La plantilla del servicio de recogida de basura en Poio amenaza con una huelga ante el bloqueo del convenio
PONTEVEDRA 27 May. –
La plantilla del servicio de recogida de residuos de Poio (Pontevedra) atraviesa un clima de creciente tensión ante el bloqueo de la negociación de su convenio colectivo, caducado desde finales de 2024, ante el que amenaza con una huelga.
Los quince trabajadores adscritos al servicio denuncian la falta de avances en las conversaciones con la empresa concesionaria, Valoriza, una situación que ha llevado a la CIG a anunciar movilizaciones para la próxima semana y a advertir de una posible huelga durante el verano si no se producen avances.
El conflicto fue expuesto este miércoles en rueda de prensa por el representante comarcal de la CIG, Javier Dapena, y por el delegado de personal de Valoriza en Poio, Rubén Outeda, quienes describieron unas condiciones laborales que consideran insuficientes para responder a las necesidades del municipio, especialmente en temporada alta.
Actualmente, el servicio está integrado por nueve conductores, cinco peones y un administrativo. Según explican los representantes sindicales, esta estructura resulta escasa para asumir el aumento de residuos que experimenta Poio durante los meses de mayor afluencia turística.
Aseguran además que los refuerzos estivales, limitados habitualmente a dos o tres operarios, no permiten cubrir adecuadamente la demanda y terminan provocando incidencias y quejas vecinales.
La organización sindical también pone el foco en la evolución salarial de la última década. Según los datos facilitados por la CIG, entre 2014 y 2024 las nóminas apenas crecieron un 10% en conjunto. En el caso de los conductores, el salario habría pasado de 1.049 a 1.069 euros mensuales, mientras que los peones habrían incrementado sus ingresos de 920 a 961 euros. Aunque estas cantidades se completan con distintos complementos, el sindicato sostiene que siguen lejos de las retribuciones existentes en municipios cercanos como Sanxenxo o Pontevedra.
El único incremento significativo, añaden, se produjo en 2024, cuando ambas partes pactaron una subida del 4,6% que permitió desconvocar una huelga prevista entonces.
De cara al actual proceso negociador, el nuevo delegado sindical trasladó en marzo una propuesta para actualizar los salarios de 2025 y 2026 conforme al IPC, lo que supondría un aumento aproximado del 5,8%, equivalente a entre 30 y 40 euros mensuales. La CIG defiende que se trata de una petición «moderada», ya que no incorpora mejoras sociales ni nuevas demandas laborales, con el objetivo de abordar un convenio más amplio a partir de 2027.
Sin embargo, los representantes de los trabajadores aseguran que la empresa no respondió formalmente a la propuesta ni remitió las actas de las reuniones celebradas hasta el momento.
El sindicato también sitúa al Concello de Poio dentro del conflicto por su papel en la financiación del servicio. En este sentido, Javier Dapena señaló que la administración local «no es culpable, pero sí responsable» al ser quien abona el contrato de concesión.
La CIG sospecha además que podrían existir discrepancias en la actualización económica del contrato público. Según trasladaron, la revisión de precios de este tipo de servicios depende de fórmulas complejas vinculadas a la normativa estatal de residuos, por lo que consideran posible que Valoriza esté percibiendo únicamente el canon fijo sin aplicar la correspondiente revalorización anual. A su juicio, esta situación explicaría las dificultades que la empresa argumenta para asumir mejoras salariales.
Ante la falta de avances tanto por parte de la concesionaria como de la administración local, la plantilla prevé iniciar la próxima semana una concentración de protesta y no descarta convocar una huelga en pleno verano si no se presenta una oferta concreta para desbloquear la negociación.
CL11
