Comunidades de América Latina impulsan una transición energética “desde abajo”
Como toda apuesta de transformación, estas iniciativas no avanzan sin fricción. Entre la voluntad comunitaria y la instalación de un panel hay un trayecto largo, a veces con obstáculos que no siempre tienen que ver con la tecnología ni con el financiamiento, sino con la arquitectura regulatoria que rodea al sector energético y con la lentitud de los aparatos institucionales para adaptarse a modelos que no conocen.
El caso de Ataliva lo ilustra con nitidez. La cooperativa tiene el terreno, los 76 suministros inscritos y el proyecto técnico presentado ante la EPE en marzo de 2025, y lleva meses esperando el aval final para iniciar las obras. “Llegamos a EPE con este caso y nos miraron raro, por así decirlo”, afirma el gerente de la cooperativa. La empresa provincial de energía tuvo que modificar el sistema para facturar el consumo, y para cargar la información. “Esas modificaciones nos llevaron a que el proyecto lleve tiempo”, se resigna.
No es un caso aislado: en Santa Fe, los programas de fomento a la generación distribuida se han superpuesto a lo largo de la última década, combinando distintos modos de facturación y marcos regulatorios que cambian con cada administración.
La propia subsecretaria Mijich admite que el caso de Ataliva surgió como una «punta de lanza» que desestructuró la forma en que se venían haciendo las cosas, y asumió el compromiso de consolidar un equipo interno en EPE para agilizar los trámites, reconociendo de paso la exclusión que sufrieron beneficiarios de programas anteriores.
El acceso al financiamiento es otra barrera estructural, y quizás la más difícil de resolver sin intervención del Estado. Instalar paneles en un techo particular, como hizo Gerardo Ingaramo, implica una inversión inicial que no todas las familias pueden asumir, y cuyos retornos se miden en años, como señala Chemes.
La generación comunitaria busca distribuir ese costo, pero requiere organización sostenida, marcos legales que la habiliten y empresas distribuidoras dispuestas a operar con múltiples pequeños productores, papel que en Santa Fe comienzan a asumirlo las cooperativas.
Y esa disposición no siempre existe. La relación con las distribuidoras es, en muchos casos, el nudo más tenso: el modelo de negocio de las grandes empresas fue diseñado para un sistema unidireccional, y adaptarlo a la lógica prosumidora exige cambios técnicos, tarifarios y contractuales que avanzan con lentitud.
Chemes, desde la UTN, va más al fondo del problema. Para él, el obstáculo no es solo burocrático sino conceptual: los gobiernos y las sociedades siguen tratando la energía como una mercancía más, cuando debería ser reconocida como un servicio público esencial.
«No decimos que no haya financiamiento para quienes puedan pagarlo, pero que no todo el aparato del Estado esté puesto en función de quién puede pagarlo», plantea.
Mientras eso no cambie, los programas de generación distribuida seguirán beneficiando principalmente, como él mismo señala, a «sectores acomodados» con capacidad de inversión, dejando fuera a quienes más necesitan el alivio en su tarifa.
La escalabilidad es la pregunta que queda suspendida sobre todos estos modelos. Los proyectos documentados en este reportaje son, por definición, pequeños: decenas de familias, cientos de kilowatts, territorios acotados. Su valor no está en reemplazar al sistema centralizado de un día para otro, sino en demostrar que otro modelo es posible y en acumular los aprendizajes que una política pública de mayor alcance necesitaría para replicarlo.
El programa Comuna Energética en Chile, con 144 comunas adheridas y 129 estrategias locales elaboradas, es quizás el intento más sistemático de la región por construir ese puente entre la escala comunitaria y la política nacional. Pero incluso allí, como señala Barrera, el desafío sigue siendo que lo que hoy ocurre en Renca deje de ser la excepción.
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