El Congreso vuelve a debatir la propuesta de Sumar para prohibir a fondos «buitre» comprar viviendas
MADRID 13 May. –
El Pleno del Congreso debatirá y votará la próxima semana una proposición no de ley de Sumar con la que plantea aplicar las modificaciones legales necesarias para prohibir la compra de viviendas por parte de «personas jurídicas, empresas y fondos buitre».
No es la primera vez que el grupo plurinacional lleva esta iniciativa al Pleno del Congreso, pues en noviembre de 2025 se debatió y votó una proposición de ley de los plurinacionales con el mismo fin. El texto no fue admitido a trámite por el voto en contra de PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria. El PSOE y el PNV se abstuvieron.
Sin embargo, a principios de este año el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que prohibiría a los grandes inversores y empresas comprar viviendas unifamiliares en el país norteamericano y Vox salió a respaldar la medida que, a priori, es similar a la de Sumar.
El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, encargado de liderar la proposición de ley que fracasó dijo que habida cuenta de que al partido de Santiago Abascal ahora sí le cuadraba la medida, la volvería a llevar al Pleno del Congreso.
Será en la próxima sesión plenaria, según consta en el borrador del orden del día del Pleno recogido por Europa Press, cuando se debata y vote el texto que, eso sí, no tendrá carácter legislativo al tratarse de una proposición no de ley.
DEROGAR LAS SOCIMIS
Además de esa propuesta, Sumar también incluye un punto en su proposición no de ley para pedir al Gobierno del que forma parte derogar «de forma urgente» la Ley de 2009 por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi), y aplicar una fiscalidad mayor a las empresas y fondos de inversión propietarias de vivienda que a las familias por su vivienda habitual.
El grupo plurinacional justifica esta petición alegando que estas sociedades pagan sólo un 1% del impuesto de sociedades, algo que ha propiciado que grandes inversores internacionales lleguen a España para profesionalizar el sector inmobiliario, «mermando así el derecho a una vivienda digna».
«España se ha convertido en el país con mayor número de socimis; quien hay detrás de esta figura son empresas, fondos de inversión como Blackstone o Cerberus, que poseen más de 1.000 millones de euros en casas y juegan a la especulación, expulsan a la gente de sus barrios y vivienda y vulneran el derecho constitucional a la vivienda», ha zanjado el grupo.
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