El gobierno de Barcala critica la regularización de migrantes al creer que no contempla «medios materiales y humanos»
ALICANTE, 21 Abr. Diario Dia –
El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar (PP), ha criticado el proceso de regularización de personas migrantes impulsado por el Gobierno de España, porque, según ha afirmado, «se ha tomado una decisión sin tener en cuenta los medios materiales y humanos con los que cuentan las administraciones locales», que son «las que tienen que tramitarlo», ha aseverado.
Así lo ha manifestado Villar este martes en la rueda de prensa ofrecida tras la junta de gobierno, al ser preguntado por si esta situación preocupa al consistorio alicantino y qué actuaciones lleva a cabo para gestionarlo.
En este sentido, el vicealcalde ha insistido en que «se ha aprobado una medida y no se han puesto los medios» y ha dicho que le consta que el PP, a nivel nacional, va a pedir «la suspensión de la aplicación de la norma» hasta que el Gobierno central «dé los medios».
Respecto a las solicitudes, Villar ha aseverado que el viernes fueron atendidas «más de 1.500 personas» y que, a fecha de este martes, se ha llegado a las 3.000. «Eso es un sobreesfuerzo al ya existente», ha enfatizado.
No obstante, el edil ‘popular’ ha apuntado que el Ayuntamiento «va a hacer todo lo que esté en su mano para llevarlo a cabo», si bien ha incidido en que el Gobierno «lo primero que tendría que haber hecho es poner medios, porque sabe que esto está pasando aquí» ocurre «en toda España».
Asimismo, Villar ha subrayado que cree que «lo que menos le importa» al Ejecutivo central son «las personas» y «el tratamiento». «Creo que eso ni es serio, ni es responsable», ha añadido el vicealcalde.
En relación con el tipo de procedimientos solicitados por las personas migrantes, ha indicado que «la mayoría ha sido en centros sociales». «Han sido más de 3.000 personas que hemos tenido que atender de alguna manera u otra, ya sea para documentación, para consultas», ha agregado.
Por su parte, la portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda (PP), ha especificado que en «la gran mayoría» de las solicitudes se pedía «el certificado de vulnerabilidad».
El vicealcalde ha manifestado que van a hacer, con los medios personales disponibles, «lo máximo» posible, al tiempo que ha remarcado que «es muy fácil tomar una decisión y que quien tenga que solucionarlo sea un tercero».
«FALTA DE RESPETO»
Además, ha recalcado que «si el Gobierno estaba tan interesado en esta medida, al menos tendría que haber puesto medios, materiales y humanos, normativos incluso, para haber contratado personal». «Y tendría que haber contemplado que no todos los ayuntamientos y no todas las administraciones locales, básicamente, iban a estar en condiciones de prestar el servicio que merecen estas personas», ha afirmado.
De esta forma, Villar ha resaltado que es «una falta de respeto a las administraciones locales y, sobre todo, a las personas que van a tener que pedir en Alicante y en cualquier parte de España una serie de documentaciones, una serie de esperas y una serie de tratos que no se merecen».
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
Desde la oposición, la portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha alertado de «las aseveraciones del gobierno de Barcala sobre la supuesta sobrecarga de trabajo» en relación con el proceso de regularización de personas migrantes.
En este contexto, Barceló ha dicho que en 2024 se registraron 180.000 sugerencias y reclamaciones de la ciudadanía en el Ayuntamiento, «una cifra que destaca por el crecimiento significativo del 52 por ciento en quejas relacionadas con Acción Social».
Asimismo, la portavoz del PSPV en el consistorio ha señalado que «de lo que más se quejan los ciudadanos es de que no tienen el certificado de vulnerabilidad», ha detallado el grupo socialista en un comunicado.
Barceló también ha recalcado que «este Ayuntamiento ni siquiera cuenta con los equipos base para atender a la ciudadanía alicantina y ahora señalan al Gobierno central», al tiempo que ha alertado de que «no hay capacidad para atender a las demandas» porque, a su juicio, el consistorio «no pone los recursos suficientes». «En lugar de criticar al Gobierno de España deberían de examinar lo que ocurre en el Ayuntamiento y disponer de los medios que se necesitan», ha enfatizado.
Finalmente, la portavoz socialista ha respaldado este proceso de regularización porque afecta a «personas que ya viven y trabajan en Alicante y, por tanto, tienen que hacerlo con plenos derechos y garantías».
En la misma línea, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha incidido en que al alcalde de Alicante, Luis Barcala, y a la concejala de Bienestar Social, Begoña León, les «dan exactamente igual los servicios sociales».
«La alcaldesa de València, por ejemplo, se ha reunido con el servicio del Padrón, con Bienestar Social, con todas las áreas que pueden participar en esta regularización de personas migrantes. ¿Por qué Luis Barcala no ha hecho eso?», ha aseverado el edil valencianista.
Asimismo, ha aseverado que «esta regularización es gracias» al PP: «Ellos aprobaron esta iniciativa legislativa popular. Ellos, hasta el día de ayer, estaban dispuestos a hacer esta regularización, porque son personas, son trabajadores y trabajadoras que están aquí trabajando, viviendo hace tiempo con nosotros, y que solo había que regularizar porque tienen derechos, garantías y deberes».
«Esto es una cuestión de colaborar cuando, repito, el PP ha sido copartícipe de esta regularización que impulsó y aprobó el Congreso», ha manifestado el portavoz de Compromís, según ha indicado la coalición en un comunicado.
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