La nueva ley de víctimas del terrorismo o la moratoria a las plantas de biogás en la última Mesa y Junta antes de verano
PAMPLONA, 28 Jun. (Agencias) –
La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra celebra este lunes, 29 de junio, su última sesión ordinaria antes del parón en su actividad durante los meses de verano. Entre otros asuntos, se tramitará el proyecto de Ley Foral de reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo, un texto que actualiza la legislación vigente, que data del año 2010. También se tramitará el proyecto de Ley Foral de Cuentas Generales de Navarra de 2025.
Asimismo, en la sesión se verá la proposición de ley, presentada por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, para modificar la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental. Una iniciativa con la que las tres formaciones pretenden ampliar la moratoria sobre las plantas de biometanización hasta el 31 de diciembre de 2028 con el objetivo de «garantizar una implantación equilibrada, ordenada y sostenible» de estas instalaciones en la Comunidad foral.
UPN, por su parte, ha solicitado un dictamen al Consejo de Navarra sobre la adecuación a la Constitución española y resto del ordenamiento jurídico de la proposición de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del derecho a la vivienda en Navarra, aprobada en el pleno del Parlamento del pasado jueves. Los regionalistas consideran que esta ley «pone en riesgo la viabilidad de las promociones que durante décadas han funcionado en Navarra ofreciendo a sus inquilinos un alquiler asequible y que ahora, ante un cambio inesperado de las reglas de juego, hace imposible su gestión».
Por otro lado, se ha remitido a la Mesa y Junta un escrito del Consejo de Navarra por el que solicita documentación y comunica la interrupción del plazo para la emisión del dictamen sobre la adecuación al ordenamiento jurídico de la ‘Proposición de Ley Foral por la que se establecen los criterios de modificación de las unidades educativas de la educación pública y concertada como consecuencia de variaciones en el número de alumnos y alumnas’.
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