El 41% de los hogares con menos ingresos necesitan reformas para mejorar su eficiencia energética, según EAPN
MADRID, 3 Abr. Diario Dia –
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN España) alerta de que el 41% de los hogares con menores ingresos en España necesita mejorar la eficiencia energética de su vivienda frente al 25,3% de los hogares con mayor renta, según los módulos sobre salud, energía y medio ambiente de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2025, publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En materia de vivienda, la EAPN ha explicado que el principal obstáculo para acometer mejoras de eficiencia energética es el coste económico. Según afirma, el 76,2% de los propietarios lo señala como «muy caro», porcentaje que asciende hasta el 83,8% entre los hogares con menos ingresos.
La EAPN ha vinculado estos datos con la evolución de la pobreza energética. Según el avance de resultados de su XVI Informe El Estado de la Pobreza, la población que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno ha pasado del 7,6% en 2019 hasta el 15,9%, alcanzando los 7,8 millones de personas, en 2025, un incremento del 110% en seis años.
El director de EAPN España, José Javier López, ha señalado que «quienes menos tienen, son también quienes viven en peores condiciones, con más dificultades para mejorar su situación». La organización ha instado a garantizar que las ayudas a la rehabilitación lleguen de forma efectiva a los hogares en situación de mayor vulnerabilidad, que son quienes presentan «mayores necesidades de mejora» de la eficiencia y están «más expuestos» a la pobreza energética.
Por otra parte, la EAPN ha pedido un sistema de transporte «adecuado, asequible y eficiente» que garantice la cobertura territorial para los colectivos más vulnerables. La encuesta refleja que casi cuatro de cada diez hogares con menores ingresos no disponen de vehículo, frente a uno de cada diez en los de mayor renta. Las personas con menos recursos recurren en mayor medida al transporte público –el 29,6% frente al 25,4% de la población total- y a los desplazamientos a pie -el 22% frente al 16,3%–. En municipios pequeños, el uso del coche alcanza el 73,5% debido a la escasez de alternativas.
RECLAMA LA APROBACIÓN DEL PLAN SOCIAL PARA EL CLIMA
López ha apuntado además a la «oportunidad» que ofrece la aprobación del Plan Social para el Clima –actualmente en elaboración– para «apostar por una transición ecosocial» que mejore las condiciones de vida del conjunto de la población «siempre que incorpore de forma central la lucha contra la pobreza y la desigualdad».
La organización ha instado a avanzar «de manera urgente» en la aprobación de este plan como instrumento para proteger a los hogares vulnerables ante el aumento del coste de los combustibles fósiles durante la transición energética.
En el ámbito de la salud, la EAPN advierte de que los gastos sanitarios suponen una carga creciente para los hogares con menos recursos y que, según los datos del INE, «las desigualdades se evidencian en el acceso a servicios sanitarios con cobertura pública limitada» como especialistas o dentistas.
En este sentido, desde EAPN España han subrayado «la necesidad de reforzar la sanidad pública para garantizar el derecho efectivo a la salud, asegurando el acceso a especialistas y a la salud bucodental, especialmente para las familias en riesgo de pobreza y/o exclusión social».
EAPN España ha enmarcado estos datos en el contexto del fin del denominado Escudo Social, cuya renovación fue rechazada en el pleno del Congreso el pasado 26 de febrero. La organización ha valorado positivamente los dos decretos anticrisis aprobados por el Gobierno en materia de energía y vivienda, pero ha mostrado «especial preocupación» por la falta de ayudas directas a familias vulnerables ante el aumento de la inflación y el previsible rechazo al real decreto-ley que incorpora medidas en materia de vivienda.
La Red ha pedido «altura de miras» a todas las fuerzas parlamentarias para convalidar el decreto de vivienda y ha reclamado retomar las medidas del Escudo Social incorporándolas como estructurales en el Pacto Estatal de Lucha contra la Pobreza –paralizado en la Cámara Baja–, junto a políticas de transición ecosocial, una fiscalidad justa, la garantía del derecho a la vivienda y la aprobación urgente de la prestación universal por crianza.
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