El Parlamento insta al Gobierno a atender presencialmente a personas mayores y con discapacidad en servicios esenciales
MADRID 30 Jun. Diario Dia –
La Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo insta al Gobierno a garantizar, en todos los servicios públicos esenciales, una atención presencial obligatoria y accesible, especialmente dirigida a personas mayores, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad digital.
Así lo reclama la Comisión Mixta al Ejecutivo a través de una iniciativa presentada por el PP, aprobada este martes con 19 votos a favor de los ‘populares’ y Vox, y 13 abstenciones de PSOE, Sumar y el PNV.
También insta a promover, en coordinación con comunidades autónomas y entidades locales, medidas de accesibilidad administrativa que faciliten la atención a personas que no utilizan medios digitales en los servicios públicos esenciales.
Por otro lado, propone impulsar campañas de alfabetización digital adaptada a personas mayores, en colaboración con asociaciones de mayores, universidades populares y servicios sociales municipales.
Además, la Comisión Mixta promoverá ante el Defensor del Pueblo la elaboración de un informe monográfico sobre la exclusión digital en el acceso a servicios públicos, con especial atención al colectivo de personas mayores, que incluya recomendaciones concretas.
SIN RECURSOS O DISPOSITIVOS
Según el texto aprobado, recogido por Europa Press, «una parte significativa de ciudadanos, especialmente las personas mayores, se ven excluidas de forma sistemática del acceso a derechos básicos y servicios públicos esenciales por no contar con las habilidades, recursos o dispositivos necesarios para interactuar en entornos digitales».
En este sentido, argumenta que «informes del propio Defensor del Pueblo han alertado sobre la ‘digitalización sin alternativa’, que imposibilita a muchas personas mayores realizar trámites como solicitar una cita médica, renovar su DNI, gestionar pensiones o acceder a ayudas sociales». «Esta situación se agrava en entornos rurales, donde el acceso a internet o a oficinas presenciales es limitado», añade.
Asimismo, señala que el artículo 9.2 de la Constitución Española establece el deber de los poderes públicos de remover los obstáculos que impidan o dificulten la participación plena de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. «La exclusión digital de las personas mayores supone una vulneración indirecta de ese principio, así como del derecho a la igualdad y a la dignidad humana», agrega.
«Por tanto, es imprescindible garantizar una presencialidad mínima obligatoria en los servicios esenciales y promover políticas activas de accesibilidad administrativa universal, asegurando que ninguna persona quede atrás en el acceso a sus derechos fundamentales por razones tecnológicas», concluye.
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