Constructores de Las Palmas se quejan de que las administraciones públicas licitan obras a «precios inasumibles»
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Jul. Diario Dia –
La Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas (AECP) ha criticado este martes que las administraciones públicas están licitando obras a «precios inasumibles», apuntando que entre el año 2025 y hasta junio de 2026 se han quedado desiertas 322 obras por importe de 456,6 millones de euros.
Así la AECP ha señalado que las administraciones públicas han mantenido su comportamiento en 2026 en lo que se refiere a la licitación de obras por debajo del precio de mercado.
En relación con ello apuntan, en nota de prensa, que superan en junio de 2026 el 32% de la totalidad del importe licitado en 2025, pasando de 197,47 millones de euros en el año 2025 a 259,19 millones de euros a junio de 2026.
Respecto a las administraciones, las locales se sitúan las primeras, con más de 315 millones de euros sobre el total, seguida de cerca por el Gobierno de Canarias que, por sí mismo, representa más de 105 millones de euros.
Ante ello, desde la AECP se considera que el sector se enfrenta a un «grave problema», ya que «no puede acudir a las obras al ser licitadas a unos precios inasumibles», al tiempo que soporta el «aumento de costes de obras ya contratadas que se convierten en inviables ante la volatilidad» de los precios.
Esto, ha subrayado, les pone en la «tesitura de tener que abandonar» las obras al «no revisarse» los precios, de tal forma que se está «superando el riesgo y ventura natural en la vida» de una empresa.
Para la AECP el sistema «se pervierte a zancadas gigantes» porque en el resto de obras «se está produciendo un vacío» de licitadores, acudiendo un sólo licitador en el 36% de los casos, lo que admiten «pone en riesgo» la concurrencia competitiva y la «fortaleza» del tejido productivo.
De todo ello, indican, lo «lamentable» es que las administraciones públicas «se jacten» cuando ocurre esto último. En relación con ello apuntan que la AECP suele alertar a dichos organismos de estas circunstancias por escrito, sin embargo afirman que, en la «gran mayoría de los casos, persisten en su actitud» publicando el concurso y resolviendo de varias formas: «queda desierto, acude un sólo licitador, la obra termina teniendo dificultades».
Con ello, matiza, que «la soberbia pública termina adjudicando la obra a una empresa pública, que terminará cobrando unas tarifas por ella misma impuestas y que resultarán muy por encima» del precio al que se licitó la obra.
Por ello, solicitan «cordura», al tiempo que llaman a la «conciencia y responsabilidad pública para que depongan» su actitud, ya que indican que cuando una administración pública «actúa ignorando la realidad, e incluso la Ley de forma caprichosa, en ocasiones puede tratarse de arbitrariedad», aunque si se profundiza en ello, la «actitud podría tener denominaciones más comprometidas».
Finalmente instan a las administraciones públicas a abordar este «problema de manera urgente, técnicamente solvente y políticamente responsable».
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