Los gestores administrativos alertan de que la factura electrónica obligatoria puede arrastrar a Verifactu

Los gestores administrativos alertan de que la factura electrónica obligatoria puede arrastrar a Verifactu
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MADRID 27 May. (Agencias) – El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España ha advertido de que la implantación de la factura electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales, tras la aprobación del Real Decreto 238/2026 y la tramitación del proyecto de orden que regula la solución pública de facturación electrónica, podría arrastrar a miles de pequeños negocios a Verifactu.

La organización sostiene que no se trata solo de una transformación tecnológica, sino de un rediseño del sistema de facturación y de la relación entre empresas y Administración.

En este sentido, su presidente, Fernando Jesús Santiago, ha subrayado que «no es un simple cambio tecnológico», sino un cambio estructural en la forma de control y supervisión de la actividad económica, que conlleva una de las transformaciones «más importantes» de las últimas décadas en la operativa de la gestión de facturas.

NUEVO MODELO

El nuevo modelo obligará a documentar las operaciones entre empresas y profesionales mediante factura electrónica estructurada, que pasará a ser el estándar en el ámbito B2B (las facturas entre entidades y autónomos).

El Consejo General recuerda además que, desde finales del pasado año, ya se venía trasladando a empresas y profesionales la necesidad de aprovechar el amplio margen temporal previsto para preparar la adaptación a los nuevos sistemas de facturación.

Sin embargo, casi cinco meses después, la realidad sigue marcada por las dudas interpretativas, los cambios de criterio, la incertidumbre técnica y el desconocimiento existente en buena parte del tejido empresarial sobre el verdadero alcance de las nuevas obligaciones.

Jesús Santiago ha apuntado que otro de los riesgos de estos procesos es «generar una falsa sensación de lejanía», apuntando que es «precisamente ahí» donde los gestores administrativos sitúan una de las principales preocupaciones derivadas del nuevo sistema.

Según advierte el Consejo General, la obligación de emitir facturas electrónicas estructuradas implicará, en la práctica, la utilización de Sistemas Informáticos de Facturación (SIF), es decir, los mismos sistemas sobre los que se articula el régimen Verifactu.

Hasta ahora, el criterio administrativo mantenido por la Agencia Tributaria venía señalando que Verifactu no resultaba aplicable a quienes expidieran todas sus facturas manualmente, sin utilizar un Sistema Informático de Facturación. Sin embargo, basta con emitir una sola factura mediante un SIF para que el sistema pase a resultar aplicable.

IMPACTO EN LOS PEQUEÑOS NEGOCIOS

Con la implantación de este nuevo sistema, miles de pequeños negocios acogidos a módulos, al régimen simplificado del IVA o al recargo de equivalencia (como cafeterías, talleres, pequeños comercios, imprentas o papelerías) podrían terminar entrando indirectamente en Verifactu simplemente por emitir, de manera ocasional, una factura electrónica a otro empresario o profesional.

Santiago ha advertido de que muchos de estos pequeños negocios todavía «no son conscientes» de lo que puede implicar realmente este cambio, defendiendo que la digitalización no puede convertirse en una trampa normativa para quien «simplemente intenta trabajar».

El Consejo General considera especialmente preocupante que la coexistencia de distintos calendarios normativos, obligaciones técnicas y criterios interpretativos esté generando una creciente sensación de inseguridad jurídica entre empresas y profesionales.

Por ello, reclama al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa que aplique las excepciones previstas en el artículo 4 del Real Decreto 238/2026 para evitar una carga desproporcionada en determinados colectivos.

Finalmente, el Consejo recuerda que la implantación efectiva del sistema dependerá todavía de la aprobación definitiva de la Orden Ministerial de desarrollo, prevista inicialmente para octubre de 2026, momento a partir del cual comenzarán a computarse los plazos efectivos de adaptación para empresas y profesionales.

CL8