La regularización extraordinaria de migrantes, pendiente del dictamen del Consejo de Estado
MADRID 1 Abr. Diario Dia –
El real decreto para la regularización extraordinaria de medio millón de personas migrantes en España se encuentra pendiente del dictamen del Consejo de Estado, que tiene hasta dos meses para emitirlo, aunque esto no significa que vaya a agotar este plazo, según han precisado fuentes del órgano consultivo a los medios.
Una vez cuenten con el dictamen del Consejo de Estado, el real decreto deberá ser aprobado en Consejo de Ministros y, posteriormente, deberá ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El proceso estará abierto hasta el 30 de junio de 2026 y, según ha asegurado este miércoles la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, «habrá tiempo suficiente para que todos los que cumplan los requisitos» puedan beneficiarse del proceso. «Calendario previsto y mensaje de tranquilidad», ha argumentado la portavoz el Ejecutivo en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de enero iniciar el trámite de urgencia para llevar a cabo esta regularización extraordinaria, tras un pacto entre PSOE y Podemos. El proyecto de real decreto modifica el Reglamento de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de las personas extranjeras en España.
El texto retoma el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración en el Congreso en 2004 por todos los grupos parlamentarios menos Vox, pero que ha permanecido bloqueada.
El proceso está dirigido a todas las personas extranjeras que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que acrediten haber permanecido al menos cinco meses de forma continuada en España. En el caso de los solicitantes de protección internacional, bastará con que dicha solicitud se hubiera presentado antes del 31 de diciembre de 2025 y se pueda acreditar.
Otro de los requisitos será no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público, según informó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Está previsto que las solicitudes se pudieran empezar a presentar a principios de abril, una vez cumplidos los trámites preceptivos de la tramitación del Real Decreto.
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