La Unión de Consumidores cifra en más de 200 millones el cobro «ilícito» del peaje del Huerna y denuncia ante Fiscalía
OVIEDO, 17 Abr. Agencias –
La Unión de Consumidores de Asturias ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra Aucalsa por un presunto delito de estafa vinculado al cobro del peaje de la autopista del Huerna, al considerar que existe un «abuso sistemático y continuado» hacia los usuarios, con cantidades recaudadas «de forma ilícita» que cifran en más de 200 millones de euros en los últimos cinco años.
Así lo ha explicado este viernes el presidente de UCE, Dacio Alonso, en rueda de prensa, en la que ha señalado que la organización da este paso tras haber acudido previamente a la vía administrativa, al entender que los hechos «rozan lo delictivo» y deben ser analizados «a la luz del Código Penal».
Alonso ha detallado que la denuncia ante la Fiscalía se sustenta, por un lado, en el cobro íntegro del peaje pese a que, según ha recordado, alredodr del 40% de la autopista se encuentra en obras. A su jucio, esta práctica constituye una «cláusula abusiva», ya que se estaría cobrando un servicio que no se presta en su totalidad.
En este sentid, ha recordado que la UCE ya presentó hace dos meses una denuncia ante la Dirección General de Consumo del Principado, en la que cuantificaba en unos 12 millones de euros las cantidades cobradas de más por este motivo. Además, solicitaba una sanción cercana a los 60 millones de euros, al aplicar el multiplicador previsto en la normativa de consumo para infracciones graves.
Junto a esto, Alonso ha instado al Principado a «abrir expedientes sancionadores«, al considerar que existen pruebas suficientes tanto por la documentación aportada como por las inspecciones realizadas, y ha defendido que, además de sancionar a la empresa, se debe reparar el daño causado y devolver a los usuarios las cantidades abonadas indebidamente.
PRÓRROGA ILEGAL DEL HUERNA
Por otro lado, la denuncia también pone el foco en la prórroga de la concesión de la autopista hasta 2050, que, según Alonso, ha sido considerada de «manifiesta ilegalidad» por la Comisión Europea. A partir de esa premisa, ha señalado que los usuarios habrían abonado en torno a 200 millones de euros desde 2021 en concepto de peaje «de forma ilegal».
«Si algo es manifiestamente ilegal, no puede provocar daño a los ciudadanos», ha afirmado, al tiempo que ha cuestionado que el Ministerio de Transportes no haya revisado de oficio la decisión adoptada en el año 2000 para ampliar la concesión.
En este marco, ha criticado la postura del Gobierno central, al que acusa de «mirar para otro lado», y ha calificado de «indolente» la actitud del ministro de Transpotes, Óscar Puente, al entender que no se ha dado respuesta a las exigencias planteadas tanto por el Ejecutivo autonómico como por la propia Comisión Europea.
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