El Comité de Huelga exige la dimisión de Mónica García debido a una continua «manipulación» y «falta de rigor»
MADRID, 23 Abr. Diario Dia –
El Comité de Huelga médico ha exigido este jueves la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, o, en su defecto, su cese inmediato, debido a lo que considera una continua «manipulación del relato» por parte de su departamento y una «falta de rigor» en las negociaciones que dificulta avanzar hacia una solución del conflicto que mantienen en torno a la reforma del Estatuto Marco.
Así lo han aseverado en un comunicado la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).
Sanidad ha informado a las comunidades autónomas de la suspensión de la reunión prevista para este jueves entre las tres partes, en la que se iba a abordar la creación de mesas de negociación propias para el colectivo médico y facultativo, después de que el Comité anunciara este martes su rechazo a las propuestas ministeriales y que mantenía la convocatoria de huelga de la próxima semana.
«Por ello, consideramos que no resulta útil ni necesario mantener la reunión (…), dado que no apreciamos voluntad de desescalar el conflicto, a pesar de la buena fe del Ministerio y de los numerosos puntos de acuerdo alcanzados hasta el momento», afirma Sanidad en una carta enviada a las consejerías, a la que ha tenido acceso Europa Press.
Las organizaciones sindicales sostienen que esta versión de los hechos «no se ajusta a la realidad y omite elementos esenciales del desarrollo de las negociaciones, trasladando la responsabilidad del conflicto al Comité de Huelga y a las comunidades autónomas».
Según han detallado, en la reunión que mantuvieron el pasado viernes 17 de abril con Sanidad, el Ministerio planteó como posible vía de salida al conflicto la creación de estas mesas de negociación específicas en el ámbito de las comunidades autónomas. Para ello, el Ministerio se comprometía a trasladar la propuesta a las autonomías e impulsar un eventual acuerdo a tres bandas que garantizara su constitución.
UNA PROPUESTA «INVIABLE»
Los sindicatos mostraron su disposición a estudiar la propuesta y, «solo» en caso de aceptarla, se celebraría una reunión con las comunidades autónomas. Sin embargo, las organizaciones concluyeron que la iniciativa era «inviable» desde el punto de vista jurídico.
«El marco normativo vigente impide la creación de mesas de negociación propias para el colectivo médico y facultativo sin una modificación previa de la legislación básica estatal. Los fundamentos jurídicos que sustentan esta conclusión son tan claros y contundentes que cuesta creer que los servicios jurídicos del ministerio los desconocieran», ha aseverado el Comité, que ha apuntado que trasladó su decisión al Ministerio, lo que hacía innecesaria la reunión.
«El propio ministerio es conocedor de que cualquier solución efectiva al conflicto requiere necesariamente una reforma de la legislación básica del Estado que permita la creación de una mesa de negociación propia, así como el establecimiento de un estatuto específico para médicos y facultativos», han reiterado los sindicatos, que consideran que estos son «los primeros pasos impresdindibles» para abordar el resto de demandas, entre las que se incluye la clasificación profesional, jornada o jubilación.
A pesar de esto, el Comité considera que el Ministerio está eludiendo su responsabilidad y sosteniendo un relato «que desplaza el origen y la persistencia del conflicto hacia otras partes, en lugar de abordar el problema desde el rigor jurídico y la coherencia normativa que la situación exige».
A su juicio, la «sistemática manipulación y tergiversación del contenido de las negociaciones» por parte de Sanidad responde a este mismo objetivo de contruir un «relato engañoso e interesado», motivo por el que solicitó la grabación de las reuniones.
«El mantenimiento de esta falta de rigor dificulta seriamente la posibilidad de avanzar hacia una solución a un conflicto que exige respuestas estructurales y no meras propuestas inviables en el marco legal actual», ha concluido.
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