Sumar avisa: «Si por cuestiones de la práctica administrativa, nos quedamos sin poder regularizar, eso es un problema»

   MADRID, 14

   La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha defendido que «todas las personas que cumplen los requisitos materiales del Real Decreto de regularización extraordinaria de migrantes puedan regularizar su situación», al tiempo que ha hecho un llamamiento a «solventar problemas administrativos» que puedan retrasar el proceso. «Si por cuestiones de la práctica administrativa, nos quedamos sin poder regularizar, eso es un problema», ha avisado.

    «Lo que quiero es que todas las personas que cumplen los requisitos materiales del Real decreto puedan regularizar su situación, porque este es el objetivo de cualquier norma, poder desplegar todos sus efectos. Tenemos que garantizarlo, no ponerlo por un lado y por otro que haya una serie de problemas. Si sabemos que hay algunos problemas, intentemos solventarlos», ha afirmado en rueda de prensa de prensa en el Congreso de los Diputados.

   Martínez ha destacado que, gracias a la norma que va a ser aprobada este martes en Consejo de Ministros «más de 500.000 personas que viven en España» van a poder «tener papeles para regularizar su situación». «Lo que esto quiere decir España avanza en derechos. Estas personas, nuestras vecinas, que trabajan, que pagan impuestos, que construyen país cada día, van a poder vivir sin miedo. Sin miedo a una identificación y a ser expulsadas solo por no tener papeles», ha enfatizado.

   En su intervención, la portavoz de Sumar ha destacado que la norma «ha sido posible gracias a más de 900 organizaciones que se han dejado la piel para conseguir más de 700.000 firmas», además de agradecer «el trabajo en el Congreso» y de los ministros del Gobierno: «Hemos dialogado, hemos negociado y hemos empujado para que este avance sea una realidad». «Porque esta regularización también va de eso, va del país que queremos ser», ha subrayado, al tiempo que ha reiterado que se trata de «un paso adelante en derechos, en justicia social y en democracia».

   En este punto, ha arremetido contra Vox y Partido Popular «que ha «pasado de votar a favor de la tramitación de la ILP a difundir mentiras y bulos contra la misma». «Feijóo y el PP han apostado por el miedo, por el odio y por el racismo como proyecto de país», ha denunciado.

   Por otro lado, preguntada por un posible endurecimiento de los requisitos para el decreto de regularización, Sumar ha defendido que la «regularización de personas migrantes es una cuestión que por derecho se tiene que producir».

   «Son personas que ya están trabajando, que pagan impuestos en España cada vez que van a comprar al supermercado, por ejemplo, y por lo tanto tenemos que conseguir que el Real Decreto cumpla con su cometido que es garantizar que esas 500.000 personas, que era el objetivo inicial de la ILP, puedan regularizar su situación», ha insistido.

   Por ello, ha señalado que su formación se ha mostrado a favor de la ampliación de plazos, una petición que han hecho «expresamente», así como un «refuerzo de los servicios de extranjería para atender la tramitación de las solicitudes». «La norma pretende una regularización, lo dice en su exposición de motivos, y luego, si por cuestiones de la práctica administrativa, nos quedamos sin poder regularizar, eso es un problema», ha alertado.

SOBRE LA HUELGA EN LA OFICINAS DE EXTRANJERIA: «PODRÍA PERJUDICAR»

   En este punto, ha hecho alusión al anuncio de Comisiones Obreras de llevar a cabo una huelga en las oficinas de extranjería. «Esto parece evidente que podría perjudicar a ese proceso», ha considerado, aunque ha expresado su «respeto y apoyo a las huelgas de todos los trabajadores, sean trabajadores públicos o trabajadores de las empresas privadas».

   «Lo que tenemos que garantizar es que los trabajadores y trabajadoras de las oficinas de extranjería puedan realizar su trabajo de manera razonable y que todas las personas que quieran presentar la documentación para regularizarse puedan hacerlo. Hay muchas maneras de conseguirlo», ha defendido.

    Por todo ello, ha solicitado que «la propia norma llegue a su finalidad» y ha avanzado que están negociando «con todos los grupos parlamentarios», excepto con el PP «porque no permite ni un intercambio ni de pareceres, ni de datos, ni de nada».

   «Esperamos que lo que quede en la norma, finalmente, no limite la posibilidad de todas las personas que no tienen antecedentes penales para conseguir la regularización, porque entonces habríamos errado. Porque lo que queremos es que se regularicen todas las personas que no tienen esos antecedentes. Y problemas administrativos o de plazos no deberían obstar a que una persona pueda regularizar su situación para vivir con plenos derechos en un país», ha zanjado.

COMUNS ESTUDIA CEDER SUS SEDES PARA DAR INFORMACIÓN Y FACILITAR TRÁMITES

   Por su parte, la coportavoz de los Comuns, Aina Vidal, también ha expresado su preocupación por la falta de recursos destinados y ha manifestado que irán viendo «cómo evoluciona todo para ver si es necesario ampliar las Oficinas de Extranjería para que puedan llegar a más gente y de forma más rápida».

   Al respecto, ha avanzado que desde su formación están «estudiando la posibilidad de poder utilizar sus sedes como espacios» con el fin de «pedir información y facilitar los trámites que puedan acontecer», aunque ha puntualizado que no se podrá regularizar pues se «debe hacer en los sitios oficiales», como ha señalado en rueda de prensa en el Congreso.

   Además, ha expresado su preocupación por el hecho de que el Partido Popular y Vox lleven esta regularización al Tribunal Constitucional. «Es una práctica que les acerca, obviamente, a sus aliados como Trump, Netanyahu y compañía», ha alertado, aunque se ha mostrado confiada en que el TC «termine sentenciando aquello que todos y todas sabemos, y es que son nuestros vecinos, son ciudadanos y ciudadanas y, por lo tanto, deben tener los mismos derechos que cualquier otro».

   Por ello, ha pedido a las comunidades autónomas gobernadas por el PP que «no pongan trabas administrativas», además de la posibilidad de movilizar «menos recursos para poder tramitar la regularización». «Nos preocupa que el Partido Popular pueda poner trabas a esto», ha añadido por lo que ha pedido al Ejecutivo y al resto de formaciones estar a atentos al respecto.

   En cualquier caso, ha expresado su satisfacción por la norma: «Es lo oportuno, lo idóneo, lo correcto para nuestro país. Son más de medio millón de personas, no sabemos exactamente cuántas se van a poder atender a ella, pero sin duda son gente que ya vive y trabaja entre nosotras y que, por lo tanto, será un elemento que les debíamos y que es de corrección democrática, por decirlo así».

    En la misma línea, el diputado de Sumar, Alberto Ibáñez Mezquita, ha celebrado la regularización de personas migrantes que ha tachado de «victoria social fruto de la movilización de decenas de entidades y asociaciones».

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