El primer año de la Ley de Eficiencia según Justicia: más juicios y menos casos pendientes, aunque incidencias puntuales
MADRID 11 Abr. –
El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha valorado que la Ley de Eficiencia, que entró en vigor hace un año, ha implicado que se realicen más juicios, haya más jueces y el número de asuntos haya decaído, si bien ha admitido incidencias «puntuales» pero no estructurales.
Se trata de una ley que conllevó que los antiguos juzgados unipersonales se conviertan en tribunales de instancia y promovió la exigencia de acudir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en asuntos civiles y mercantiles antes de iniciar cualquier proceso judicial.
Fuentes de Justicia han señalado que la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia cumple un año este abril con datos que «demuestran una reducción de la litigiosidad, un aumento de los juicios celebrados y, por primera vez en la última década, una reducción de los asuntos pendientes».
Según sus datos, con la figura de los MASC los asuntos ingresados en los órdenes civil y mercantil han descendido un 20,4%. Y en total, la bajada de la litigiosidad en todos los órdenes, incluyendo penal, social y contencioso-administrativo, ha supuesto el 9,9%.
«Un año después de su entrada en vigor, los asuntos pendientes bajan un 4,5% en Civil y un 0,67% en global. Cabe destacar que la pendencia no bajaba desde 2016 (a excepción del periodo de la pandemia)», han añadido.
Desde el Ministerio que dirige Félix Bolaños han indicado que la Ley de Eficiencia, que busca una justicia «más ágil, eficiente y cercana», también «ha permitido llevar a cabo la mayor creación de plazas de jueces y fiscales en un solo año», con 700.
Al respecto, han apuntado que el nuevo modelo organizativo implementado con la ley es «más moderno y eficiente», porque elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios para sustituirlos por tribunales de instancia, «órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única oficina judicial de apoyo técnico».
«De hecho, de 1 de enero de 2026 a 27 de marzo (antes del periodo vacacional de Semana Santa), las vistas realizadas han aumentado más de un 3% y las vistas señaladas alrededor de un 6%», han resumido.
SIN DEMORAS NI SUSPENSIONES
Las mismas fuentes han asegurado que la implementación del nuevo modelo «se ha realizado de forma progresiva, avanza sin incidencias estructurales y sin provocar demoras ni suspensiones».
Eso sí, han reconocido que se han producido incidencias «puntuales», como una adaptación desigual según cada comunidad autónoma o la cuestión de la interinidad de funcionarios, pero han indicado que se trabaja para «reducir la temporalidad», con procesos de estabilización que son «complejos».
Justicia ha defendido que era una «necesidad» modificar la organización del sistema y ha destacado que ha contado con «el consenso de gobiernos anteriores de distintos colores, asociaciones judiciales LAJs, sindicatos de funcionarios, etc».
Y ha subrayado que ha invertido 1.121 millones de euros para la implementación de la ley en esta legislatura: 192 millones en medios personales, 850 millones en digitalización y 79 millones en adaptar instalaciones.
Con todo, desde el Ministerio han enfatizado que es «una transformación que moderniza los juzgados diseñados en el siglo XIX y que permite optimizar recursos, distribuir mejor la carga de trabajo, aumentar la flexibilidad para adaptarse a las necesidades y evitar cuellos de botella e igualar los tiempos de respuesta al ciudadano».
CL11
