El Congreso insta al Gobierno a ejecutar de forma efectiva la expulsión de migrantes gracias a la abstención de Junts

MADRID, 21 Abr. (Agencias) –

La Comisión de Interior del Congreso ha aprobado este martes la proposición no de ley del PP para instar al Gobierno a garantizar la ejecución «efectiva» de las órdenes de expulsión de extranjeros. En concreto, ha contado con el apoyo de Vox y el Grupo Mixto, representado por UPN, y la abstención de Junts.

En defensa de la iniciativa, la diputada del PP Sofía Acedo ha defendido que la situación actual es «clara y preocupante», al señalar que en España se dictan «decenas de miles» de órdenes de expulsión cada año, pero que de estas, según ha explicado, se ejecuta un pequeño porcentaje, con tasas que no alcanzan el 10%. A su juicio, esta cifra refleja «un fracaso del sistema» y una «grave dejación de funciones» por parte del Gobierno.

Asimismo, ha advertido de que esta falta de ejecución lanza un mensaje de «impunidad». «¿Qué mensaje estamos trasladando? Que incumplir la ley no tiene consecuencias y que nuestras resoluciones administrativas y judiciales no se cumplen. En definitiva, que el Estado renuncia a ejercer su propia autoridad», ha preguntado.

El texto de los ‘populares’ incluye varias propuestas concretas: garantizar la ejecución «efectiva» de las órdenes de expulsión, promover cambios legislativos para facilitar la expulsión de extranjeros que cometan delitos graves o reincidan, reforzar la coordinación entre administraciones y fuerzas de seguridad, revisar acuerdos con países de origen y tránsito, y aumentar los recursos humanos y tecnológicos disponibles.

«No podemos pedir a nuestros ciudadanos que respeten la ley si el propio Gobierno no garantiza su aplicación, y tampoco podemos permitir que el descontrol en la ejecución de expulsiones termine erosionando la convivencia y la confianza en nuestras instituciones», ha avisado Acedo.

Mientras, el socialista Juan Carlos Jerez ha defendido que el PP «se ha abrazado al trumpismo» y a las posiciones de «la otra derecha internacional», acusándolo de alinearse con Vox hasta el punto de resultar «intercambiables». En este sentido, ha criticado que ambas formaciones utilicen la inmigración como «chivo expiatorio» para generar «miedo».

«Como todos ellos, se han propuesto alimentar el miedo y el odio y convencer a los españoles de que la inmigración y las personas extranjeras son el mayor peligro y riesgo para nuestro país. Son su chivo expiatorio», ha asegurado.

Según el PSOE, la propuesta ‘popular’ parte de un diagnóstico «simplista» de un «fenómeno muy complejo». El portavoz ha subrayado que la ejecución de las órdenes de expulsión no depende únicamente de la voluntad política, sino de límites legales, garantías judiciales, cooperación consular, recursos contencios o solicitudes de asilo.

En la misma línea, el diputado de Sumar Félix Alonso ha criticado que los ‘populares’ «distorsionen» la realidad y recurran a «bulos». Además, ha cuestionado la autoría de la iniciativa debatida: «¿Esta iniciativa es suya o de Vox? Es verdad, lo he dicho antes, que soy daltónico, pero su color azul se está averdeciendo», ha señalado, acusando al PP de adoptar un discurso cada vez más próximo al de la formación liderada por Santiago Abascal.

Igualmente, Alonso ha reprochado al PP y a Vox su enfoque, al considerar que buscan «enfrentar a los pobres con los más pobres para sacar rédito político». Frente a ello, ha reivindicado la regularización de migrantes y su papel en trabajos.

Por su parte, Vox ha presentado una enmienda a la proposición no de ley del PP, pero la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo no la ha aceptado y se ha quedado con su propuesta inicial. Así, el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro ha asegurado que la efectividad de esas órdenes de expulsión se remonta a la reforma del artículo 89 del Código Penal impulsada en 2015 durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

También ha sostenido que España ha superado «con creces» su capacidad de acogida y ha criticado la política migratoria del actual Ejecutivo, al considerar que genera un «efecto llamada» con consecuencias en ámbitos como la sanidad, la vivienda o la seguridad. La enmienda proponía medidas como la derogación del reglamento de extranjería, el endurecimiento de los requisitos para la residencia de larga duración, la expulsión de inmigrantes que delincan o vivan de ayudas públicas y la revocación de la nacionalidad en determinados supuestos.

«Señorías, frente al plan de Sánchez que es papeles, sanidad y ayudas sociales para todos los que han venido o vengan ilegalmente, el plan de Vox es ley, orden, fronteras seguras y prioridad nacional. Prioridad nacional, es decir, los españoles primero», ha recalcado.

RECHAZADA LA MEJORA DEL SISTEMA DE CITAS DE ASILO

Por otro lado, la Comisión de Interior de la Cámara Baja ha rechazado la proposición no de ley de Sumar para la mejora del sistema de cita previa para la manifestación de la voluntad de solicitudes de asilo. Ha contado con la abstención de PSOE y socios y el rechazo de PP y Vox.

En este sentido, Enrique Santiago, de Sumar, ha subrayado que el funcionamiento de las oficinas de extranjería y de atención a solicitantes de asilo es clave para asegurar derechos básicos, en cumplimiento de los tratados internacionales y los principios constitucionales. Sin embargo, ha denunciado que atraviesan «dificultades», especialmente por el aumento de solicitudes derivado de conflictos internacionales.

«Enfrentamos una falta de medios humanos a la vista del extenso colectivo al que hay que atender y es muy difícil porque no depende de nuestro país conocer cuál va a ser este volumen de llegadas a España», ha apuntado.

También ha alertado del aumento de fraudes y reventa de citas, lo que, a su juicio, «una prevención estricta para evitar abusos para personas en situación de máxima vulnerabilidad». Por ello, Sumar propone implementar un refuerzo tecnológico y humano de las oficinas de asilo y refugio con la dotación suficiente de recursos humanos, materiales y tecnológicos en las comisarías y oficinas de asilo, «con el fin de reducir los plazos de espera y asegurar una gestión transparente, gratuita y equitativa del proceso de cita».

Por el PSOE, María Araceli Poblador ha señalado que la formación comparte «el fondo» de la propuesta», pero ha avisado que eso «no significa que cualquier solución sea la más adecuada».

En cambio, por el PP, María Eugenia Carballedo, ha acusado, tanto a PSOE como a Sumar de no haber movido «un solo dedo» para solucionar el «colapso» del sistema de citas para los trámites de extranjería.

Mientras, por Vox, David García ha criticado que la propuesta pretenda «eliminar los controles de acceso de procedimientos de asilo sustituyéndolo además por un sistema inmediato, generalizado y permanente». «Es decir, ustedes quieren intentar solucionar un problema a cañonazos, a las bravas», ha indicado.

Por parte de Junts, Marta Madrenas ha criticado que la solución planteada pase por un sistema estatal unificado, al considerar que supone «más centralización» de un modelo que, a su juicio, ya ha demostrado que «no funciona». Del mismo modo, ha calificado la iniciativa de «maquillaje político» y ha cuestionado que el problema pueda resolverse únicamente con cambios tecnológicos. La solución, según Madrenas, debe pasar por transferir las competencias y los recursos en materia de asilo y de extranjería a la Generalitat de Cataluña.

Finalmente, por ERC, Marc-Francesc Álvaro Vidal ha compartido la «diagnóstica» de la iniciativa pero ha añadido que es una «oportunidad perdida» para haber ido «un poco más allá».

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