Villarejo reanuda este martes su declaración como acusado en el juicio por el presunto espionaje a Bárcenas
MADRID, 7 Jun. –
El comisario jubilado José Manuel Villarejo reanudará este martes su declaración como acusado en el juicio de la Audiencia Nacional que indaga en el presunto espionaje orquestado por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas y obstaculizar, supuestamente de esa forma, las investigaciones sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del partido.
Villarejo continuará así su interrogatorio, que comenzó el pasado lunes y en el que argumentó que ‘Kitchen’ fue una operación legal que buscaba el dinero de Bárcenas en el extranjero, como ha sostenido durante todo el procedimiento.
La Fiscalía reclama para el comisario jubilado la pena más alta, 19 años de prisión por presuntos delitos de encubrimiento, malversación, contra la intimidad y por cohecho pasivo propio.
Tras él, se prevé que declare Marcelino Martín Blas, que era jefe de Asuntos Internos de la Policía cuando se produjo el supuesto espionaje y para quien la Fiscalía reclama dos años de prisión.
Durante su declaración el pasado lunes, Villarejo desvinculó a Martín Blas al asegurar que este «no tenía ni idea» de la ‘operación Kitchen’, aunque también dejó de manifiesto la enemistad que existía entre ambos.
SIN FECHA PARA LOS DEMÁS ACUSADOS
La Audiencia Nacional ha ordenado que se celebre solo este martes este juicio, aunque fuentes jurídicas no descartan que se citen nuevas fechas esta semana para que declaren el resto de acusados, entre los que se encuentra el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, o el comisario Andrés Gómez Gordo.
Ríos, conocido dentro de la trama como «el cocinero», habría sido captado como confidente por Villarejo, a quien le habría reportado información y documentación sobre el extesorero y su entorno.
A cambio, el chófer habría cobrado 2.000 euros mensuales, abonados con cargo a los fondos reservados de Interior, llegando a recibir presuntamente hasta 54.000 euros, además de una licencia de armas y una pistola.
El Ministerio Fiscal pide para él una pena de 12 años y cinco meses de cárcel y la nulidad de su nombramiento como funcionario de la Policía, que presuntamente habría sido amañado.
OTROS ACUSADOS
Asimismo, está pendiente la declaración del comisario Andrés Gómez Gordo, quien habría participado en la captación del chófer que posteriormente le habría reportado la información.
La Fiscalía reclama 15 años de prisión para Gómez Gordo, que también fue jefe de seguridad de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, imputada en un primer momento junto con su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro, pero para quienes posteriormente se archivó la causa.
Además, también están pendientes las declaraciones de los inspectores de la Policía Nacional José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano. Las acusaciones populares piden para ambos 13 años y 6 meses de prisión por presuntos delitos de organización criminal, certificación falsa, encubrimiento y revelación de secretos, ya que no están acusados por la Fiscalía.
Asimismo, también está acusado José Luis Olivera, exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, por presuntamente entorpecer las investigaciones del inspector Manuel Morocho en el ‘caso Gürel’.
Olivera tampoco está acusado por la Fiscalía, pero las acusaciones populares reclaman una pena de 19 años de cárcel por presuntos delitos de organización criminal, encubrimiento y tráfico de influencias.
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