada de las hostilidades se reanudasen desde dos días después.
Siempre que ambas partes alcancen «rápidamente» un acuerdo, Trump explicó que estos planes incluyen marcos para la reapertura del estrecho de Ormuz, lo que permitiría descongestionar de inmediato el tráfico mundial de mercancías, actualmente paralizado, y reanudar los envíos comerciales de petróleo.
En respuesta, las autoridades iraníes confirmaron que Teherán no había pedido a Estados Unidos que detuviera estos ataques, y afirmaron que Irán permanece «en máxima alerta y preparado para cualquier eventualidad».
Pero el 3 de agosto, no se habían iniciado nuevas negociaciones entre Washington y Teherán. Esmail Baghaie, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, ha declarado que no hay planes de enviar una delegación iraní ni de recibir ninguna delegación, aunque el diálogo diplomático sigue en curso.
Aunque el estrecho de Ormuz se encuentra actualmente cerrado, Jordania y Egipto siguen siendo vías de suministro fundamentales para la entrega de ayuda humanitaria y las evacuaciones médicas de las comunidades iraníes en dificultades.
Además, Irán sigue enfrentándose a un fuerte aumento de las violaciones de los derechos humanos registradas a lo largo de 2026.
Desde el 19 de marzo, el Centro para los Derechos Humanos en Irán ha registrado la ejecución de al menos 46 civiles por cargos de motivación política. Como reflejo de un considerable aumento en el uso de la pena de muerte para reprimir la disidencia civil, al menos 23 de los condenados eran manifestantes detenidos durante las protestas de enero.
El 23 de julio, la Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre Irán instó a las autoridades iraníes a suspender todas las ejecuciones y a establecer marcos normativos sobre el uso de la pena de muerte de conformidad con el derecho internacional humanitario.
La Misión condenó las ejecuciones arbitrarias de dos jóvenes manifestantes, Erfan Esfandiari, de 18 años, y Mohammad Mohammadi, de 23, el 19 de julio.
A raíz de estas ejecuciones, las autoridades iraníes procedieron a ejecutar públicamente a los manifestantes Amir Hossein Safari y Abolfazl Sepahi tras lo que Amnistía Internacional describió como «un juicio masivo manifiestamente injusto en el que participaron decenas de acusados».
Otros diez hombres iraníes se enfrentan ahora a una amenaza inminente de ejecución arbitraria por su participación en las manifestaciones de enero, y la Misión ha pedido que se pongan fin de inmediato a estas ejecuciones.
«Las autoridades iraníes están desatando una espantosa ola de ejecuciones y condenas a muerte para castigar y reprimir la disidencia y proyectar una imagen de fuerza y control absoluto tras el levantamiento popular de enero y en medio de los continuos ataques de las fuerzas estadounidenses e israelíes», afirmó Heba Morayef, directora regional para Medio Oriente y el Norte de África de Amnistía Internacional.
Consideró que «la respuesta discreta de la comunidad internacional anima a las autoridades iraníes a continuar con su mortífera campaña».
«Los Estados miembros de la ONU deben emprender de forma urgente acciones diplomáticas coordinadas para presionar a las autoridades iraníes a fin de que pongan fin a nuevas ejecuciones», demandó.
Morayef agregó que «deben dar prioridad en su agenda a la crisis de derechos humanos y de impunidad en Irán, apoyar la creación de un mecanismo judicial internacional independiente para Irán e instar al Consejo de Seguridad de la ONU a remitir la situación en Irán a la Corte Penal Internacional».
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