Adjudicatarios investigados sostienen ante la jueza que cumplían requisitos para obtener VPP en Les Naus de Alicante

   ALICANTE, 5 Jun. (Agencias) –

   Beneficiarios de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, de Playa de San Juan, en Alicante, han defendido este viernes en su declaración como investigados ante la jueza que instruye la causa sobre las adjudicaciones de este complejo que cumplían requisitos para obtener un inmueble e incluso han trasladado que, aún estando casados, solo iba a vivir allí uno de los cónyuges.

   Así lo han explicado, en declaraciones a los medios de comunicación tras finalizar esta sesión de declaraciones en los juzgados de Pardo Gimeno, los abogados de las acusaciones populares que ejercen el partido Ciudadanos, Eduardo García-Ontiveros y Mamen Peris, y el grupo municipal del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante, Fernando Cazorla.

   Dos de los citados como investigados han rechazado declarar y seis sí lo han hecho, aunque, de estos, «prácticamente todos» han respondido a sus defensas y algunos también a Fiscalía, según García-Ontiveros. Así, «no han querido contestar a ninguna pregunta de las acusaciones populares», ha indicado Peris.

   Entre quienes han pasado por el juzgado hay adjudicatarios como la tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, quien previamente fue interventora en la Generalitat, y la arquitecta del consistorio alicantino que, además, es pareja del funcionario de la Conselleria de Vivienda encargado de los visados de la promoción. Este último ya declaró el pasado 20 de mayo, también como investigado.

«PACO»

   En su declaración, esta arquitecta se ha referido a Francisco Ordiñana, el promotor de Les Naus, de la mercantil Fraorgi, como «Paco», un nombre que ha despertado atención de acusaciones populares, al considerar que «hablaba demasiado coloquialmente de él», ha aseverado García-Ontiveros.

   El abogado de Ciudadanos ha apuntado que la pareja del funcionario de la Conselleria «ha intentado dar una lección magistral sobre derecho y la unidad de convivencia» y «ha manifestado que ella se compró o quiso adquirir una vivienda para vivir ella sola con su hija y que su marido no iba a vivir con ella y que, por lo tanto, no consideraba que tenía que estar ni su marido ni los datos económicos de su marido dentro de la solicitud de adquisición de la vivienda».

   Según este letrado, la mujer «también ha mencionado que en la actualidad no está divorciada ni separada físicamente» y que «puede resultar un poco extraño, pero que esa es su situación». «Hombre, un poco extraño sí que es», considera García-Ontiveros.

UNIDAD DE CONVIVENCIA

   En la misma línea, Peris ha abundado en que el concepto de

   unidad de convivencia se estudia en «primero de Derecho» y que el matrimonio se entiende como el principio de «mismo techo, lecho y mesa».

   «Todos venían con la misma lección aprendida, pero no es creíble jurídicamente», ha asegurado la abogada de Ciudadanos, quien ha apuntado que incluso la jueza «ha hecho la advertencia» de que «esa valoración la hará su propia señoría».

   Peris ha recordado que el caso de Les Naus aún está «en fase de instrucción» y ha añadido: «Esta interpretación tan sui géneris, para pretender hacer creer que se cumplen unos requisitos cuando no se cumplen, pues efectivamente es una artimaña de defensa, pero cuando se aplica la ley, pues no es creíble».

   «La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento y esto es otra premisa que tenemos también en Derecho», ha afirmado esta letrada, quien ha subrayado que entre los investigados hay personas que «saben leer, escribir, que tienen carreras técnicas, que están formadas, que están relacionadas con la administración pública, que por sus conocimientos y profesión deben de tener estos conceptos muy claros».

   Y ha agregado: «No han querido contestar a ninguna pregunta de las acusaciones populares. Por algo será. Se acogen a su derecho de no declarar y ellos sabrán si esa defensa es la que no les va a llevar a juicio oral».

   También desde Ciudadanos, García-Ontiveros ha abundado en que estas personas adjudicatarias investigadas «mantienen» la «misma defensa en cuanto a la unidad familiar», ya que, según ha afirmado, han sostenido que compraron la vivienda «solo para vivir ellas como mucho y sus hijos» y que «no» lo harían ni «parejas» ni «sus maridos» ni «nada que se le parezca».

   Al respecto, Peris ha recalcado que el hecho de tener separación de bienes «no implica» que una pareja se separe, ya que incluso se puede hacer «una declaración de IRPF conjunta», por lo que cree que ese argumento no ha sido «nada creíble», ya que, a su juicio, «contradice» la «práctica habitual».

   García-Ontiveros ha manifestado que una de las personas citadas a declarar lo ha hecho por videoconferencia al estar en Alemania y que esta ha dicho que aportó «ingresos cero porque consideraba que» los que «había que poner eran los de España» y no los del país alemán, que era donde «ella los tenía», y que «se lo dijo Fraorgi».

«TODOS TIENEN APRENDIDA LA LECCIÓN»

   Por parte de la acusación popular del grupo municipal socialista, Cazorla ha indicado que «cada uno ha ido a defender su posición como comprador cumplidor de los requisitos» y que «todos tienen aprendida la lección» en el sentido de que «solo justificaban la presentación de documentación de aquellos que iban a convivir».

   «El que más y el que menos que estaba casado manifestaba que solo iba a vivir uno de los dos cónyuges», ha apuntado el letrado de la acusación del PSPV, quien ha añadido que a algunas personas adjudicatarias se les pidió que «aportaran la documentación de la unidad de convivencia y no la aportaron porque seguían insistiendo en que la unidad de convivencia» la componían «ellos solos o sus hijos en algún caso concreto».

   Sobre la declaración de otras dos personas investigadas como adjudicatarias de una misma vivienda, Cazorla ha explicado que «la mujer no ha declarado» y que el marido «ha dado esa explicación también».

   «Todos iban en la misma línea, que es la única que pueden sostener para justificar no haber aportado la unidad de convivencia que es el matrimonio», ha expresado, y ha agregado: «Algunos separados o divorciados ‘a posteriori’. En fin, ese tipo de situaciones un poco rocambolescas».

PRÓXIMAS DECLARACIONES

   El pasado viernes, la jueza acordó citar a declarar para el próximo 17 de junio en calidad de testigos a representantes de cinco empresas y de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia).

   También que comparezcan ese mismo día otros dos testigos que ya habían prestado declaración antes, concretamente el 15 de abril. Se trata de la jefa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante y el secretario territorial adjunto de Vivienda de Alicante.

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