PMcM pide a Bruselas revisar el plan de pago a proveedores al condicionar el cobro a la renuncia de intereses
MADRID 27 Jul. Agencias –
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha remitido una carta a la Comisión Europea para que analice el Mecanismo de Pago a Proveedores de determinadas entidades locales y valore si condicionar el cobro del principal a la renuncia de intereses de demora, costas judiciales y otros gastos resulta coherente con la Directiva 2011/7/UE y con la protección europea del acreedor.
La iniciativa de PMcM coincide con la formalización, hasta el 29 de julio, de los préstamos del régimen obligatorio, mientras que la vertiente voluntaria permitirá a los proveedores comprobar y aceptar sus facturas entre el 14 y el 23 de septiembre.
Aunque la organización reconoce que el mecanismo «aporta liquidez» y ayuda a sanear las cuentas de ayuntamientos «con dificultades financieras», critica que la aceptación del plan por parte del acreedor supone cobrar el principal a costa de renunciar a las cantidades generadas por el retraso de la propia Administración, mientras que, de no hacerlo, debe seguir reclamando ante una entidad cuya situación financiera ha motivado la activación del sistema.
«Cobrar una factura reconocida no debería exigir al proveedor que perdone el coste del retraso causado por la Administración. Cuando la alternativa es continuar reclamando a un ayuntamiento con graves dificultades financieras, la voluntariedad existe sobre el papel, pero puede quedar muy limitada en la práctica», ha afirmado el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.
Para esta convocatoria, el Gobierno ha asignado un máximo de 304 millones de euros (hasta 206,5 millones para el régimen obligatorio y hasta 97,6 millones para el voluntario), lo que supone una dotación 62,7 millones inferior a los 366,7 millones reservados en 2025 (-17,1%) y 100,14 millones menos que en 2024 (-24,8%).
Desde la plataforma han recordado que esta fórmula de renuncia ya figuraba en el mecanismo de 2012, en su ampliación de 2013 y en los planes locales de 2024 y 2025, habiendo considerado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo que la renuncia a intereses y costes a cambio del principal sea posible si es «libremente consentida» y se comprueben las circunstancias del caso.
Sin embargo, la PMcM ha cuestionado ante Bruselas si puede hablarse de consentimiento libre cuando el proveedor necesita liquidez y su alternativa es prolongar la reclamación contra una Administración «con graves problemas de pago», sosteniendo que el saneamiento municipal no debe hacerse a costa de pymes, autónomos y proveedores que «ya han financiado a la Administración durante meses».
Según el último ‘Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2025’, el sector público pagó a 70 días de media en 2025, el 89% de las empresas nunca o casi nunca reclamó intereses, el 94% no exigió la indemnización legal por costes de cobro y al 60% se le impusieron plazos superiores a los legales.
Asimismo, la carta alerta de que el pago al contratista principal no garantiza que la liquidez llegue «de inmediato» a subcontratistas y suministradores, donde el plazo medio de pago se sitúa en 87 días, quienes además pueden seguir obligados a abonar intereses o costes a sus subcontratas aunque hayan renunciado a cobrárselos a la Administración.
«El dinero público no puede detenerse en el contratista principal: hacen falta garantías verificables para que llegue también a las empresas y profesionales que ejecutaron materialmente el contrato», ha subrayado al respecto Antoni Cañete.
Así, la petición se produce tras comunicar la Comisión el cierre del procedimiento de infracción abierto en 2015 por la morosidad del sector público español y mientras la propuesta de Reglamento Europeo contra la morosidad continúa tramitándose en el Consejo.
Por todo ello, la PMcM ha reclamado al Ejecutivo central que revise si el cobro del principal debe condicionarse a dicha renuncia y que garantice que la liquidez alcance a toda la cadena de subcontratación, aclarando que no cuestionan el pago de facturas sino sino que el proveedor deba sacrificar derechos nacidos del incumplimiento para cobrarlas con rapidez.
CL8
