El consejo de administración de la ACN tendrá 6 miembros elegidos por el Parlament y 2 del Govern

BARCELONA, 10 Jul. Diario Dia –

El anteproyecto de ley del servicio público de la Agència de Notícies de Catalunya (ACN) prevé que tenga un consejo de administración formado por 6 vocales independientes elegidos por el Parlament, así como 2 vocales más en representación de la Generalitat y un consejero delegado.

Lo ha explicado en un encuentro con la prensa el secretario de Medios y Difusión de la Generalitat y presidente de la ACN, Carles Escolà, en el que también intervinieron la directora de la ACN, Eva Arderius; el director general de Medios de Comunicación, Marc Melillas, y el decano del Col·legi de Periodistes, Joan Maria Morros.

Escolà ha afirmado que este anteproyecto de ley crea un paraguas jurídico que refuerza el carácter público de la agencia, da independencia informativa, transparencia y estabilidad financiera y busca la desgubernamentalización: «No es normal que el secretario de Comunicación del Govern sea el presidente de la ACN».

NUEVO MODELO DE GOBERNANZA

El documento del anteproyecto, consultado por Europa Press, explica que la futura ley define un marco legal específico para regular este servicio público, definir su misión de interés general, reforzar las garantías de independencia y establecer un nuevo modelo de gobernanza «adaptado a los retos actuales del sector de la comunicación».

9 meses después de empezar la tramitación de la norma, el Govern ha aprobado la memoria preliminar, que ha superado la consulta pública, y ahora pasa a la audiencia de entidades sectoriales: hasta la primera quincena de septiembre se podrán hacer aportaciones sobre el articulado de la futura ley y el texto estará disponible en el portal de Transparencia de la Generalitat y se podrán hacer observaciones.

El texto recuerda que la Generalitat presta el servicio de agencia de noticias de Catalunya bajo la denominación comercial de Agència Catalana de Notícies, a través de la sociedad de capital público Intracatalònia SA, constituida en 1999.

TRANSFORMACIÓN DE LOS MEDIOS

Señala que, con los cambios tecnológicos, cambian los medios y eso obliga a actualizar objetivos y funcionamiento, también ante «nuevos riesgos que afectan directamente al derecho a la información y a recibir de los medios de comunicación información veraz, como la desinformación, la falta de contraste, la fragmentación de públicos y la difusión de contenidos sin garantías de responsabilidad editorial».

Ante esto, se insiste en «consolidar» el servicio público de agencia de noticias, para proteger la misión y los objetivos de la ACN del riesgo de injerencia política en la línea editorial y la gobernanza de la sociedad que lo presta.

Recuerda que varias resoluciones del Parlament inciden en «desvincular el servicio público de agencia de noticias de la estructura de la Administración» de la Generalitat, como la 812/XIV (para poner fin a la dependencia de este servicio del Govern y tener una agencia profesional e independiente) y la 7/XV (pide al Govern desgubernamentalizar la ACN y reforzar al Parlament en su seguimiento y control).

Joan Maria Morros (Col·legi de Periodistes) ha insistido en desgubernamentalizar la ACN, celebra este anteproyecto y valora el contrato programa para que la agencia pueda planificar su trabajo más allá de un año vista: «Todo esto debe garantizar el servicio público de la ACN».

VOCALES INDEPENDIENTES

En cuanto al consejo de administración, el Parlament elegirá a 6 vocales independientes entre personas «de mérito, capacidad y competencia profesional reconocida, garantizando la idoneidad, el pluralismo y la independencia de los designados», y su mandato será de 5 años, renovable una sola vez por un periodo de igual duración.

Les elegirá el pleno por una mayoría de dos tercios en una primera votación y, si no se consigue, habrá una segunda votación por mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.

Marc Melillas ha explicado que la presidencia del consejo recaerá en uno de los vocales designados por el Parlament y será «rotatoria», y los miembros del consejo que no ejerzan funciones ejecutivas tendrán derecho a percibir una compensación económica de una tercera parte del salario mínimo interprofesional.

PARLAMENT, «ACTOR CENTRAL»

Con esta fórmula el Parlament se convierte, según el texto, en «actor central» de la supervisión institucional del servicio y asegura la neutralidad, imparcialidad y respeto al pluralismo político y social.

Escolà ha detallado que el consejo de administración también contará con 2 vocales en representación de la Generalitat, que serán «alguien del Departament de Política Lingüística y de la parte de Medios», pero añade que está por definir.

CONSEJERO DELEGADO

El otro miembro del consejo será el consejero delegado, encargado de la dirección ejecutiva ordinaria: se seleccionará mediante una convocatoria pública, de acuerdo con los principios de mérito, capacidad e idoneidad profesional, y deberá comparecer ante la comisión parlamentaria competente para exponer su programa de actuación.

El texto prevé que la persona que ejerza la dirección general de la sociedad prestadora al entrar en vigor la ley (en este caso Eva Arderius) «continúe ejerciendo las funciones que tenga atribuidas hasta que se produzca el nombramiento del consejero delegado».

Además, para el primer nombramiento del consejero delegado, el consejo puede designar a la nueva persona que ejerza la dirección general «sin necesidad de tramitar una nueva convocatoria pública», y esta habilitación tiene carácter excepcional y solo es aplicable al primer nombramiento de consejero delegado.

Carles Escolà ha explicado que el mandato de Eva Arderius continúa y que cuando se tenga que renovar en 3 años se someterá a un concurso de méritos.

Además, afirma que tendrá que ir al Parlament «como mínimo una vez al año para rendir cuentas» y que se hará en comisión, pero no será una específica como la de la CCMA, sino que podría ser una comparecencia en la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI).

CONTRATO PROGRAMA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

El anteproyecto prevé que la relación entre la Generalitat y la sociedad prestadora del servicio se articule mediante un contrato programa de carácter plurianual, «que definirá las obligaciones de servicio público, los objetivos, los recursos económicos y los mecanismos de seguimiento y evaluación».

Escolà ha explicado que con este contrato programa se refuerza la financiación de la ACN (que actualmente tiene un presupuesto de entre 4,5 y 4,7 millones de euros anuales) para garantizar que pueda disponer del dinero que necesite.

A la pregunta de si se superarán los 4,7 millones de financiación, Eva Arderius ha respondido: «Intentaremos que sí».

La directora también ha valorado que la ACN tiene 75 trabajadores, de los que 65 son periodistas, y que tienen a 30 en Barcelona y 35 en el resto de Catalunya, 3 en Madrid y 2 en Bruselas, y ha apostado por reforzar efectivos y también «mejorar la verificación».

La norma también refuerza los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas ante el Parlament: la sociedad prestadora deberá hacer una memoria anual de actividades que se presentará en la Cámara, y tanto la presidencia del consejo como el consejero delegado podrán ser requeridos para informar del «cumplimiento de la misión de servicio público».

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