Consejeros de Vox plantan al Gobierno en la sectorial de Infancia y Juventud lo tacha de «rabieta sin consecuencias»
VALLADOLID/MADRID, 1 Jul. Agencias –
El vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, junto con sus homólogos en Aragón y Extremadura, Alejandro Nolasco y Óscar Fernández, todos de Vox, se han ausentado de la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada para este martes con el fin de mostrar su rechazo a lo que han calificado como una «nueva imposición» del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de reparto de menores extranjeros no acompañados.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia han asegurado que su incomparecencia «no ha afectado en modo alguno» al desarrollo de la reunión, al haber «quorum» para la celebración de la misma y han tachado la actuación de los consejeros de Vox de «rabieta sin consecuencias».
A través de un comunicado conjunto, los consejeros ausentes han criticado que el Ejecutivo central «ha vuelto a actuar de manera unilateral» mediante el establecimiento de unos criterios de distribución que consideran «arbitrarios, opacos y alejados de la realidad de los sistemas de protección de las comunidades autónomas».
Entre los asuntos incluidos en el orden del día de la reunión figuraba la propuesta de distribución territorial de 35 millones de euros para el sostenimiento estructural de los sistemas de acogida.
Para las consejerías de Vox, esta asignación de fondos «ha supuesto un nuevo intento de financiar la política migratoria del Gobierno de Sánchez», una estrategia que, a su juicio, «fomenta el efecto llamada y perjudica a un sistema que ya se encuentra al límite de su capacidad».
Asimismo, las tres delegaciones autonómicas han manifestado su rechazo hacia el nuevo Real Decreto con el que el Ejecutivo central pretende actualizar el «reparto obligatorio» de menores entre las regiones. Los representantes de Vox consideran que esta norma responde «de forma exclusiva a criterios políticos y no a la capacidad real de acogida de cada territorio».
Por este motivo, han advertido de que los recursos de protección de Castilla y León, Aragón y Extremadura «están saturados» y han denunciado que «cualquier incremento impuesto por el Estado ha constituido una maniobra política de Pedro Sánchez».
Ante esta situación, las consejerías han anunciado que pondrán en marcha todos los medios jurídicos, administrativos e institucionales a su alcance para ejercer una «oposición frontal a la decisión unilateral de la administración central».
Finalmente, han insistido en que su objetivo es defender las competencias autonómicas y exigir una política migratoria basada en el control de las fronteras, y han reiterado que no participarán en órganos «cuya única finalidad sea legitimar decisiones previamente adoptadas por el Gobierno de España».
Por su parte, fuentes de Juventud e Infancia han precisado que en la Comisión Sectorial de este miércoles, todas las comunidades autónomas, salvo Murcia (que se ha abstenido), han votado a favor de la elevación a Conferencia Sectorial del reparto de los 35 millones a las CCAA para el sostenimiento estructural de los sistemas de acogida, que son competencia autonómica.
Mientras, han apuntado que no se han abordado asuntos relacionados con la acogida vinculante y solidaria de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.
CL23
