Organizaciones sociales celebran reforzar las leyes de Dependencia y Discapacidad, aunque piden garantizar su aplicación
MADRID 15 Jul. –
Organizaciones del ámbito de la discapacidad, la dependencia y los cuidados han celebrado la aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados de la reforma de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad, si bien han coincidido en reclamar que su desarrollo vaya acompañado de financiación suficiente y una aplicación efectiva para que los cambios previstos se traduzcan en mejoras reales.
Entre los principales avances de la reforma, las entidades destacan el refuerzo de la autonomía personal y de la vida independiente, así como la ampliación de derechos y prestaciones. En este sentido, el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) considera que la norma supone «un cambio significativo» en la concepción de los cuidados al reforzar la autonomía personal, la accesibilidad y la atención basada en los derechos de las personas.
En la misma línea, Impulsa Igualdad ha señalado que la reforma convierte la autonomía personal en un derecho y obliga a la Administración a escuchar, apoyar y respetar el proyecto de vida de cada persona, en lugar de decidir en exclusiva el recurso que ofrece.
Asimismo, las organizaciones ponen en valor medidas como la universalización de la teleasistencia, la ampliación de la asistencia personal, la compatibilidad entre prestaciones y servicios, el reconocimiento de nuevos modelos de cuidados y el impulso de la accesibilidad universal.
Impulsa Igualdad también ha destacado el reconocimiento de la atención temprana, la protección frente a las sujeciones, las viviendas con apoyos, la exclusión de la vivienda habitual del cálculo del copago y la obligación de respetar la voluntad de la persona en el Programa Individual de Atención.
Por su parte, Oxfam Intermón ha subrayado que la reforma refuerza la posibilidad de que las personas puedan decidir cómo, dónde y con quién vivir, además de impulsar los cuidados en el hogar y en la comunidad frente a la institucionalización y establecer procedimientos «más sencillos, transparentes y coordinados».
Respecto a la financiación, las entidades también valoran el refuerzo de los recursos destinados al sistema. El CEDDD considera positivo el blindaje de la financiación estatal y la aportación extraordinaria de 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027 aprobada mediante el Real Decreto-ley 17/2026.
Impulsa Igualdad, por su parte, destaca que la reforma establece que la Administración General del Estado deberá cubrir, como mínimo, el 50% del gasto total certificado por las comunidades autónomas en dependencia y recuerda que el citado decreto eleva las cuantías mínimas mensuales de las prestaciones a 90 euros en grado I, 260 euros en grado II y 660 euros en grado III.
No obstante, las organizaciones advierten de que la aprobación de la reforma constituye solo el primer paso. Así, el CEDDD sostiene que la aprobación de una ley y el incremento de recursos «no garantizan por sí solos la transformación efectiva del sistema» y reitera la necesidad de un Pacto de Estado por la Dependencia y la Discapacidad que aporte estabilidad, equidad territorial y sostenibilidad a largo plazo.
En términos similares, Impulsa Igualdad ha reclamado una aplicación «rigurosa» de la norma para evitar que quede en una «declaración de intenciones».
Por su parte, Oxfam Intermón considera que, pese a los avances introducidos, la reforma sigue sin garantizar suficientemente los derechos de las personas cuidadoras no profesionales y de las trabajadoras del hogar y de los cuidados.
CUIDADO DIGNO Y TRABAJO DIGNO
La organización sostiene que la ampliación de la atención domiciliaria y comunitaria debe ir acompañada de la formalización del empleo, la profesionalización del sector, el reconocimiento de derechos laborales y el refuerzo de las inspecciones de trabajo, ya que, a su juicio, «no habrá cuidados dignos sin empleo digno».
Asimismo, considera insuficiente que la ley contemple la elaboración de un estudio sobre la contratación directa de trabajadoras por parte de las familias y reclama una hoja de ruta que garantice la formalización del empleo y los derechos laborales plenos de las trabajadoras de cuidados, además de pedir que sus organizaciones participen en el diseño y desarrollo de las políticas públicas.
Finalmente, Oxfam Intermón ha señalado que la aprobación de la ley abre ahora una fase «decisiva» de implementación y ha instado a las comunidades autónomas a aplicar los avances previstos «sin cortapisas» y evitando nuevas desigualdades territoriales.
CL23
