Andalucía dedicará 1.000 millones para seguridad de edificios: subidas salariales previstas y vigilancia «discontinua»

SEVILLA 21 Jun. –
La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social ha licitado el contrato con el que renovar el acuerdo marco para la prestación de los servicios de seguridad interior de los edificios de la Junta de Andalucía. Un contrato para el que se prevén cerca de 1.000 millones de euros (IVA incluido); está dividido en 16 lotes y en el que se introducen novedades como la «vigilancia discontinua», una modalidad que permitirá «adaptar determinados servicios a las necesidades específicas de algunos edificios e instalaciones, optimizando recursos disponibles y ofreciendo una mayor flexibilidad en la organización de los servicios».
Según la información facilitada por la Administración autonómica a preguntas de Agencias, el contrato tendrá una duración de dos años, prorrogable hasta cuatro. La estimación de los cerca de 1.000 millones de ha elaborado «a partir de un análisis exhaustivo de la contratación anterior y del gasto real ejecutado por la Administración andaluza en materia de seguridad».
«Se incorporan previsiones de inflación, incrementos salariales recogidos en el nuevo convenio estatal de empresas de seguridad y posibles efectos derivados de la evolución económica internacional» porque el objetivo es «disponer de una estimación ajustada a la realidad del mercado y evitar desviaciones que puedan afectar posteriormente a la correcta prestación de los servicios».
«La filosofía que inspira este modelo de contratación –aclaran las fuentes de la Junta– es que la gestión pública no debe limitarse a adjudicar contratos sino a garantizar que los recursos públicos se transforman en servicios eficaces para los ciudadanos». Sobre el número de inmuebles totales a los que abarcaría el contrato nuevo, no hay un número cerrado porque «las necesidades de seguridad evolucionan constantemente».
La nueva licitación, por último, supone una «actualización integral del sistema de contratación de servicios de seguridad de la Junta» en la que se ha seguido una «planificación económica basada en datos reales; una mayor adaptación a la evolución de los costes laborales; nuevas fórmulas de prestación del servicio y una estructura diseñada para facilitar la participación empresarial».
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