ONG exigen retirar apoyo a ataques de EEUU a las narcolanchas en el Caribe
WASHINGTON – Una reunión de 125 organizaciones civiles, religiosas y de derechos humanos, de América, Europa y Asia, divulgaron este jueves 23 un llamado urgente a todos los países para que cesen toda ayuda a los ataques de Estados Unidos contra “narcolanchas” en el mar Caribe y el océano Pacífico.
“Hacemos un llamado a todos los Estados para que inmediatamente dejen o se abstengan de apoyar las ejecuciones extrajudiciales de Estados Unidos en el mar Caribe y el océano Pacífico”, plantea el documento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y grupos pacifistas y religiosos firmantes.
Entre ellas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, las estadounidenses Oficina Latinoamericana de Washington, Unión Americana de Libertades Civiles, la Iglesia Episcopal o Musulmanes por un Futuro Justo, el europeo Consorcio Internacional de Políticas sobre Drogas, y la ONG latinoamericana Elementa.
Denuncian la campaña de letales ataques cinéticos (desde gran altura) emprendida por las fuerzas del Comando Sur de Estados Unidos el pasado septiembre contra embarcaciones, a las que señala como transportes de drogas con destino a ese país, en aguas del Caribe y del Pacífico oriental.
El Comando ha reportado más de 50 embarcaciones -sobre todo lanchas rápidas- hundidas en medio centenar de ataques, y en casi todos los casos perecieron la totalidad de los ocupantes, generalmente tres o cuatro personas cada vez.
La campaña para liquidar a los presuntos narcotraficantes y dinamitar sus embarcaciones, soslayando prácticas anteriores de persecución y captura de las tripulaciones y cargamentos, fue decidida y ampliamente publicitada por el presidente estadounidense Donald Trump y sus colaboradores.
Las ONG dan cuenta de que desde septiembre “el ejército de Estados Unidos ha matado a más de 175 personas a bordo de pequeñas embarcaciones”.
“Las identidades de la mayoría de las víctimas siguen siendo desconocidas, y no hay ninguna prueba de que representen una amenaza inminente para las personas o para Estados Unidos”, apunta el documento de las organizaciones.
Añade que “la administración Trump ha señalado que estos ataques ilegales comenzarán, y de hecho se intensificarán, incluso mediante ataques terrestres”.
Expone que “expertos legales, la sociedad civil, exabogados del gobierno estadounidense, así como exmiembros y miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas estadounidenses están de acuerdo: Estados Unidos está cometiendo ejecuciones extrajudiciales según el derecho internacional”.
Recuerda que “los derechos a la vida y al debido proceso son principios fundamentales del derecho internacional”.
Por ello “estos ataques -llevados a cabo fuera de un conflicto armado, sin cargos ni juicio, y dirigidos contra personas simplemente acusadas de participar en el narcotráfico, lo cual no constituye una amenaza inminente ni un ataque armado-equivalen a claras violaciones de estos derechos”.
En un ensayo sobre el tema, los expertos en drogas y defensa de la Oficina Latinoamericana en Washington, John Walsh y Adam Isacson, indicaron que “a las personas asesinadas por los ataques militares estadounidenses en el mar se les niega cualquier tipo de proceso legal”.
Por el contrario, destacaron que “sus vidas son segadas por ataques con misiles llevados a cabo por orden del presidente Trump y del secretario (de Guerra, Peter) Hegseth, o del comandante del Comando Sur, sin base alguna en la legislación estadounidense o internacional”.
“Están afirmando y ejerciendo una licencia aparentemente ilimitada para matar a personas que el presidente considera terroristas”, asentaron Walsh e Isacson.
La declaración de las 125 organizaciones afirma que “los terceros Estados pueden incurrir en responsabilidad legal por prestar ayuda o asistencia a otro Estado en la comisión de hechos internacionalmente ilícitos, incluso ejecuciones extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad”.
“Formas de cooperación, como el intercambio de inteligencia, el acceso a bases militares y la prestación de apoyo logístico, pueden cumplir el umbral para considerarse ayuda y asistencia cuando facilitan la identificación, el seguimiento, y la localización de embarcaciones”, recuerda el documento.
Añade que “dada la naturaleza pública de estos ataques y la flagrante falta de una justificación legal, los Estados no pueden alegar de forma plausible desconocimiento sobre los riesgos asociados con su apoyo”.
Ya a finales del año pasado, Sarah Yager, directora en Washington de Human Rights Watch, sostuvo que “el Reino Unido, Canadá y otras naciones aliadas que colaboran con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico tienen pruebas suficientes de que está matando ilegalmente a personas en el mar”.
En la región han mostrado su cooperación con las operaciones estadounidenses países como Ecuador, República Dominicana y Trinidad y Tobago.
La declaración de las ONG exigió que “todos los Estados deben inmediatamente dejar o abstenerse de prestar cualquier tipo de asistencia que pueda contribuir a estos asesinatos ilegales”
“De no hacerlo, se facilita la continuación de esta campaña ilegal, se socava el Estado de derecho y se corre el riesgo de incurrir en responsabilidad jurídica bajo el derecho internacional”, concluye el documento.
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