La defensa del exDAO Eugenio Pino señala que la ‘Operación Kitchen’ «no existe» y es una «invención» de Villarejo
MADRID, 23 (Agencias)
El abogado del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino ha defendido este jueves que la ‘Operación Kitchen’ «no existe», sino que es una «invención» de la prensa o del comisario jubilado José Manuel Villarejo.
El letrado de Pino, Jorge Hernansanz, ha defendido la legalidad de una «operación de inteligencia» en su informe final ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzga la ‘Operación Kitchen’, el presunto operativo orquestado en 2013 desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas y obstaculizar, supuestamente de ese modo, la investigación sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del partido.
«La ‘Operación Kitchen’ no existe, es una invención o de la prensa, o bautizada por Villarejo, o la interpretación de las palabras de Villarejo por la prensa», ha aseverado la defensa de Pino, subrayando que lo que existió fue una «operación de inteligencia».
El letrado ha seguido la línea de defensa del resto de los acusados, y ha relatado que el exDAO autorizó «una operación de inteligencia a razón de una información que le llegó sobre la posibilidad potencial de localizar las fuentes patrimoniales» de Bárcenas, pero que este operativo «ni le ocupaba ni le preocupaba».
«Si hay una información de inteligencia que puede determinar cuál es la localización de esas fuentes patrimoniales, merece la pena agotar esa información, mucho más si la información puede ser obtenida desde un vínculo tan próximo» a Bárcenas, ha relatado el abogado en referencia al exchófer del extesorero Sergio Ríos, también acusado en este juicio.
LOCALIZAR LAS FUENTES PATRIMONIALES DE BÁRCENAS
El letrado ha detallado que la «operación de inteligencia» se basó en la captación como confidente del exchófer del extesorero del PP, «una fuente para intentar localizar sus fuentes patrimoniales y posibles testaferros», y cuya información fue contrastada mediante «las vigilancias y los seguimientos» a la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, y su entorno.
«Si la fuente no se analiza, no se estudia, no se contrasta la información», ahí sí sería «un delito de encubrimiento», ha argumentado la defensa de Pino.
Al mismo tiempo, ha defendido que «los seguimientos realizados al entorno» de Bárcenas no constituyen una «presunta conducta delictiva».
Esta defensa también ha argumentado que «todos los testigos que han comparecido» a lo largo del juicio oral, más de un centenar, «han avalado que su participación es para localizar las fuentes patrimoniales» de Bárcenas.
«No hay ningún indicio que avale» que Pino «habría participado en una operación ilícita, sin perjuicio de que, con posterioridad, algunos interlocutores pudieran desviarse de ese primer cometido», ha alegado el letrado.
USO «LEGAL» DE LOS FONDOS RESERVADOS
Asimismo, ha reconocido que Pino autorizó el uso de fondos reservados con los que presuntamente se pagó al exchófer de Bárcenas, porque, ha reiterado, se trataba de «una operación legal», y ha subrayado que «la ley otorga el carácter de secreto» al uso de estos fondos.
El letrado ha cargado contra el argumento de las acusaciones, que señalan que esta presunta operación no tenía respaldo judicial, a las que ha reprochado asociar «una operación de inteligencia a una investigación».
La defensa de Pino ha explicado que la operación buscaba información y, por tanto, «no tenía por qué tener» un respaldo judicial. «La información, hasta que no se contrasta y hasta que no se hallan hechos indiciarios objetivos con una entidad incriminatoria suficiente, no se solicitan medidas restrictivas de derechos fundamentales ni tampoco se pone en conocimiento de la Comisaría General de la Policía Judicial», ha detallado.
El abogado ha pedido la absolución de Pino y ha reclamado que se acuerde la imposición de costas procesales de su defensa por «temeridad» y «mala fe» de la acusación particular de la familia Bárcenas y las acusaciones populares, ejercidas estas últimas por el PSOE y Podemos.
MARTÍN BLAS «NO SABÍA NADA»
Posteriormente ha tomado la palabra Antonio Alberca, abogado del exjefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas, que en su informe final ha pedido la absolución de su defendido aduciendo que «no existe ningún documento» ni «acta» que ponga de manifiesto que su cliente «haya recibido ninguna orden ni haya impartido ninguna orden» en relación a la ‘Operación Kitchen’.
Alberca ha desdeñado las acusaciones sobre el presunto papel que habría tenido Martín Blas en «todos los escenarios» de ‘Kitchen’, desde los seguimientos a la familia Bárcenas y, en especial, a Rosalía Iglesias, que habrían sido llevados a cabo desde Asuntos Internos, hasta el volcado de los dispositivos de Luis Bárcenas o las presiones hacia él en prisión.
«Aquí no se ha practicado ninguna prueba incriminatoria hacia mi cliente, sino todo lo contrario. Lo que vemos es que ha habido pruebas e indicios que demuestran la no participación de Martín Blas en esta operación», ha asegurado el letrado, incidiendo en que esa operación fue «lícita, sea policial o de inteligencia», alineándose de ese modo con los argumentos de las defensas del resto de los acusados.
Así, Alberca ha recapitulado que el inspector policial de ‘Kitchen’ señaló que «no existía ninguna evidencia en todo el material incautado» de Villarejo que sostuviera que Martín Blas «hubiese recibido instrucciones» sobre el presunto espionaje a Bárcenas, como tampoco existían pruebas de que hubiera dado o recibido «ninguna instrucción».
PINO PUDO DAR LA ORDEN DE ESPIAR A LA ESPOSA DE BÁRCENAS
El abogado ha señalado que, durante su declaración como acusado, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz «dijo no tener ninguna vinculación» ni «conversación» con Martín Blas, mientras que el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, también acusado, «dijo que solamente había recibido y hablado una vez» con el exjefe de Asuntos Internos.
Alberca se ha remitido también a las declaraciones como acusados de Pino, que «vino a decir que Martín Blas no sabía nada», y Villarejo, que afirmó que el exjefe de Asuntos Internos «no tuvo ninguna participación».
En concreto, el letrado ha puesto en valor la declaración del comisario jubilado dado «el grado de enemistad que existía» entre ambos, lo que «le añade un plus de gallardía». El abogado ha defendido que Martín Blas nunca dio ninguna orden en relación a los seguimientos de la esposa de Bárcenas y que nadie ha podido acreditar que así lo hiciera.
En ese punto, ha preguntado «quién realmente dio la orden» al entonces jefe de Vigilancias y Seguimientos de Asuntos Internos, Jesús Vicente Galán, de poner en marcha el operativo sobre Rosalía Iglesias, lanzando la «hipótesis» de que pudiera haber sido Eugenio Pino, lo que, según ha dicho, «no sería nada extraño».
La Fiscalía Anticorrupción reclama 15 años de prisión para Pino por presuntos delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad, mientras que para Martín Blas pide dos años y medio de prisión por un supuesto delito de encubrimiento.
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