El SUP alerta al Congreso de los riesgos de la regularización: brechas de seguridad, impunidad para criminales y fraudes
MADRID, 18 May. –
El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Carlos Prieto, ha alertado este lunes en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional de que el proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras presenta importantes brechas en la verificación de identidad, riesgo de fraude documental y posibles espacios de «impunidad» para redes criminales si se ejecuta sobre un sistema «ya saturado» y sin un plan policial y tecnológico robusto.
En declaraciones a los medios antes de comparecer en el Congreso en la ponencia sobre el proceso de regularización, Prieto ha señalado que quieren un análisis de seguridad sobre el tema y entienden que no se puede emprender el proceso «sin tener en cuenta a la Policía y a los controles de seguridad pertinentes» porque «sería un grave error».
«Lo prioritario es que se identifique a las personas desde un primer momento, que exista una interoperabilidad de las bases de datos como medidas más prioritarias», ha resumido.
NO SE OPONEN A LA REGULARIZACIÓN PERO QUIEREN GARANTÍAS
Ya durante su comparecencia, el dirigente sindical ha subrayado que no se oponen a la regularización de personas que llevan años trabajando y viviendo en España, pero considera que ningún proceso de regularización masiva debe desarrollarse sin garantías para la seguridad jurídica del Estado, la integridad de las bases de datos y la capacidad operativa de los agentes.
El SUP se apoya en el documento ‘Análisis de Riesgos relativos a la Regularización Extraordinaria’, en el que señala que España ha pasado en pocas décadas de ser un país de emigración y tránsito a consolidarse como «destino estratégico» de los flujos migratorios internacionales. Según indican, la población de origen extranjero ha escalado del 1% en 1986 al 14% en 2025.
En este contexto, Prieto ha apuntado que el proceso proyecta, con datos del Gobierno, un volumen de 750.000 solicitantes para un horizonte de 500.000 beneficiarios potenciales, con un coste administrativo de casi 25 millones de euros. Al mismo tiempo, ha advertido de que en 2024 se dictaron 51.025 órdenes de expulsión, de las que solo se ejecutaron 3.398, lo que ha situado como una tasa de ejecución inferior al 10%.
El secretario general del sindicato sostiene que la regularización se pone en marcha sobre «un sistema ya saturado, con dificultades reales para ejecutar sus propias resoluciones y sin los recursos policiales y tecnológicos necesarios para afrontar la carga que el macroproceso va a generar».
ESPAÑA, «EL ESLABÓN MÁS DÉBIL» DEL ESPACIO SCHENGEN
También ha advertido de que España está pagando el precio de ser percibida dentro del espacio europeo Schengen como «el eslabón más débil de la cadena», al convertirse, según ha dicho, en destino de movimientos secundarios de personas que residen irregularmente en otros estados miembros.
Entre las vulnerabilidades operativas, Prieto ha señalado que la opción por la «tramitación urgente» reduce de forma drástica los plazos de instrucción de cada expediente y limita la capacidad de detección de amenazas encomendada a la Policía Nacional.
Además, ha advertido de que la verificación inicial de documentos recae en personal administrativo de Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, y no en especialistas policiales, lo que a su juicio abre una «ventana de vulnerabilidad» porque una identidad puede ser «blanqueada» antes de la toma de huellas y la expedición del TIE.
El dirigente sindical ha puesto el foco en las «brechas» en la verificación de identidad y antecedentes, al afirmar que la identificación fehaciente es «el pilar sobre el que descansa toda la seguridad pública».
En este punto, ha avisado de que la ausencia de pasaportes válidos o el uso de identidades múltiples bloquea la eficacia de las consultas en el Sistema de Información de Schengen y las bases de datos de Europol, por lo que, sin esa trazabilidad, «no se puede saber quién está realmente solicitando la regularización».
«CUANDO EL SISTEMA COLAPSA, EL CRIMEN ORGANIZADO LLENA EL VACÍO»
Prieto también ha alertado del riesgo de fraude documental y ha asegurado que la saturación de las oficinas de Extranjería no es una mera ineficiencia burocrática, porque «cuando el sistema colapsa, el crimen organizado llena el vacío».
Según ha expuesto, agentes del SUP ya están detectando redes criminales que ofrecen en canales de Telegram y Facebook «kits de arraigo», con empadronamientos ficticios, contratos simulados y certificados de convivencia fabricados para acreditar la residencia previa al 31 de diciembre de 2025.
Por último, ha advertido de que la UCRIF, unidad especializada en redes de inmigración ilegal y falsedades documentales, puede verse desviada de sus funciones si sus efectivos se destinan a custodiar y gestionar un macroproceso administrativo.
Para el Sindicato Unificado de Policía, esto implicaría pasar de «golpear redes» a «apagar fuegos» administrativos, justo cuando aumentan los incentivos al fraude. Por ello, Prieto ha reclamado un decálogo de medidas, entre ellas refuerzo presupuestario, interoperabilidad biométrica obligatoria, verificación de originales, blindaje operativo de la UCRIF, plan antifraude en el empadronamiento y eliminación de la declaración jurada para acreditar antecedentes penales.
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