México y comité de la ONU chocan por desapariciones forzadas
GINEBRA – El Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED en inglés) pidió al secretario general de la organización mundial que presente a la Asamblea General la situación de las desapariciones forzadas en México, generando una reacción en contra por parte del gobierno mexicano.
En una declaración el 2 de abril en esta ciudad suiza, el CED -conformado por 10 expertos que actúan por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU- dijo recibir información con “indicios fundados” de que en México “se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad”.
Esas desapariciones han ocurrido en un contexto de “múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país”, según la información recopilada por el CED desde 2012.
En consecuencia, pidió que la Asamblea General de la ONU “considere medidas destinadas a apoyar al Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen”.
El gobierno de México rechazó la petición del CED, al que señaló de actuar con parcialidad y de no tomar en cuenta las acciones que las autoridades mexicanas han realizado para combatir la desaparición forzada de personas.
El CED “omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo, y lamentamos que haya rechazado estudiar información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución”, dijeron las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores de México en un comunicado.
Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, criticó este lunes 6 que la CED “solo consideró cuatro de los 32 Estados del territorio mexicano: Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco”.
Además, el comité de la ONU habría tomado como referencia el período de 2009 a 2017, antes de la llegada al poder de su correligionario Andrés Manuel López Obrador, presidente en el sexenio 2018-2024.
“Ya nada más eso, es suficiente para decir que no están muy exactos en el análisis que están haciendo”, señaló la mandataria.
Agregó que la definición de desaparición forzada propuesta por la CED es distinta a la establecida por la ONU, la cual “es aquella que proviene de las instituciones de algún país para desaparecer personas por motivos principalmente políticos”, por lo que “el análisis que hacen ellos queda fuera de esta descripción”.
En su texto, el CED expresó que “tomó nota de la postura de México de que muchas desapariciones en el país son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado y, por lo tanto, no deben clasificarse como desapariciones forzadas con arreglo al artículo 2 de la Convención” internacional contra ese crimen.
“Sin embargo, el Comité destacó que, en algunos de los casos denunciados, ha recibido información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia”, dice la declaración.
Además, según la Convención, “las desapariciones forzadas como crimen de lesa humanidad también pueden ser cometidas por una «organización», incluidos ciertos actores no estatales organizados, cuando «formen parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra la población civil»”.
El jurista ecuatoriano Juan Albán-Alencastro, presidente del CED, expresó que “el derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno”.
“Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”, puntualizó Albán-Alencastro.
El CED citó “el continuo hallazgo de fosas clandestinas” en el país, pues se habrían encontrado más de 4500 fosas con más de 6200 cadáveres y 4600 restos humanos.
Por todo ello, el comité solicitó que se presente el caso a la Asamblea General para que considere medidas de cooperación que el país requiere para la operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva de las desapariciones forzadas y de los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado.
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