Santa Bárbara recurre ante la Audiencia Nacional los programas de artillería adjudicados a Indra-EM&E
MADRID, 17 Jun. Diario Dia –
Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la filial europea de General Dynamics, ha recurrido ante la Audiencia Nacional (AN) la adjudicación de los programas de artillería a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).
Los expedientes de contratación afectados son los correspondientes a los programas de Artillería de Tubo Autopropulsada (ATP) ‘Ruedas’ y ‘Cadenas’ de los Programas Especiales de Modernización (PEM) por un valor total de más de 7.000 millones de euros.
Así, según han informado fuentes de la firma, se trata de un «recurso procedimental», señalando que como este miércoles 17 de junio se cumplía el plazo legalmente establecido para la impugnación de estas resoluciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa, este «tenía que seguir su curso técnico».
«CONFÍA EN EL RESULTADO DE LAS GESTIONES»
No obstante, la firma podría haber optado por desistir del proceso, que comenzó recurriendo el pasado mes de enero ante el Ministerio de Defensa, agotando de esa manera la vía administrativa, pero ha decidido seguir adelante y presentar este recurso contencioso-administrativo ante la justicia ordinaria.
Sin embargo, estas mismas fuentes también apuntan que, paralelamente, se están produciendo conversaciones con Indra con el propósito de «unir al sector, generar sinergias y aprovechar todas las capacidades industriales y tecnológicas existentes en España».
«Santa Bárbara confía en el resultado de las gestiones que se están realizando», han asegurado, en referencia tanto al procedimiento judicial como a las conversaciones con la multinacional liderada por Ángel Simón.
Igualmente, la firma ha reiterado «su disponibilidad para cooperar con todas las empresas e instituciones del sector de la Defensa de España en el objetivo común de cumplir los objetivos del Ministerio de Defensa y dotar a las Fuerzas Armadas de los recursos necesarios».
DEFENSA DESESTIMÓ SU RECURSO EN ABRIL
Esta decisión por parte de Santa Bárbara de recurrir a la Audiencia Nacional llega después de que, el pasado mes de abril, el Ministerio de Defensa desestimase íntegramente todas las pretensiones planteadas. «Se concluye que el procedimiento de contratación se ha desarrollado con pleno respeto a la legalidad vigente», señaló el departamento dirigido por Margarita Robles.
Asimismo, la cartera de Defensa puso de relieve que, en el ámbito de la contratación vinculada a la Defensa Nacional, «las decisiones de adjudicación deben atender a la protección de los intereses esenciales de seguridad, a la garantía del suministro, a la autonomía estratégica y a la disponibilidad operativa de las capacidades militares, aspectos todos ellos debidamente valorados por la Administración conforme al marco jurídico aplicable en España y la Unión Europea».
Por otra parte, en la misma resolución se denegaba el acceso al expediente de contratación solicitado reiteradamente por Santa Bárbara «al no concurrir los presupuestos legales que justifiquen dicho acceso, en línea con las resoluciones del Tribunal Supremo».
«En consecuencia, se confirma la validez de las adjudicaciones realizadas a favor de las citadas UTEs, manteniéndose plenamente eficaces los actos administrativos impugnados», concluía el comunicado, que destacaba que con esta resolución se «refuerza la seguridad jurídica del proceso y se avala la actuación de la Administración en un ámbito de especial relevancia para la defensa y la industria nacional».
Este recurso de alzada ante el ministerio era un paso previo indispensable para agotar la vía administrativa y poder presentar recurso contencioso-administrativo ante la justicia ordinaria, en este caso, la Audiencia Nacional. De hecho, Santa Bárbara ya anunció a finales de febrero que interpondría un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia si el Ministerio de Defensa desestimaba el recurso de alzada.
La firma interpuso el pasado 22 de enero este recurso contra dichas resoluciones que adjudicaron a las UTE de Indra y EM&E los contratos de suministro de los PEM, cuyo objeto es la adquisición de obuses autopropulsados de ruedas y cadenas. Además, Santa Bárbara solicitó como medida cautelar, mientras se sustanciaba el recurso, la suspensión de las adjudicaciones, lo que también fue denegado por el departamento dirigido por Robles.
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