El Parlamento insta al Gobierno a atender presencialmente a personas mayores y con discapacidad en servicios esenciales
MADRID 30 Jun. Diario Dia –
La Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo insta al Gobierno a garantizar, en todos los servicios públicos esenciales, una atención presencial obligatoria y accesible, especialmente dirigida a personas mayores, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad digital.
Así lo reclama la Comisión Mixta al Ejecutivo a través de una iniciativa presentada por el PP, aprobada este martes con 19 votos a favor de los ‘populares’ y Vox, y 13 abstenciones de PSOE, Sumar y el PNV.
También insta a promover, en coordinación con comunidades autónomas y entidades locales, medidas de accesibilidad administrativa que faciliten la atención a personas que no utilizan medios digitales en los servicios públicos esenciales.
Por otro lado, propone impulsar campañas de alfabetización digital adaptada a personas mayores, en colaboración con asociaciones de mayores, universidades populares y servicios sociales municipales.
Además, la Comisión Mixta promoverá ante el Defensor del Pueblo la elaboración de un informe monográfico sobre la exclusión digital en el acceso a servicios públicos, con especial atención al colectivo de personas mayores, que incluya recomendaciones concretas.
Según el texto aprobado, recogido por Europa Press, «una parte significativa de ciudadanos, especialmente las personas mayores, se ven excluidas de forma sistemática del acceso a derechos básicos y servicios públicos esenciales por no contar con las habilidades, recursos o dispositivos necesarios para interactuar en entornos digitales».
En este sentido, argumenta que «informes del propio Defensor del Pueblo han alertado sobre la ‘digitalización sin alternativa’, que imposibilita a muchas personas mayores realizar trámites como solicitar una cita médica, renovar su DNI, gestionar pensiones o acceder a ayudas sociales». «Esta situación se agrava en entornos rurales, donde el acceso a internet o a oficinas presenciales es limitado», añade.
Asimismo, señala que el artículo 9.2 de la Constitución Española establece el deber de los poderes públicos de remover los obstáculos que impidan o dificulten la participación plena de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. «La exclusión digital de las personas mayores supone una vulneración indirecta de ese principio, así como del derecho a la igualdad y a la dignidad humana», agrega.
«Por tanto, es imprescindible garantizar una presencialidad mínima obligatoria en los servicios esenciales y promover políticas activas de accesibilidad administrativa universal, asegurando que ninguna persona quede atrás en el acceso a sus derechos fundamentales por razones tecnológicas», concluye.
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