Expertos y promotores de derechos advierten sobre una crisis de violencia obstétrica

BRATISLAVA – Gobiernos y profesionales de la salud deben implementar cambios sistemáticos para hacer frente a una “crisis” de violencia obstétrica (VO) en la región transcontinental de Europa Oriental y Asia Central (EOAC), afirmaron expertos y defensores de los derechos humanos consultados por IPS.

El llamado se produce después de que el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) publicara el 12 de marzo un informe que detalla cómo las mujeres sufren malos tratos generalizados durante el parto en la región.

“Este informe es una llamada de atención. Todas las partes interesadas deben garantizar que los derechos de las mujeres sean respetados y protegidos en todos los establecimientos del sistema de salud y más allá”, dijo a IPS Tamar Khomasuridze, asesora de salud sexual y reproductiva del UNFPA para Europa Oriental y Asia Central.

El informe, titulado «Atención respetuosa en la maternidad: experiencias y perspectivas de las mujeres en Europa Oriental y Asia Central», destaca lo que el UNFPA calificó como una “crisis generalizada, aunque a menudo oculta, de OV que viola los derechos humanos fundamentales y la dignidad de las mujeres”.

La encuesta, basada en respuestas en línea de más de 2600 mujeres que dieron a luz recientemente y realizada en 16 países y territorios de la región, también conocida como Eurasia, reveló que 67 % de las encuestadas reportó al menos una forma de maltrato, incluidos procedimientos médicos sin consentimiento, abuso verbal y físico, y graves vulneraciones de la privacidad.

Casi la mitad (48,1 %) de las mujeres se sometió a procedimientos obstétricos, como episiotomías, cesáreas o la administración de oxitocina, sin su consentimiento informado.

Mientras tanto, alrededor de 24 % de las mujeres encuestadas informó haber sufrido abuso verbal, incluidos gritos y humillaciones, y uno de cada 10 soportó abuso físico o sexual durante el trabajo de parto o en exámenes ginecológicos.

Por ejemplo, 12 % de las encuestadas indicó haber sido inmovilizada físicamente durante el parto, como ser atadas a la cama o sometidas a contacto físico agresivo bajo el pretexto de facilitar el alumbramiento. Poco más de 10 % experimentó distintas formas de abuso sexual, desde tocamientos inapropiados hasta formas más graves de agresión (manipulación irrespetuosa de los genitales).

La encuesta también reveló una enorme falta de conciencia sobre la VO entre las mujeres de la región: casi 54 % de las encuestadas afirmó no estar familiarizada con el término “violencia obstétrica”. Y entre quienes sabían que habían sido víctimas, muy pocas denunciaron los hechos: solo 2 % de las mujeres maltratadas presentó una denuncia formal, a menudo debido a la falta de confianza en los mecanismos de rendición de cuentas o al temor a represalias.

La investigación previa sobre el alcance de la VO en la región es limitada y los expertos señalan que es difícil evaluar si la situación ha cambiado en los últimos años.

Pero activistas sostienen que el informe subraya que sigue siendo un problema grave.

“La violencia obstétrica siempre existió, pero durante mucho tiempo permaneció invisible, normalizada e integrada en lo que se percibía como ‘práctica médica estándar’», dijo a IPS Alina Andronache, experta en políticas públicas de género del Centro de Asociación para el Desarrollo en Moldavia, quien colaboró en la elaboración del informe del UNFPA.

Puntualizó que «el cambio más importante de la última década no necesariamente está en la prevalencia del fenómeno, sin, dijo o en su mayor visibilidad a nivel público, jurídico e institucional, incluida su incorporación en la agenda global de derechos humanos y salud pública”.

“El informe presenta un panorama mixto: el reconocimiento y la visibilidad del fenómeno están aumentando, pero la prevalencia de experiencias de abuso, coerción y falta de consentimiento sigue siendo alarmantemente alta”, añadió.

Activistas de derechos señalan que el fenómeno está estrechamente vinculado con actitudes más amplias hacia las mujeres en la región.

“El informe muestra claramente que la violencia obstétrica no es solo un problema de prácticas médicas inadecuadas, sino que está profundamente arraigada en estructuras sociales y culturales más amplias —en particular la discriminación de género, los desequilibrios de poder entre pacientes y personal médico, las jerarquías institucionales rígidas y normas que socializan a las mujeres para aceptar la autoridad sin cuestionarla, incluso en contextos altamente íntimos y vulnerables como el parto”, explicó Andronache.

Destacó el hallazgo de que 58,4 % de las encuestadas cree que una madre debe aceptar cualquier intervención en beneficio del niño, incluso si puede perjudicarla, mientras que 19,6 % considera que los médicos pueden tomar decisiones sin el consentimiento de la mujer para proteger al niño.

“Estas percepciones reflejan una profunda internalización de la idea de que la autonomía corporal de las mujeres puede suspenderse durante el parto en favor de una autoridad médica percibida como incuestionable.», dijo Andronache

Detalló que «esta internalización tiene dos consecuencias principales: legitima prácticas abusivas o coercitivas, que dejan de percibirse como violaciones de derechos y pasan a considerarse intervenciones ‘necesarias’ o ‘médicamente justificadas’, y contribuye directamente a la falta de denuncias y a la dificultad de reconocer la violencia obstétrica como tal».

«Si las mujeres son socializadas para creer que no tienen derecho a negarse, a hacer preguntas o a negociar intervenciones, entonces sus experiencias no se identifican necesariamente como abuso, sino como una parte ‘normal’ del parto”, explicó.

El informe incluye un llamado a la acción que establece medidas clave para abordar los problemas sistémicos de la VO en los países de EOAC.

Entre ellas se encuentran legislación para proteger a las mujeres contra la VO; formación centrada en los derechos humanos para todo el personal sanitario a fin de transformar las actitudes clínicas y garantizar la dignidad en la atención, así como la implementación de mecanismos de monitoreo y otras medidas para asegurar la rendición de cuentas; y el fortalecimiento de la educación y la sensibilización sobre la VO.

El UNFPA señala que su llamado a la acción fue respaldado por todos los países incluidos en la encuesta y otros actores, y que formará parte de los planes de acción nacionales sobre VO.

Sin embargo, no está claro cuán fácil será lograr cambios significativos, especialmente en una región donde algunos países tienen culturas sociales muy conservadoras y problemas más amplios en materia de derechos de las mujeres.

El informe mostró que, entre las encuestadas de países de Asia Central, como Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán, alrededor de dos tercios de las mujeres desconocían la VO. Según el informe, esto se debe en parte a normas tradicionales en torno al rol de las mujeres y el parto, que pueden hacer que sean menos proclives a hablar sobre el abuso obstétrico.

Khomasuridze admitió que existen “por supuesto sensibilidades en distintos países” de la región, pero se mostró confiada en que, con la ayuda de diversos actores, incluidos organizaciones de la sociedad civil, grupos de derechos de las mujeres y asociaciones de pacientes, se implementarán cambios.

Andronache acotó que en los países donde predominan políticas conservadoras y actitudes sociales arraigadas, es crucial que “el mensaje se adapte al contexto”.

“En sociedades más conservadoras, el enfoque no debe percibirse como confrontativo o ideológico, sino enmarcarse como una cuestión de seguridad, dignidad y calidad de la atención tanto para la madre como para el niño. Hacer hincapié en la salud, el respeto y la comunicación puede ser más fácilmente aceptado que un discurso centrado exclusivamente en los derechos”, afirmó.

Añadió que es fundamental que las mujeres sean informadas sobre la VO durante su interacción con el sistema de salud: los cursos prenatales deberían ser accesibles e incluir, junto con la información médica, explicaciones claras sobre los derechos de las mujeres, el consentimiento informado y lo que implica una atención respetuosa.

Mientras tanto, la información debe llegar a quienes más la necesitan, especialmente en zonas rurales y comunidades con menor acceso a la educación.

“Esto requiere mensajes simples, en lenguajes accesibles y a través de canales en los que las mujeres ya confían, incluidos proveedores de salud, líderes comunitarios u otras mujeres que compartan sus experiencias”, dijo Andronache.

Y añadió: “La concienciación no se construye solo mediante la difusión de información, sino también creando un espacio en el que las mujeres se sientan capaces de hacer preguntas, entender lo que les sucede y reconocer cuándo no se respetan sus derechos”.

Sin embargo, incluso en lugares donde hay mayor conciencia, persisten problemas graves de VO.

El estudio encontró que la conciencia sobre la VO es mayor en países de Europa Oriental, en parte porque las iniciativas de defensa de los derechos de las mujeres durante el parto han contribuido a aumentar la visibilidad del problema. Sin embargo, la VO está muy extendida en algunos de estos Estados.

En la encuesta, las tasas más altas de insatisfacción con la experiencia de parto se registraron entre encuestadas de los Balcanes Occidentales (Albania, Serbia y Kosovo).

En 2022, un estudio realizado por abogados en Serbia concluyó que las mujeres en el país son sometidas regularmente a diversas formas de violencia en clínicas de maternidad y hospitales, incluidos no solo abusos verbales y humillaciones por parte del personal, sino también exámenes físicos violentos y procedimientos invasivos sin consentimiento.

En enero de 2024, Marica Mihajlovic, una mujer romaní, denunció que durante el parto su médico saltó sobre su abdomen, la golpeó y la insultó con expresiones racistas. Su bebé murió poco después de nacer.

Un informe de 2023 sobre la VO en Moldavia incluyó testimonios de decenas de víctimas, algunas de las cuales quedaron con graves secuelas físicas y de salud mental.

Además de tener que enfrentar los daños físicos y psicológicos de estas experiencias, las víctimas de VO en la región suelen encontrar importantes obstáculos para obtener reparación.

“Las mujeres que son conscientes de la violencia obstétrica y desean actuar se encuentran, en la práctica, con una forma de distancia, no solo física, sino también emocional e institucional. En teoría, los mecanismos de denuncia deberían estar ‘al alcance’: ser fáciles de entender, accesibles y seguros. En la práctica, en muchos países esta distancia es demasiado grande”, explicó Andronache.

Señaló que muchas mujeres que quieren denunciar enfrentan sistemas complejos y burocráticos. También se ven desalentadas por la sensación de que denunciar no cambiará nada o, peor aún, “que se las pondrá en la posición de tener que demostrar su sufrimiento, ser cuestionadas o incluso invalidadas”.

“En ausencia de mecanismos claros y creíbles de rendición de cuentas, denunciar no se percibe como una solución, sino como un proceso largo, incierto y emocionalmente desgastante”, afirmó.

Algunas también encuentran que, tras una experiencia difícil o traumática, simplemente no cuentan con los recursos emocionales para iniciar un proceso formal. “Buscan calma, recuperación y la posibilidad de cuidar a su hijo. La pregunta ‘¿vale la pena pasar por esto?’ se vuelve muy real”, dijo Andronache.

Si bien el informe identifica la magnitud de la crisis de OV en la región y los cambios necesarios para revertirla, o al menos reducirla, no se espera que haya mejoras sustanciales de la noche a la mañana, independientemente del grado de compromiso de los gobiernos con las recomendaciones del UNFPA.

“Algunos cambios pueden implementarse relativamente rápido. Por ejemplo, establecer mecanismos de denuncia claros y accesibles, informar a las mujeres, introducir procedimientos más transparentes o brindar formación básica al personal médico. Estos dependen en gran medida de la voluntad política y la capacidad organizativa y pueden lograrse en un plazo relativamente corto», afirmó Andronache.

Y añadió: “Sin embargo, el aspecto más difícil es la transformación de las mentalidades, tanto dentro del sistema médico como en la sociedad en general. Una transformación profunda hacia un sistema en el que las mujeres se sientan seguras para hablar y que responda con responsabilidad y respeto es un proceso a largo plazo que puede llevar una década o más. En esencia, se trata de un cambio cultural, no solo normativo”.

Khomasuridze coincidió.

“Nosotros y nuestros socios tenemos un largo camino por recorrer. El progreso depende de la acción a nivel nacional y estamos muy bien posicionados en los países de EECA para acelerar los avances, trabajando con gobiernos, asociaciones profesionales, organizaciones de la sociedad civil, grupos de mujeres y asociaciones de pacientes para garantizar que esta agenda transformadora se implemente”, afirmó.

T: GM / ED: EG

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