El PSOE registra una PNL para que las pruebas de edad a los menores migrantes se ajusten a la doctrina del Supremo
VALLADOLID 8 Jul. Agencias –
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) para instar a la Junta de Castilla y León a garantizar que cualquier prueba de determinación de edad a los menores migrantes no acompañados se ajuste de forma estricta a la doctrina del Tribunal Supremo «con motivación individualizada y respeto al principio de proporcionalidad».
Los socialistas defienden también la necesidad de impedir que las pruebas se soliciten de forma sistemática o indiscriminada y piden elaborar y publicar un protocolo transparente que establezca los criterios objetivos para su eventual utilización.
Asimismo, plantean remitir trimestralmente a las Cortes información detallada sobre las pruebas realizadas, sus resultados, costes y autorizaciones judiciales o fiscales y formar específicamente al personal implicado en la protección de menores sobre el interés superior del menor y la jurisprudencia vigente.
El Grupo Socialista ha registrado esta PNL tras las declaraciones realizadas el pasado lunes por el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, de Vox, que confirmó que el Gobierno de Castilla y León seguirá los pasos iniciados ya en Extremadura y en Aragón con la preparación de planes de retorno y repatriación de los menores no acompañados y la verificación de la edad de los mismos.
En este sentido, el Grupo Socialista ha registrado quince preguntas para que la Junta explique cuántos casos reales de adultos tutelados como menores se han detectado en Castilla y León durante los últimos cinco años, cuál será el coste de la medida anunciada por Pollán, qué respaldo científico posee, qué garantías tendrán las personas afectadas o con qué competencias impulsará la iniciativa.
La portavoz de Desregulación y Familia del Grupo Socialista, Carmen Iglesias, ha pedido a la Junta que no utilice a los menores migrantes como instrumento de confrontación política y ha hecho un llamamiento expreso al Gobierno de Castilla y León a que respete el Estado de Derecho.
Carmen Iglesias ha mostrado su «profunda preocupación» ante el riesgo de que unas pruebas que la Ley y la jurisprudencia contemplan «como absolutamente excepcionales» se conviertan ahora «en una práctica sistemática, indiscriminada y con fines políticos».
La socialista ha recordado al respecto que la doctrina del Tribunal Supremo «es «clara y está plenamente consolidada» desde 2014 y contempla que un menor que disponga de un pasaporte o documentación oficial válida «no puede ser sometido a pruebas médicas de determinación de edad salvo que existan indicios concretos, razonados y debidamente motivados de que esa documentación no es fiable».
A esto ha añadido que el Alto Tribunal exige que cualquier decisión esté precedida de un juicio individualizado de proporcionalidad y ha aclarado que la apariencia física no justifica por si sola cuestionar la edad de un menor ni someterle a pruebas médicas.
«Estas garantías no son opcionales, constituyen una obligación legal derivada de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la protección reforzada que reconoce la Convención sobre los Derechos del Niño al interés superior del menor», ha defendido la socialista.
Iglesias ha lamentado que la Junta no haya aclarado qué criterios objetivos justificarán las pruebas que ha planteado realizar a los menores migrantes no acompañados, qué protocolo seguirá o qué garantías jurídicas acompañarán su aplicación. «Esa ausencia de concreción alimenta la preocupación de que la medida responda más a una estrategia política vinculada al debate sobre el reparto de menores que a una necesidad real acreditada por datos objetivos», ha explicado.
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