El juez suma un presunto fraude fiscal de 88 millones al empresario que pagó 100.000 euros a ‘Alvise’
MADRID 6 Abr. –
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha atribuido un presunto fraude fiscal de 88 millones de euros al empresario que dio 100.000 euros al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, Álvaro Romillo, que se une a otros delitos por los que se encuentra procesado como presunto cabecilla del entramado que ideó la supuesta estafa piramidal cometida a través de la plataforma de criptomonedas Madeira Invest Club (MIC).
Según un auto al que ha tenido acceso Agencias, el juez instructor entiende que hay «indicios racionales y suficientes» de que Romillo «habría llevado a cabo una conducta defraudatoria».
Y precisa que habría sido en los ejercicios 2023 y 2024, «tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como en el Impuesto sobre el Patrimonio, mediante la omisión de ingresos reales que reflejan su verdadera capacidad económica».
Calama indica que las cuotas supuestamente defraudadas del IRPF ascenderían a 30.720.005,18 euros en 2023 y 49.117.091,37 euros en 2024, mientras que del Impuesto sobre el Patrimonio se estiman en 2.247.336,80 euros en 2023 y 6.068.774,76 en 2024.
A su juicio, «concurren los elementos subjetivos del delito, en tanto la conducta descrita revela la existencia de dolo defraudatorio».
Habría consistido –indica– en «la voluntad consciente de ocultar ingresos y eludir el pago de las obligaciones tributarias, sin que los hechos puedan explicarse por un mero error contable, discrepancia interpretativa o negligencia, supuestos que carecen de relevancia penal».
EL JUEZ MANTIENE A ROMILLO EN PRISIÓN PROVISIONAL
El juez también acuerda mantener todas las medidas cautelares acordadas para los procesados –Romillo y nueve personas más–, al no apreciar circunstancias para modificarlas.
Respecto al empresario, alias ‘CryptoSpain’ y que se encuentra en prisión provisional desde el pasado noviembre por esta causa, mantiene esa medida para «evitar el riesgo de fuga y de reiteración delictiva», añadiendo que «el escaso tiempo transcurrido desde su adopción, apenas un mes, no determina por sí solo cambio alguno».
Calama subraya que un informe de Hacienda es la «única diligencia de investigación practicada que supone la modificación de los hechos expresados» en el auto de procesamiento del pasado diciembre, que apreciaba presuntos delitos masa de estafa y organización criminal, a los que ahora añade el de contra la Hacienda Pública.
En dicha resolución, el magistrado calificó a Romillo como presunto cabecilla del entramado de la supuesta estafa piramidal a través de la plataforma de inversión en criptomonedas.
Fue entonces cuando acordó el procesamiento de los diez procesados y les impuso una fianza solidaria por una cantidad superior a los 247 millones de euros. Les procesó por estafar presuntamente más de 185 millones, entre enero de 2023 y septiembre de 2024, a 3.062 inversores, entre ellos representados por Aránguez Abogados.
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