Abogacía reclama un criterio para las costas procesales y avisa de que la vida profesional del abogado se ha complicado
MADRID, 3 Abr. (Agencias) –
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha solicitado que se establezcan criterios para regular las costas procesales, al tiempo que ha advertido de que la «calidad de vida profesional» de los abogados «se ha complicado» tras las últimas reformas en la justicia.
Durante una entrevista con Europa Press, González ha reivindicado la labor de los abogados como la profesión que permite «que la sociedad conviva» y que ofrece los «mecanismos de resolución de conflictos».
No obstante, ha asegurado que la labor de los letrados «se ha complicado enormemente» ante el «cambio estructural» que suponen la implementación de reformas como los tribunales de instancia o los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), ideados para resolver conflictos sin necesidad de acudir a un tribunal.
«Todo lo que supone un cambio estructural en el trabajo del día a día supone un reto, una formación, una adaptación al nuevo medio y la Abogacía está haciendo un esfuerzo extraordinario», ha apuntado González. Todo ello propicia, a su juicio, que este no sea «el momento más fácil, el momento menos exigente».
De hecho, en lo que respecta a los MASC, el presidente de la Abogacía ha indicado que no tienen datos porque «no se registran los acuerdos alcanzados» y, por tanto, no pueden «valorar el impacto» de la medida.
EN BUSCA DE UN SISTEMA «SOSTENIBLE»
Lo que sí es importante, ha añadido, es que «el sistema tiene que ser sostenible», lo que requiere que «los despachos de los abogados solucionen conflictos antes de llegar a la vía judicial», un proceso que ha sido, según ha señalado, «el que tradicionalmente se estaba llevando a cabo por la Abogacía».
«Si hay nuevos mecanismos como la conciliación que se está impulsando, como la mediación, como tantos otros, bienvenidos sean en la medida en la que esto nos permita dar la mejor solución a nuestros clientes, a la ciudadanía y que también haga que esa convivencia deseable sea más fácil, más dinámica, a través de una resolución pronta de los conflictos», ha abundado.
Y en lo que respecta a los tribunales de instancia, que han sustituido a los juzgados unipersonales con el objetivo de gestionar mejor los recursos, González ha apuntado a «disfunciones» que se «acentúan con la falta de expediente judicial».
Según el presidente de la Abogacía, la reforma prevé que «el profesional pueda acceder al expediente no físicamente, sino telemáticamente», algo que «no siempre es posible por disfunciones de la tecnología implantada en los juzgados».
LA TUTELA JUDICIAL, «EN CRISIS»
González viene lamentando en los últimos meses que el derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra «gravemente erosionado» por la falta de unos criterios de fijación de costas en las sentencias.
Preguntado por este extremo, el presidente de la Abogacía ha insistido en su consideración y ha manifestado que la tutela judicial efectiva está «en crisis» porque los abogados «no pueden informar con una mínima certeza» de a cuánto podrían ascender las costas procesales ante la falta de unos criterios homogéneos.
«El momento en el que estamos ahora es un momento de extrema gravedad, que hemos trasladado al Ministerio, que hemos trasladado al Poder Judicial, que hemos trasladado a todos los actores, porque lo que está pasando hoy en España es que se ha debilitado el derecho a defensa y con ello la tutela judicial efectiva», ha expuesto.
Así, ha reivindicado que la Ley Orgánica del Derecho a la Defensa «regula las costas como parte del derecho del ciudadano», lo que «impone al abogado la obligación de informar sobre lo que va a cobrar y qué otros costes adyacentes tiene el procedimiento».
Esta situación «está vedando el acceso a la justicia a muchos ciudadanos», ha lamentado González, para advertir de que «no pasa en ningún país» del entorno.
Para el presidente de la Abogacía «es de una gravedad extraordinaria» que «no sepa un ciudadano cuáles son las consecuencias», en este caso económicas, «de iniciar un procedimiento para resolver un conflicto», algo que considera «inaudito».
Por ello, ha llamado a buscar una solución, «la que sea», porque lo que está ocurriendo «es que se está minando» la tutela judicial efectiva. «Y es un derecho fundamental», ha remachado.
PIDE MEJORAS EN LA «RETRIBUCIÓN Y CONSIDERACIÓN» DEL TURNO DE OFICIO
González ha reclamado también que se mejore la «retribución» y «consideración» de los abogados del turno de oficio, pues están «asumiendo una buena parte de ese servicio público que está recogido en la Constitución y que permite que todos los ciudadanos, con independencia de su situación económica, puedan acceder a la justicia».
Ante las reivindicaciones de los letrados de oficio para que mejoren sus condiciones laborales, González ha recordado que este año se cumplen 30 de la aprobación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que regula esta figura.
Sin embargo, González ha señalado algunas deficiencias, como que «no prevé la actualización» salarial ni tampoco «el pago de todas las actuaciones» que hacen los letrados de oficio. Y ha proclamado que la justicia gratuita «es una responsabilidad de la Administración, que tiene que asumir el coste real que tiene».
Así las cosas considera que «es el momento de ir a una conceptualización del servicio que dan los abogados de oficio, del servicio que tiene que dar el Estado y las comunidades autónomas con transferencia al ciudadano».
Y ha avanzado que la Abogacía Española está manteniendo conversaciones con representantes del resto de actores jurídicos para abordar esta cuestión: «Queremos hablar con quienes tienen voz para opinar, para proponer cambios a ese proyecto del Ministerio y nos parece fundamental que escuchen a la Abogacía y que abramos ese canal para esa tramitación, ese debate parlamentario sobre lo que tiene que ser la nueva ley de justicia gratuita».
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